Impuesto a envases: Ambiente sólo asiste al 3% de los municipios del país

La ley que se impulsa apunta a crear un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER) que se financiará con una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) manejada desde el Ministerio de Ambiente nacional.

Hay un nuevo debate por el aumento de un impuesto; el proyecto de ley de envases crea un nuevo tributo para que el Ministerio de Ambiente de la Nación intervenga en la gestión de residuos. Todos los sectores empresarios y la oposición rechazan la nueva carga. Pero, además, un informe de la consultora Idesa lo califica de inconstitucional.

El oficialismo rechaza que sea más presión impositiva. Daniela Vilar, del bloque del FdT, explicó que “la ley incorpora el principio de responsabilidad de los productores” y apuntó contra el sector industrial al afirmar que “las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado”.

La gestión de los residuos en cada ciudad o pueblo es responsabilidad de los municipios. Comprende las tareas de barrido, limpieza, recolección, reciclado y deposición de los residuos. A los fines de preservar el medio ambiente es necesario que cada una de las municipalidades modernicen sus sistemas de gestión de residuos apuntando a potenciar mecanismos de reducción, reutilización y reciclaje.

La ley que se impulsa apunta a crear un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER) que se financiará con una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) manejada desde el Ministerio de Ambiente nacional. La tasa se fijará por kilo de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. El Ministerio de Ambiente se erige en el coordinador de los Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases de todo el territorio nacional. Estos serán los municipios y las organizaciones de trabajadores del reciclado.

¿Cuáles son las posibilidades de que un organismo nacional haga una gestión eficiente de los residuos en todos los municipios del país? Para responder a este interrogante sirven algunos datos oficiales. Según el Ministerio de Economía se observa que en la Argentina hay unos 2.170 municipios; Ambiente de la Nación asiste financieramente con un programa nacional a 70 de estos municipios, es decir al tres por ciento del total.

Para Idesa estos datos muestran que la propuesta de gestionar los residuos en todos los municipios del país desde un organismo nacional es “descabellada”. El alcance marginal que actualmente tiene Ambiente de la Nación en los municipios es lógico y previsible. Es imposible manejar desde una oficina en la Capital todos los municipios del país.

Para la consultora lo más “grave” es que el proyecto plantea crear un nuevo impuesto para que el Gobierno nacional se arrogue funciones locales que tiene expresamente vedadas por la Constitución Nacional. El Artículo 5° de la Constitución no deja dudas al establecer que “Cada provincia dictará para sí una Constitución … que asegure su régimen municipal…”. En este sentido, dice Idesa, el proyecto entra en abierta violación de la Constitución.

El avance de intervenciones nacionales sobre funciones provinciales y municipales no es “original”. Es la lógica que inspira a los Ministerios nacionales de Educación, Salud, Desarrollo Social, y el de Hábitat.

El mismo artículo 5° de la Constitución que veda la intervención nacional en la organización municipal, también señala que la educación básica es responsabilidad de las provincias. Sin embargo, el Ministerio de Educación se dedica a “ayudar” con programas nacionales a las escuelas provinciales.

Todas las provincias en sus Constituciones establecen que ellas serán las responsables por la salud pública. Pero el Ministerio de Salud nacional “ayuda” con programas nacionales a los centros de salud y hospitales públicos provinciales y municipales. Lo mismo sucede con el Ministerio de Desarrollo Social atendiendo población vulnerable y el Ministerio de Hábitat haciendo algunas viviendas en algunas ciudades.

“La apropiación del Gobierno nacional de impuestos para invadir responsabilidades provinciales y municipales es una de las causas de la decadencia argentina. Este accionar aumenta el déficit fiscal pero fundamentalmente baja la calidad de la gestión pública. La razón es que diluye las responsabilidades de las autoridades locales ante los fracasos y contamina el sistema político a través del sometimiento de voluntades usando la distribución discrecional de estas ‘ayudas’”, añade el reporte.