Amor por el terrorismo

La presencia de Bielsa en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco favoreciendo la libertad de Jones Huala parece corroborar la impresión de que el Frente de Todos trabaja por la secesión mapuche antes que por la integridad del territorio argentino.

Por Pablo Esteban Dávila

Tratándose del gobierno de los Fernández es difícil que algo sorprenda, pero la noticia de Rafael Bielsa abogando por la libertad de Facundo Jones Huala en Chile excede cualquier expectativa.

El asunto es incomprensible dondequiera se lo mire. Jones Huala cumple una condena de nueve años de prisión en el país trasandino por cargos de incendios a propiedades y tenencia de armas caseras. Fue extraditado desde la Argentina en 2018 luego de que aquí protagonizara truculentos hechos de violencia mediante su organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Tanto Jones Huala como la RAM niegan al Estado argentino y sostienen pretensiones soberanistas sobre regiones de la Patagonia que, supuestamente, les corresponderían en tanto pueblos originarios.

En la actualidad, diferentes organizaciones que se autodenominan mapuches mantienen diferentes usurpaciones en tierras públicas y privadas bajo el pretexto de constituir una nación diferente a la argentina. Los títulos que esgrimen para semejantes pretensiones son, en la mayor parte de los casos, risibles. Desde un sueño de una “machi” adolescente hasta pretensiones territoriales en Tartagal, a 2.600 kilómetros de Vila Mascardi, sede de una de las ocupaciones más prominentes.

En Chile, la actividad de la insurgencia mapuche es más intensa y de mayor antigüedad que en este lado de la cordillera de los Andes. En la Araucanía -la región en donde se verifican los episodios más violentos- el estado de tensión entre estos grupos y los pobladores de la zona es permanente, al punto tal de que el poder político ha reconocido, sin vueltas, que el Estado se encuentra frente a un auténtico desafío de su autoridad constitucional.

Debido a que los territorios supuestamente mapuches no reconocen entre límites nacionales, este desafío debería ser tomado con la máxima seriedad en Buenos Aires. Aunque las actividades y pretensiones de la RAM y de sus seguidores locales son bastante más chapuceras que la de sus colegas trasandinos, la ramplonería también puede tener consecuencias muy graves. El escenario sugiere, desde hace ya un buen tiempo, que los poderes públicos deberían actual coordinadamente para atacar de lleno el problema con la Constitución y las leyes en la mano.

Sin embargo, desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia ha sucedido exactamente lo contrario. Todo indica que la Casa Rosada se encuentra del lado de la RAM antes que de los intereses de la Nación. Tómese, apenas, dos ejemplos: el ministro de Ambiente Juan Cabandié declinó de la querella del Estado en contra de los mapuches usurpadores en Villa Mascardi en tanto que Luis Pilquimán, segundo en la jerarquía del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, colaboró con diferentes medios oficiales (camionetas y logística) a los que tomaban tierras en el sur.

Y ahora, sobre llovido mojado. La presencia de Bielsa en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco favoreciendo la libertad de Jones Huala parece corroborar la impresión de que el Frente de Todos trabaja por la secesión mapuche antes que por la integridad del territorio argentino. Debe recordarse, ante todo, que un embajador es el máximo representante de un país ante un gobierno extranjero. Si este se hace presente en un tribunal del Estado anfitrión es porque los asuntos que allí se ventilan interesan al gobierno que representa. Y, si se pide por la libertad de un condenado, debe colegirse, por fuerza, que la liberación del reo es un asunto que concierne directamente a los intereses de la Argentina.

Es un absurdo desde todo punto de vista. El Estado aboga por un condenado que niega la existencia del propio Estado argentino. E, incluso si Bielsa hubiera tenido éxito en sus gestiones (afortunadamente Jones Huala continuará en prisión), el propio beneficiario habría retornado a sus algaradas revolucionarias tan pronto hubiera regresado al país. No se comprende esta estrategia a menos que, se insiste, el embajador siga instrucciones taxativas respecto a favorecer un enclave mapuche independiente en la Patagonia.

Todo esto es inaudito. Es como si España hubiera tolerado a la ETA porque en el Palacio de La Moncloa se hubieran visto con simpatía las pretensiones etarras, aun si fueran violentas o desafiaran la propia autoridad de la Corona sobre las provincia vascongadas, como efectivamente sucedió durante tantas décadas.

¿Qué es, entonces, lo que explica este amor por el terrorismo que parece anidar en el ADN del Frente de Todos? Simplemente, una combinación entre una ideología pretendidamente progresista y dificultades orgánicas para emplear la violencia legítima que forma parte del monopolio estatal.

Lo de la ideología se explica por sí misma. Desde la llegada de Néstor Kirchner al poder se puso en marcha un enorme operativo de deconstrucción de muchas de las grandes ideas sobre las que se apoyaba la sociedad y la historia nacional. No es, por cierto, un fenómeno exclusivamente argentino, pero el kirchnerismo hizo de este revisionismo berreta una política de Estado, al punto tal de que la visión histórica liberal (acusada de versión “oficial” del pasado) es hoy la auténtica versión contestataria del discurso dominante.

Lo sucedido en textos escolares y discursos públicos con la figura del general Julio Argentino Roca es paradigmático. Roca fue el artífice de la Argentina moderna y el auténtico factótum del territorio nacional tal como lo conocemos actualmente. Ningún historiador serio pone en duda el legado del expresidente, ni la justeza y necesidad de su campaña al desierto, la clave de bóveda de la incorporación de la Patagonia al Estado argentino. Sin embargo, Roca ha sido demonizado en los últimos 15 años como genocida o asesino de indios, algo totalmente inexacto y que no resiste un análisis histórico serio. Se ha llegado a la estupidez -como lo sucedido en Villa María algunos años atrás- de cambiar nombres de avenidas o calles por esta interpretación falaz e ignorante del pasado.

La incapacidad del gobierno por hacer cumplir las leyes también es evidente. Ni la justicia ni el Ministerio de Seguridad han podido tomar la decisión, objetivamente simple, de desalojar los predios usurpados por los supuestos mapuches. De nada han valido los reclamos de los vecinos, permanentemente hostigados por los sediciosos, ni los títulos de posesión públicos y privados sobre estas tierras. Desde la llegada del Frente de Todos (y anteriormente en los gobierno de Cristina Kirchner) se ha hecho la vista gorda con estos ilícitos, como si existiera una simpatía hacia los métodos de la RAM y sus afiebrados reclamos antes que la defensa del derecho de propiedad.

Justo es recordar, a este respecto, que la mayoría de los pueblos originarios han sido recocidos por el Estado argentino desde la llegada de la democracia y, mediante la ley 23302, se ha procurado dar satisfacción legal y pacífica a sus necesidades de tierra y de preservación de sus costumbres, pero ni la RAM ni Jones Huala comulgan con esta vía consensual. Para ellos todo se trata de una rebelión contra el blanco, cuyo resultado no puede ser otro que su expulsión y la instauración de una dictadura mapuche. Gracias al presidente y Rafael Bielsa, entro otros personajes más anónimos, el objetivo parecería estar un poco más cerca todos los días.