Por Yanina Passero
En el Concejo Deliberante de la ciudad comenzó el debate del Presupuesto, la ordenanza tarifaria y el código tributario que regirá en 2022. El abanico opositor, esta vez, no puso el foco en un tópico habitual y siempre efectivo para movilizar a la opinión pública. Los aumentos impositivos que aplicará el intendente Martín Llaryora no causaron tanto revuelo como la decisión de extender la emergencia económica y social; la sanitaria y la que rige en el servicio de transporte público.
Según se desprende del artículo 60 del compendio girado la semana pasada por el Ejecutivo, se prorrogan las ordenanzas 12 991; 13 029; y 13 043 por un ejercicio, extensible a un período más de manera automática.
La emergencia económica fue tomada por Llaryora al inicio de su mandato, en 2019; incluso, había sido anticipada en momentos donde Hacemos por Córdoba y los radicales salientes evitaban la mesa de transición en el marco del traspaso de mando. Este fue el marco legal que permitió al intendente peronista realizar los primeros ajustes en el Palacio 6 de Julio, mientras sus alfiles se encargaban de exponer en cada rincón de la ciudad detalles de la “pesada herencia”.
Como era de esperarse, el mestrismo cuestionó con dureza la decisión del nuevo oficialismo. Dijeron que la emergencia era una maniobra política, que se justificaba porque la Municipalidad no se encontraba en cesación de pagos, supuestamente había acreencias a favor, varias de ellas con la provincia, y la deuda tanto flotante como consolidada no tenía –supuestamente- incidencia en el Presupuesto.
Otros ediles de la oposición también habían sumado su rechazo por considerar que el Ejecutivo lograba “superpoderes” y podría avanzar sin venia del cuerpo legislativo en cambios laborales tanto en los activos como en los pasivos municipales, entre otras decisiones.
De nuevo en el presente, las bancadas opositoras señalaron a este medio que no hay explicaciones de peso para entender la disposición de Llaryora de terminar su mandato gobernando en el marco de la emergencia.
Esta disposición debía regir sólo por 2019 con el objetivo de verificar la deuda con los acreedores municipales.
Lo cierto es que, a días de su tratamiento en la sesión, algunos presidentes de bloque harán señalamientos al respecto, entre ellos, el referente de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el titular de Córdoba Cambia, Juan Negri.
En la oposición dan por descontado que el Ejecutivo no tiene cómo defender la prórroga y están dispuestos a que paguen el costo político. La “pesada herencia” de las administraciones anteriores no sería un argumento suficiente. Primero, porque ya pasaron dos años de gestión peronista, en la que se esperan resultados más que reproches a los antecesores, pero también porque ya fue aprobada la cuenta general del ejercicio 2019 (la última de Ramón Mestre) el pasado 4 de noviembre, con votos radicales y peronistas.
Este punto, a decir de varios de los concejales, es el talón de Aquiles del paquete que se discute en comisión y se buscará su aprobación en primera lectura la semana que viene.
