Precios: Para el schiarettismo, el congelamiento es electoralista

Cerca del gobernador provincial le bajaron el pulgar a la decision del gobierno nacional de retrotraer al 1 de octubre el precio de 1247 productos alimenticios y de limpieza y mantenerlos hasta el 7 de enero próximo. A diferencia de lo sucedido con el freno a la exportación de carne o las retenciones, hasta ahora hubo cautela declarativa en el Panal. Solaz del FDT.

Por Bettina Marengo

El gobierno de Córdoba mantuvo el silencio hasta ahora sobre la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación de congelar los precios de 1.247 productos de consumo masivo durante 90 días, pero previsiblemente la medida no fue vista con buenos ojos en el Panal, de línea económica más liberal y, además, empeñado en tomar la mayor distancia posible de la Casa Rosada.

Muy cerca del gobernador Juan Schiaretti calificaron de “electoralista” la decisión de la repartición que conduce Roberto Feletti, que retrotrae los precios al 1 de octubre y regirá hasta el 7 de enero de 2022 con el objetivo de frenar la inflación que llegó al 3,5% en septiembre y hacer más accesibles los alimentos y productos básicos a los familias.  “Busca zafar del 14 de noviembre”, sostuvieron, en relación a la necesidad del gobierno de Alberto Fernádez de desandar en las elecciones generales la derrota sufrida en las Paso.

“Esto ya fracasó muchas veces, y si no hay una convocatoria para un plan económico consensuado con la oposición y con todos los sectores que realmente deben estar involucrados, no va a servir para nada”, afirmaron los voceros, y resaltaron que la inflación no es un capítulo aislado en la “falta de rumbo económico” del gobierno.

En esta línea de crítica y diferenciación, Hacemos por Córdoba también puso en duda el llamado al diálogo social que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con anuencia de Fernandez y de la vice Cristina Kirchner, según dijo. El jefe de bloque de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, cuestionó en declaraciones al diario La Voz del Interior la “sinceridad” de la convocatoria.

El oficialismo provincial está enfocado en provincializar la elección legislativa, y por tanto suele mantenerse al margen de las medidas nacionales, salvo que involucren a los actores económicos de la provincia: las restricciones a la exportación de carne, las retenciones al agro o las modificaciones a la normativa sobre biocombustibles.

En el caso de la Resolución 1050 de Comercio Interior, el Panal no criticó aún directamente, posiblemente porque es una medida que puede generar cierta expectativa en las familias, pero quedó en línea con las empresas de la alimentación que la resisten, algunas de las cuales tienen sede o plantas en Córdoba y mantiene buen vínculo con el mandatario.

Al cierre de esta nota, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Accastello, que ayer acompañó al gobernador en el interior, no había mencionado el tema en sus redes. La Secretaría de Comercio de su cartera, a cargo de Juan Pablo Inglese, es la repartición provincial que naturalmente podría controlar, junto a los gobiernos locales, que se cumplan los precios de los listados, si mediara la decisión política. Tampoco de la Municipalidad salieron a expresar posición, pese a que entre sus funcionarios impactó y mucho el último guarismo de la pobreza en Capital y el gran Córdoba. Cabe acotar que  la Resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación instruye a la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de los Consumidores para la faena del control.

En Córdoba, las voces a favor del congelamiento de precios vinieron obviamente del  Frente de Todos y de algunos dirigentes gremiales alineados con el gobierno nacional. Los diputados cordobeses Gabriela Estévez, Pablo Carro y Eduardo Fernández coincidieron en “la importancia de defender la mesa de las familias argentinas y frenar los aumentos de precios de los alimentos” en diversos posteos de redes sociales.

En tanto, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Córdoba, Hector Morcillo, respaldó la medida. “Todo lo que tienda a proteger el poder de compra de la canasta familiar, obviamente merece nuestro apoyo y nuestra convicción de que se tiene que sentar a todos los sectores a los fines de acordar una política que proteja al ingreso de las familias más vulnerables”, indicó. “Siempre hemos sostenido que tiene que haber un acuerdo donde participe toda la cadena de elaboración, de producción, distribución y comercialización para determinar cuál es el precio al consumidor porque nadie se hace responsable de los aumentos, pero los aumentos de precios existen y cada día son mayores”, agregó Morcillo.