Paz y administración para la patagonia andina

La negativa presidencial a enviar asistencia a Río Negro corre al Estado de su rol primordial de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Por Javier Boher
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Hace apenas tres días se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de uno de los mayores próceres argentinos, acaso el verdadero responsable de la existencia real del país, Julio Argentino Roca. Más odiado que amado por el grueso de la gente, fue el verdadero hacedor de los ideales de la Constitución liberal de 1853.

El texto fundamental a partir del cual se edificó el país pudo materializarse a partir del dos veces presidente de la Nación, que convirtió a una hermosa declaración de principios en una gran cantidad de dispositivos administrativos para ordenar política y económicamente el territorio que gobernó. Su lema -”paz y administración”- suena más actual que nunca.

La semana arrancó con una noticia increíble. El embajador argentino ante Chile, Rafael Bielsa, intervino a favor de Facundo Jones Huala, preso en aquel país por un atentado incendiario contra una casa ocurrido hace ocho años. Aunque el embajador le bajó el tono y aseguró que se trató de un procedimiento de rutina, la instrucción del canciller es ayudar al detenido.

A lo largo de la semana se fueron conociendo más casos similares al que motiva la prisión de Jones Huala en el país trasandino. Grupos autodenominados mapuches siguen provocando incendios en instalaciones ubicadas en la provincia de Río Negro, aumentando el desgobierno existente en la región. Al furor por las tomas del año pasado le siguió la nueva moda de la piromanía ancestral mapuche.

En ese contexto de violación de la propiedad privada y amenaza de la paz y tranquilidad que siempre caracterizaron a la zona, a más de 140 años de finalizada la Campaña al Desierto que incluyó fácticamente esos territorios al mapa argentino, la imagen del general Roca se agranda.

Ayer se hizo pública una carta del presidente Alberto Fernández en la que le dice a la gobernadora de Río Negro que no es función del gobierno nacional brindar asistencia a su provincia para resolver la cuestión mapuche.

El preámbulo de la Constitución, letra muerta para buena parte de los políticos argentinos, reza en una de sus partes que el texto fundamental tiene “el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Seguramente algo de eso tenga que ver con las hordas de forajidos poniendo en jaque el orden jurídico en el sur del país.

Aunque el presidente lo rechaza, la misma ley 24.059 establece que es función de las fuerza de seguridad nacionales proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada. Si se busca un artículo específico sobre “se penará con equis cantidad de años que un grupo de jóvenes con una socialización defectuosa y complejo étnico de superioridad usurpe o incinere la propiedad de aquellos a los que considere invasores” no se va a encontrar, como tampoco hay una ley que diga que se va a castigar a los que se salten un lugar en la cola.

Hoy la patagonia andina se encuentra perdiendo lo que hizo que el Estado argentino llegue a esas tierras. El gobierno nacional acepta ceder ante las usurpaciones en terrenos de Parques Nacionales -que le pertenecen a todos los habitantes del suelo argentino-o en el predio del ejército de montaña en Bariloche -la institución que debería poder defender a los argentinos de una potencial amenaza externa-.

Es real que el gobierno provincial, con sus propias fuerzas de seguridad, debería garantizar el respeto de los derechos de todos los habitantes de Río Negro. Sin embargo, el hecho de que haya vínculos fuertes entre funcionarios nacionales y los grupos mapuches (pensemos, otra vez, en las órdenes bajadas por el Canciller Cafiero) debilita sensiblemente la probabilidad de restablecer el orden en aquellas latitudes.

Si bien Fernández enviará un pequeño refuerzo a la zona, su respuesta parece demasiado tibia o indiferente a las penurias de los habitantes de la zona. Ni hablar de lo contradictorio que suena aquello cuando es conocido el rol de refuerzo del control de la seguridad que por años han desempeñado las fuerzan nacionales en la provincia de Buenos Aires.

Toda esta desintegración del Estado, en la que el presidente es cómplice con la reedición del “que los cordobeses se cocinen en su salsa” con la que el kirchnerismo abandonó a Córdoba en el motín policial de diciembre de 2013, es el precio que el gobierno está dispuesto a pagar para mandarle un mensaje a la interna peronista. No importa cómo se quieran disputar el poder, a la posibilidad de prender fuego todo la sigue teniendo la vicepresidenta en una retorcida especie de cláusula de gobernabilidad.

La Patagonia está pidiendo algo que no es nada descabellado, que es volver a la tranquilidad que movilizó los sueños de lugar natural y apacible con los que se la vende al exterior. Para eso hace falta un gobierno nacional que ponga los recursos del Estado al servicio de los ciudadanos. Aunque parece lejos la posibilidad de que aparezca un Roca, en la patagonia se conforman con que alguien retome su legado: no quieren más que “paz y administración”.