Ficha Limpia: HpC impone su propio proyecto (y los tiempos)

La iniciativa de “Idoneidad política” que empuja el oficialismo en la Legislatura plantea una diferencia sustancial con la presentada por la oposición: impide las candidaturas de personas pero con condena firme.

Yanina Soria

Abierto el debate por Ficha Limpia en la Legislatura de Córdoba, la bancada oficialista empuja su propia iniciativa basada en una diferencia que, a priori, suena insalvable respecto al proyecto presentado por todo el arco opositor (con excepción de la Izquierda).

El texto de Hacemos por Córdoba que impulsa Juan Manuel Cid difiere al que lleva la firma del radical Marcelo Cossar y otros 16 parlamentarios más, en un punto clave: el primero pretende impedir las candidaturas a cargos electivos y partidarios de “personas condenadas a penas privativas de la libertad con sentencia firme, por determinados tipos de delitos”; mientras que el segundo propone que se aplique sobre personas condenadas “aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso de distintos delitos”.

Precisamente esa discrepancia es la que anticipa un debate político caliente, más aún cuando el presidente de Juntos UCR, con críticas al oficialismo, ya anticipó que no apoyará ningún cambio.

No hay punto de encuentro con el proyecto de Hacemos por Córdoba. Nosotros presentamos Ficha Limpia en septiembre del año pasado y tuvimos que volver a hacerlo este año para abrir la discusión. Tenemos que responder al pedido de la ciudadanía de una mayor ejemplaridad de la clase política” dijo el Cossar destacando las leyes ya aprobadas en Mendoza, Salta y Brasil.

Por su parte, desde el bloque mayoritario, el legislador Franco Miranda aclaró que todos coinciden en el diagnóstico del problema, pero no en la solución “que es desmesurada” ya que el texto de Ficha Limpia, tal cual está, “avasalla derechos constitucionales”.

El proyecto presentado del legislador Cid apela a la idoneidad política que no exige la sentencia firme. La Constitución de Córdoba ya marca las inhabilidades para ser legisladores o ser funcionario político. La propuesta opositora es tribunera y proscriptiva sino se exige la sentencia firme”, razonó.

La cuestión de los tiempos legislativos para la sanción de la norma también genera chispazos. Por ahora, ambos proyectos se debaten en comisión por donde están pasando distintos especialistas y, mientras que para prácticamente todo el arco opositor Ficha Limpia debería ser prioridad en el tratamiento parlamentario de este año, desde el oficialismo aseguran que hay otros proyectos prioritarios y anticipan pasar la discusión final y aprobación para el 2022.

Para los peronistas, cualquier cosa es más importante que frenar la corrupción. Hay tiempo para tratar cualquier proyecto pero no para el de Ficha Limpia. En lo que a mí respecta, haré todo lo humanamente posible para que este mismo año se convierta en ley”, agregó Cossar quien realiza una movida para juntar medio millón de firmas en Córdoba a favor de la iniciativa.

En comisión

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General iniciaron la discusión hace unos días.

La propuesta de sumar el requisito de Ficha Limpia al Código Electoral Provincial es, técnicamente, la incorporación del artículo 49 bis a la Ley 9571 prohibiendo la candidatura de personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso de distintos delitos.

El proyecto inicial especifica los delitos establecidos en el Código Penal en los que no podrán incurrir las personas que quieran ser candidatos: cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública, delitos contra la seguridad de la Nación, contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y contra la libertad.

Y, además, el texto aclara que “la inhabilitación se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

Asimismo, establece que los partidos políticos o las alianzas electorales deberán exigir a quienes integren sus listas para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales, tanto en las elecciones primarias como en las generales.