Centro 11: Calleri respondió informe y “se subió al ring”

La polémica por la adjudicación del bar saludable en Centro 11 no terminó en el último informe anual en el Concejo con los cruces entre concejales opositores y funcionarios municipales. Calleri respondió por escrito ante el pedido de informe del bloque JpRC y acusó a la primera minoría de “formular falsas denuncias públicamente” tras exponer que no existiría tal irregularidad. El secretario, fuera de su “zona de confort”.

Por Julieta Fernández

Agustín Calleri, Gonzalo Parodi y Carlos Ordóñez

Aún restaba un “round” en la acalorada discusión que tuvo lugar en el Concejo Deliberante la semana pasada. El secretario de Deportes y Turismo, Agustín Calleri, se había comprometido a responder por escrito al pedido de informes de la primera minoría fundamentado en la ordenanza de acceso a la información pública. “Todavía estoy a tiempo de contestar ese informe”, había advertido el funcionario cuando el bloque opositor le cuestionó porque aún no habían recibido una respuesta formal Finalmente, el escrito llegó y no se limitó a justificaciones de índole técnica sobre la adjudicación de la obra en el espacio deportivo.

Luego de la maratónica jornada en el recinto legislativo, parecía que “todo estaba dicho” respecto de la polémica por el bar saludable en Centro 11. Casi como si se tratara de una cuestión subjetiva en la cual la oposición consideraba que había una mala administración de parte del área pero el oficialismo aseguraba que no era así, bajo el argumento de que no se incumplió con lo que plantea el estatuto de las fundaciones de Estado local (que permite hacer contrataciones de manera directa, sin necesidad de llamar a concurso o licitación).

Fuera de la “zona de confort”

No es la primera vez que el área que conduce el ex tenista es cuestionada por el bloque opositor. A mediados de este año, los concejales de JpRC señalaron puntualmente a la cartera de Turismo (coordinada por Araceli Isla y dependiente del área de Calleri) por dudas en torno a la promoción de city tours privados. La bancada opositora aludía a un detrimento de las actividades que desarrollaba el área previamente por parte de empleados municipales y al temor de que el servicio “comience a privatizarse”. En aquel entonces, no hubo respuestas por escrito.

El informe anual que tuvo lugar en el parlamento local obligó a Calleri a salir de una especie de “zona de confort” en la cual el funcionario no acostumbraba a meterse en el barro de discusiones políticas y se movía estrictamente en el ámbito de la gestión. Antes de los cuestionamientos en el informe anual, otros dirigentes oficiaban de voceros del oficialismo (como el jefe de bloque de HpC, Guillermo Natali). El titular de Deportes evitó durante un buen tiempo salir al cruce de la oposición pero, tanto él como el subsecretario de Deportes Martín Herrera, no se “achicaron” en el intercambio que se produjo en el Concejo (aunque Herrera fue quien respondió de manera más directa a la mayoría de los planteos opositores).

La respuesta al pedido de informe era una materia pendiente luego de la “prueba de fuego” en la última sesión del Concejo Deliberante. Ésta llegó con fuertes acusaciones de parte del propio Calleri, quien “redobló la apuesta” e hizo alusión particularmente al concejal de JpRC, Gonzalo Parodi. “El jefe de bloque manifestó reiteradamente que yo había firmado los contratos del ‘quincho/cantina’ cuando se le explicó que estaba equivocado y los contratos los había firmado el presidente de la Fundación Deportes Río Cuarto, Martín Herrera, la secretaria Araceli Isla y el tesorero Carlos Herrero. Dijo que era un delito falsificar documentación pública y es una conclusión falsa de falsedad absoluta”, expresó Calleri. “Su práctica se torna peligrosa y en nada colabora para aclarar las situaciones que se pudieran ir planteando en un futuro”, concluyó el secretario.

Oposición reafirma su postura

La bancada opositora sostiene que, más allá de las respuestas formales de Calleri, se “reafirmaría la arbitrariedad de los funcionarios a la hora de elegir las empresas que ejecutan las obras”. Los concejales aseguraron que, a pesar de que la contratación directa no es ilegal en las fundaciones del Estado, lo “reprochable” sería la entrega de 4 millones de pesos en adelanto por mano de obra a la empresa que actualmente está ejecutando el bar saludable.“En el informe, el oficialismo reconoce que presentó formalmente el pedido de obra luego de que una de las dos empresas presentara un presupuesto. Ellos mismos reconocen que fue una ‘mera formalidad’. No se pueden manejar como un almacen y no se puede justificar una mala administración con el simple argumento de que ‘no es ilegal’”, manifestó uno de los integrantes del bloque.