Por Gabriela Origlia
En la Cámara que reúne a los desarrollistas urbanos (Ceduc) y con el ministro y candidato a diputado nacional, Víctor Acastello, de testigo, los empresarios presentaron un proyecto de modificación de convenio laboral para crear un Fondo de Cese Laboral elaborado junto con Uecara, el gremio que reúne a los mandos medios de la construcción. El convencimiento es que no hay condiciones políticas para avanzar en cambios de la Ley de Convenios de Trabajo, que es a lo que apuntan los proyectos presentados por Martín Lousteau y el impulsado por el empresario textil Tedy Karagozian.
La presentación estuvo a cargo de Gustavo Rossi, secretario general de Uecara Córdoba, y del economista Gastón Utrera, titular de EconomicTrends. “La idea es avanzar en un esquema de ‘ganar-ganar’ y no de cargar a una sola de las partes -afirmó Rossi-. Reconocemos que la doble indemnización que impulsaron de un lado de la grieta es inviable, como también lo es la eliminación de la indemnización que proponen del otro. La indemnización es hoy el escollo más grande para generar empleo”.
Para Rossi una herramienta válida para introducir correcciones son las convenciones colectivas: “En Córdoba podemos generar una transformación; no es lógico pensarla sólo en el Congreso. Incluso ‘los Gordos’ firman acuerdos sin ni siquiera conocer la realidad de los distintos puntos del país. Hay que avanzar en una reconversión laboral porque la inteligencia artificial ya es un hecho y hay que hacerla en condiciones jurídicas estables que también nos permitan discutir mejoras salariales”.
Desde Uecara impulsan que haya indemnización para casos que queden fuera de los despidos, que es el que prevé la ley. Por ejemplo, para quien renuncie o se jubile.
A su turno Utrera insistió en que el esquema que proponen para los trabajadores de la construcción no comprendidos por la Uocra se puede “extender” a otros sectores e incluso podría generar fondos para financiar viviendas para los trabajadores. “Con los recursos del fondo de cese laboral se podrían comprar cédulas hipotecarias indexadas por salarios”, graficó.
Enfatizó que en la actual coyuntura modificar relaciones laborales en el Congreso “no parece viable políticamente, por lo que una alternativa son los acuerdos por sector en los que los sindicatos siempre tienen la lapicera para vetar”.
A partir de un análisis de la “aritmética de las indemnizaciones” -que toma en cuenta los pasivos contingentes, las indemnizaciones y las tasas de rotación y de despido- el esquema muestra que la menor alícuota posible que podrían pagar las empresas de la construcción para este Fondo de Cese Laboral es de 2,08% (debajo de ese nivel no se podrían pagar el 100% de las indemnizaciones por despido sin justa causa). Sin embargo, esa alícuota no permitiría cubrir indemnizaciones por renuncia u otro tipo de desvinculaciones.
En el otro extremo, un aporte de las empresas de 8,33% permitiría cubrir el 100% de las indemnizaciones por todo tipo de desvinculación pero generaría a los empleadores mayores costos que el actual régimen. Entre esas dos puntas -2,08% y 8,33%- hay diferentes impactos económicos y sociales.
La propuesta es arrancar con menos de 8,33% que alcanzaría para la indemnización total por despido, pero no el 100% del resto.
Esas indemnizaciones diferenciales requieren la administración de un Fondo que reciba los aportes de las empresas, pague a los trabajadores lo que corresponda e invierta los recursos generados. Para Utrera es posible “calibrar” las alícuotas para que converjan en 8,33% a medida que se reduzcan los costos vinculados a indemnizaciones residuales. Las “inversiones” a las que se refiere serían para la construcción de viviendas; estimó que 20,9% de los trabajadores en blanco sufren déficit habitacional que no sólo no es tener casa, sino vivir en una en malas condiciones.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó ayer que “se está evaluando” la modificación de la normativa que establece la doble indemnización y la prohibición de despidos, instrumentadas en diciembre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente y que rigen hasta el 31 de diciembre.
“Es un tema que está en análisis permanente y es probable que se prorrogue o se modifique por otra norma que estimule la creación de empleo generando un marco regulatorio y siempre cuidando a los sectores más postergados”, dijo a FM Futurock.
