Incumplidores seriales de mandatos

Por Javier Boher
Todavía recuerdo aquellas elecciones legislativas de 2005, la primera vez que me tocó poner el voto. Los nombres eran más o menos los mismos que hoy siguen en danza, pero sobrevivían todavía los coletazos de la crisis de 2001. Ya se vislumbraba la salida, pero también algunas pautas de lo que iba a venir en cuanto a representación política.
En 2003 había llegado a la intendencia la dupla Juez-Giacomino, tras la espantosa gestión de Germán Kammerath, que sirvió para justificar tropelías de todo tipo en tierra docta. No fueron pocos los que apostaron por aquel proyecto “apartidario” (como si existiese tal cosa en este país), lejos de las mañas de la vieja política (o, al menos, eso se vendía en el discurso).
Los Batman y Robin de los eternos segundones de cada partido mayoritario prometieron un cambio en la política cordobesa. Subidos a esa épica de la reconstrucción -nada nuevo bajo el sol- decidieron que era buena idea posicionar al viceintendente como sucesor natural de un por entonces bigotudo Luis Juez. Así, en 2005 Daniel Giacomino se convirtió en diputado nacional.
Todavía recuerdo a una persona, no muy politizada entonces ni ahora, que decidió darle la espalda porque iba a abandonar el cargo para el que lo había votado dos años antes. Básicamente, al duda era “¿cómo creer que va a cumplir con sus promesas, si yo lo voté y se va Buenos Aires?”.
Dos años después dejó el Congreso para llegar a la intendencia y profundizar la destrucción ininterrumpida -fundamentalmente del orgullo cordobés- que había iniciado el sobrino político de Menem en 1999.
16 años después de aquella elección seguimos debatiendo lo mismo. Pasaron cuatro mandatos completos desde entonces, ocho elecciones legislativas en total, para encontrarnos aún peor que en aquellos tiempos. ¿Cómo creerles a los políticos que van a respetar su compromiso?.
La representación política está rota por distintos motivos, pero fundamentalmente porque no existen mecanismos claros de rendición de cuentas. Las listas y el sistema proporcional atentan contra la certeza sobre quién defiende los intereses del ciudadano, una ficción que se sigue engullendo a sí misma.
Los legisladores electos que abandonan el espacio por el que los eligieron se aferran a las bancas como si les pertenecieran, aunque después no puedan revalidarlas por su cuenta, sin el aparato partidario que los puso allí. Esa situación se ve alentada, a su vez, por los que abandonan los cargos para los que los eligieron para irse a ocupar otros. Ni hablar de los candidatos testimoniales, una innovación del kirchnerismo que deja en evidencia la derrota de la política como mecanismo para construir liderazgos y consensos.
Sobran casos en todos los partidos.
Martín Gill, abandonador serial de cargos, lo hizo desde que en 2013 lo eligieron diputado (además de que su entonces compañera de lista también decidió abandonar el Congreso). Intendente, funcionario nacional y precandidato a diputado, es como la santísima trinidad de los tres niveles de la administración.
Mario Negri es diputado y está en el Congreso, pero quiere ser senador para ir al Congreso, porque es en el Congreso donde se para al gobierno. Obvio que están los tecnicismos de que son dos cámaras, pero en definitiva hacen lo mismo en las dos: charlan y se fijan sobre cuál será su próxima candidatura.
Las listas de Hacemos por Córdoba no son la excepción: cuando las presentaron, todos los nombres iban acompañados por el cargo que desempeñan actualmente los precandidatos. No pasa nada si son cargos políticos, pero si están ejerciendo cargos electivos la cosa ya es distinta.
Los sistemas políticos reflejan la naturaleza de las sociedades de las que emanan, pero también moldean las expectativas de las personas de cara a la toma de decisiones. Si tenemos políticos que han ocupado cinco cargos electivos en ocho años, incumpliendo todos y cada uno de los tiempos estipulados de antemano, a los que se premia con candidaturas en capitales provinciales, ¿qué se puede esperar del resto del sistema?.
La política se ha convertido en una caricatura de sí misma, donde la representación popular se ve cada vez más afectada. No se trata de ninguna cuestión de honorabilidad ni de sobreactuar institucionalismo o valor de la palabra. Se trata de cuestiones concretas de un funcionamiento pobre y deficiente del poder legislativo en cada uno de sus niveles.
No importa que haya algunos que hoy señalen esta cuestión en solitario. La práctica está establecida y será difícil de remover, porque representa una posibilidad concreta dentro del orden normativo actual. Sin pretensiones de refundar el sistema político con reformas que terminen empeorando aún las cosas, lo que manda el sentido común es que hay que recuperar los principios no escritos que dan sustento a las leyes e instituciones, el espíritu con el que lo pensaron los primeros constituyentes.