En medio del debate por los planes sociales, Gill apuntó a Macri

Bettina Marengo

Mientras en el gobierno nacional se instaló el debate por el Salario Básico Universal que reclaman las organizaciones sociales y, por otra parte, sobre la la conversión del “plan social” en empleo formal, y su coexistencia (con iniciativas para que un beneficiario pueda tomar un trabajo privado sin perder la ayuda estatal), el Frente de Todos de Córdoba salió a aventar recelos del empresariado provincial y defendió la transición de la ayuda social al empleo.

“La clave es transformar el plan en trabajo, o al menos en cultura del trabajo”, sostuvo el primer candidato a diputado nacional del espacio, Martin Gill, en su exposición ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, que organizó un ciclo de charlas con los principales candidatos de las listas legislativas. “Lo que cambia la vida de una persona y de una comunidad es el trabajo”, agregó en su participación del viernes.

Algo similar había dicho en su presentación del martes pasado ante los empresarios de la Fundación Mediterránea, que también convocó a los precandidatos a desayunos políticos para conocer sus posicionamientos en los temas que movilizan al sector empresarial. En ambos casos, junto al secretario de Obras Públicas estuvo la segunda de la lista de Diputados, Olga Riutort, quien rechazó el mote de “planeros” que la oposición utiliza despectivamente para referirse al kirchnerismo y a los  beneficiarios de programas sociales del Estado. En esa intervención, la actual concejala resaltó que el gobierno de Cristina Kirchner se había ido en 2015 con 250 mil planes sociales, mientras que Mauricio Macri los había llevado a 500 mil como resultado de su política económica y de la destrucción del empleo.

“El trabajo es el gran objetivo del nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El gobierno anterior fue una máquina de generar pobreza y el Ministerio de (Carolina) Stanley (la ministra social de Mauricio Macri) fue  una máquina de generar planes sociales. Es una bomba que dejaron y que es difícil de desactivar”, afirmó Gill ante la Bolsa, una entidad con fuertes lazos con el macrismo cuyos referentes estuvieron entre el selectísimo puñado de cordobeses convocados por el expresidente para su último y repentino Zoom con empresarios locales.

Las palabras de Gill y de Riutort no son casuales. Se inscriben en la agenda empresarial pero también en el eje “Reconstrucción Argentina” que el FdT impulsa en las campañas para las elecciones primarias que se celebrarán en dos semanas.

Hace algunos días, la Bolsa de Comercio difundió un informe bastante comentado entre los empresarios cordobeses, autoría de su propio Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) que indica que no busca trabajo el 47,2% de las personas desempleadas que cobran programas sociales, contra el 39,1% que no recibe ninguna prestación social. El informe concluye que percibir planes sociales desalienta la búsqueda de empleo.

El debate está abierto en la Rosada. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto 514/2021 por el cual los trabajadores rurales “golondrinas” pueden ser contratados en blanco sin que ello implique perder el Potenciar Trabajo, la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentaria.

Quien tomó el tema antes de la campaña (pero no no lo ha “explotado” luego, en tanto la línea de su campaña es provincial) fue la diputada nacional y ahora candidata al Senado por Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, quien presentó un proyecto de ley para que los trabajadores rurales de diversos rubros mantengan sus planes sociales mientras son contratados como trabajadores formales pero transitorios en las cosechas. El Movimiento Evita, una de las organizaciones que reclama esta medida, integra el oficialismo provincial.

Las organizaciones sociales consultadas por este diario aseguraron a este diario que hay voluntad política de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) para impulsar esa agenda, y consideraro fundamental el rol de estos movimientos en el debate. Sin embargo, destacaron que pese al interés demostrado por sectores empresariales y oficiales en avanzar hacia la transición subsidio-empleo, es poco lo logrado en Córdoba. En ese sentido, remarcan que cuentan con centenares de obreros de la construcción en condiciones de ser contratados para obras públicas, mientras muchos empleadores se quejan de no conseguir mano de obra. Y calculan que apenas un puñado de trabajadores del Potenciar Trabajo, poco significativo en lo numérico, fue empleado por la Provincia para finalizar obras de viviendas.