República o realpolitik, la interna detrás del límite a las re-re

Las limitaciones a las reelecciones indefinidas de los intendentes ponen nerviosos a propios y extraños. Por primera vez en la larga hegemonía de Unión por Córdoba y su sucesora política, el próximo turno electoral no parece definido. Ante la incertidumbre, no pocos peronistas del interior quieren quedarse sin lo ganado, una preocupación similar a la de sus homólogos bonaerenses.

Por Pablo Esteban Dávila

Si quedaba alguna duda del centralismo del gobierno de Alberto Fernández ayer fue disipada brutalmente. Mediante su portavoz Gabriela Cerruti, el presidente blanqueó que “el Gobierno está dispuesto a evaluar la alternativa” de permitir la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. Cerruti manifestó que “es algo que están trabajando los intendentes, el Gobierno escucha y va a escuchar y en algún momento se va a tomar alguna decisión”. A Fernández solo le importa lo que sucede a 40 kilómetros en derredor de la Casa Rosada.

La re-reelección de los barones del conurbano se encuentra bloqueada por una ley votada en épocas de María Eugenia Vidal. Originariamente la norma fue resistida en sordina por los mandatarios del PJ pero, en los últimos tiempos, hasta los de Juntos por el Cambio comenzaron a recelar de ella. Es lógico: nadie que ocupe un sillón tan poderoso acepta abandonarlo únicamente por pruritos republicanos.

Limitar las reelecciones indefinidas es un asunto que sienta bien a la opinión pública, pero que no parece conmover a la plana mayor del kirchnerismo, más próxima al poder plebiscitario que a las razones para limitarlo. Además, no puede soslayarse que en la supuesta remontada electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires influyó mucho la labor de los diferentes intendentes del conurbano, sumamente preocupados porque la debacle de las PASO pudiera afectar sus propios intereses territoriales. No fue tanto la solidaridad hacia el presidente la que los impulsó al trabajo, sino el terror de perder el control de sus respectivos Concejos Deliberantes.

Tal cosa les ha dado ínfulas para redoblar la presión ante la Casa Rosada para que les ayuda a poner fin a la doctrina Vidal. Fernández, desprovisto de cualquier cuota de poder genuino, observa con simpatía esta causa. Es una forma de garantizarse que tendrá alguna forma de lealtad (no completa, por supuesto) de quienes manejan la única región que parece importarle al oficialismo. Tampoco puede soslayarse que, en los últimos meses, los barones han comenzado a recelar de la influencia y autoridad de Máximo Kirchner, el príncipe heredero de la dinastía inaugurada por su padre. El actual diputado ha perdido el aura de infalibilidad que aquellos pretendían creer que tenía. Tal supuesto se les antoja ahora una fantasía voluntarista.

El presidente, debilitado como está, se entusiasma con el agostamiento de Máximo y celebra que los intendentes le imploren por algo, pero la ingeniería legal para derribar la ley bonaerense es, cuanto menos, compleja. No se advierte de como el gobierno nacional pueda legislar sobre aspectos que, en rigor, le corresponden a Axel Kicillof. ¿El aporte presidencial se limitaría a una presión sobre La Plata? ¿Kicillof no puede hacerlo por sí solo? Un DNU no podría avanzar sobre las competencias provinciales, a menos que se declare la intervención federal. Y, aunque de hecho Fernández gobierna sólo para la provincia de Buenos Aires, no existe una causa objetiva que justifique una decisión de tal envergadura.

Así pues es difícil que, si Kicillof no puede, el presidente efectivamente lo haga, a menos que exista algún mecanismo desconocido para hacer pito catalán con el orden constitucional. O bien podría suceder que, detrás de estas intenciones, se asome alguna alianza ad hoc para derogar las restricciones existentes, toda vez que estas impiden más de dos mandatos consecutivos también a concejales y legisladores provinciales. Un representante macrista, por ejemplo, podría haber considerado que la ley era absolutamente oportuna cuando transcurría su primer período y dudar sobre su pertinencia ahora que -hipotéticamente- cursa el segundo. La sensación de quedarse fuera del poder es tan fuerte que suele erosionar las convicciones más arraigadas.

Algo parecido podría suceder en Córdoba, el distrito más alejado de la agenda kirchnerista. El gobernador Schiaretti también limitó los mandatos de los intendentes mediante una reforma a la Ley Orgánica Municipal 8.102 introducida en 2016. Debido a esta modificación, hacia 2023 unos 280 estarán impedidos de buscar una re-reelección en sus pueblos o ciudades, siendo aproximadamente 150 los pertenecientes oficialismo.

Esto pone nervioso a propios y extraños. Por primera vez en la larga hegemonía de Unión por Córdoba y su sucesora política, el próximo turno electoral no parece definido. Nadie se encuentra, al menos por ahora, en capacidad de pronosticar quién será el próximo gobernador. Ante la incertidumbre, no pocos peronistas del interior quieren quedarse sin lo ganado. Es la interna entre la república o la realpolitik lo que se juega detrás de este debate.

Esto determina que, no obstante que sin la visibilidad nacional, no sean pocas las presiones que recaen sobre Schiaretti para que revise la norma vigente. ¿Por qué aceptar en un riesgo tan notorio por una causa que la sociedad no parece tener entre sus prioridades inmediatas? Después de todo -se razona en concordancia con lo dicho por Cerruti- Angela Merkel es perfectamente democrática a despecho de sus 18 años ininterrumpidos al frente de la cancillería alemana.

Claro que Schiaretti no es Fernández, aunque escuche con atención los argumentos en este sentido. Derogar una norma que él mismo hubo de establecer por razones políticas sería contradecir las credenciales republicanas con las que se empeña en diferenciarse del peronismo K. Una marcha atrás de tal envergadura sería una mancha en sus aspiraciones de liderar un espacio propio luego de su actual mandato. Además, no puede soslayarse que los límites al poder forman parte del combo que divide a los regímenes autoritarios de los democráticos, especialmente en un país como el nuestro en que la política tiene la tendencia a formar una casta autorreferente y endogámica.

En este sentido, las comparaciones con Alemania u otros tantos países europeos son desacertadas. Aquellas son latitudes con presidentes débiles y parlamentos fuertes, con votos de censura, la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y celebrar acuerdos políticos frecuentes para formar gobiernos. Mejor mirar hacia adentro y preguntarse si las reelecciones indefinidas han mejorado o empeorado la calidad institucional desde 1983 hasta la fecha. La respuesta recomendará, invariablemente, el limitarlas.