Fernández niega a Río Negro los gendarmes que prodiga a Kicillof

No se explica por qué tantas vueltas del gobierno nacional para hacer cumplir la ley ni colaborar con las autoridades de las provincias afectadas ante el desafío supuestamente mapuche al orden constitucional. ¿O sus funcionarios creen que el indigenismo militante que martiriza la Patagonia es un revival de los montoneros y otras organizaciones armadas de los ’70 que ellos tanto admiran y veneran?

Por Pablo Esteban Dávila

¿Hay un problema mapuche en la Argentina? ¿O, en realidad, se trata de la invención de un problema mapuche fraguada por el Estado argentino? Parece una contrasentido, toda vez que los mapuches dicen negar la existencia del Estado, pero es una contradicción solo aparente. Si hay un problema, es porque el Estado nacional no supo que hacer con el asunto en los últimos diez años.

Es claro que la pretendida nación mapuche soberanista es una intelección poco seria. Entre sus integrantes los hay de todos los gustos: algunos que pueden reivindicar con algún éxito ese linaje, otros que se autoperciben como tales y tantos otros oportunistas que hacen su propio negocio detrás de la mascarada. Lo cierto es que muchas comunidades mapuches, como de las de otros pueblos originarios, han visto satisfechos muchos reclamos de años a través de la Ley ley 23302 y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sin necesidad de violencia ni de pretensiones secesionistas. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y sus franquicias son también una piedra en el zapato para ellas, de la misma manera que lo son para los vecinos de las localidades cercanas a los puntos más calientes en Río Negro y Neuquén.

Las expresiones mapuches más radicalizadas prosperaron (y, con ellas, el actual problema) porque la Nación nunca se decidió a cortar la cabeza de la Hidra cuando el asunto era un tema marginal. La toma de los predios de Villa Mascardi, la más antigua de estas usurpaciones, tendría que haberse resuelto con un desalojo in límite y ajustado a derecho. Pero los pasivos ideológicos del kirchnerismo impidieron que se reestableciese el orden cuando era posible hacerlo sin mayores complicaciones. Ante esta inacción, fue inevitable que aparecieran otras reivindicaciones pretendidamente ancestrales sobre territorios particularmente atractivos. Y, para no quedar como simples forajidos, los okupas tuvieron que generar un pastiche nacional – indigenista que justificara sus actos ilegales.

Ahora todo se desmadra, porque se han multiplicado tomas y acciones de sabotaje bajo este paraguas. Claro que en el sur nadie se come el caramelito del despojo sufrido por los antepasados de los usurpadores del presente, pero en el gobierno del Frente de Todos es una cuestión que paraliza y se asume con respeto gramsciano. No extraña, por consiguiente, que la gobernadora de Río Negro y los intendentes de las zonas afectadas requieran acciones concretas al presidente y que este, en forma inversa, se haga el tonto.

Este minué entre autoridades provinciales y nacionales tuvo en los últimos días un contrapunto que deben haber hecho las delicias de los violentos. Arabela Carrera exigió el envío de fuerzas federales para hacerse cargo de la situación y recibió, a modo de respuesta, una lección de Alberto Fernández sobre competencias y responsabilidades. A través de una carta, el presidente le señaló a la gobernadora que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”, mientras que Aníbal Fernández, a su turno, le aconsejó leer la ley de seguridad interior para comprender “que la participación de las fuerzas federales en la provincia solo está habilitada por la ley cuando hay complicaciones respecto a restituir la institucionalidad”. A estas filípicas debe sumarse el sorprendente alegato del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, a favor de la libertad condicional de Facundo Jones Huala, uno de los líderes de la RAM. Como se dice, todo un ejemplo de coherencia institucional.

Lo irónico es que la gendarmería se encuentra desplegada por todo el país, en muchos casos, para acciones mucho menos significativas que las que reclama la señora Carreras. Después de todo estas son, en esencia, una afirmación de la presencia del Estado ante sediciosos que niegan su existencia. Hay gendarmes en Rosario para enfrentar la violencia narco, otros en el conurbano bonaerense destinados a disuadir la delincuencia común y, lo que resulta más curioso, 6.000 de ellos se encuentran a las órdenes de Axel Kicillof para garantizar la seguridad de los trenes metropolitanos. ¿Porqué se le niega a Río Negro el concurso de una fuerza que se le prodiga con tanta generosidad a la principal provincia argentina? ¿Los trenes tienen que ver con la restitución de la institucionalidad, tal como proclama el ministro de seguridad?

Es como si del presidente para abajo todos estuvieran de acuerdo en que estos grupos de supuestos mapuches tienen derecho a vandalizar propiedades ajenas y tomar tierras públicas y privadas para establecer en ellas una especie de proto estado independiente a expensas del territorio de la República. Ninguno, por supuesto, reconocería explícitamente tal cosa, pero los hechos apuntan en este sentido. De lo contrario, no se explica por qué tantas vueltas para hacer cumplir la ley ni colaborar con las autoridades de las provincias afectadas ante este auténtico desafío al orden constitucional. ¿O creen que el indigenismo militante que martiriza la Patagonia es un revival de los montoneros y otras organizaciones armadas de los ’70 que ellos tanto admiran y veneran?

Pero, y aun dejando de lado estos incomprensibles complejos de culpa ideológicos, Fernández y su gabinete deberían reflexionar sobre que lo único que están logrando es dinamitar todavía más las chances electorales del Frente de Todos. En oportunidad de las PASO, en oficialismo salió tercero en Río Negro y, a la luz de los últimos sucesos, es posible que su performance se vea todavía más afectada. Se están preparando marchas en Bariloche y El Bolsón reclamando por seguridad y, en el fondo, porque el Estado ejerza su obligación de asegurar la integridad territorial del país. Es muy probable que este reclamo despierte una importante corriente de solidaridad en muchas otras localidades del país, agravando la de por sí precaria situación electoral del Frente de Todos.

Alarma la falta de autoridad de la que hace gala el gobierno nacional ante los sucesos en el sur, un déficit que lo único que ha logrado, hasta ahora, es inventar un problema político donde, en sus inicios, solo había delincuentes.