La curiosa pasión de Alberto F. por dispararse a los pies

La munificencia de Cristina es, sin embargo, un presente griego. La realidad indica que la vice de Fernández desconfía de la suerte electoral del oficialismo y prefiere que quien corra con los riesgos sea el presidente, no ella. De esta manera, si las PASO y las legislativas se convirtiesen en un plebiscito sobre la gestión nacional, la cabeza de turco estaría claramente expuesta.

Por Pablo Esteban Dávila

“No me habían dicho que si era candidato tenía que renunciar, me enteré por televisión”. La queja corresponde a Agustín Rossi, el renunciado ministro de Defensa de la Nación. Se trata de una decisión -anunciada desde Perú- del presidente Alberto Fernández de aplicar una “regla ética” por la cual los funcionarios que además son precandidatos deben dejar sus cargos. Junto con Rossi parten el responsable de la cartera de Desarrollo Social Daniel Arroyo y la titular del Consejo Federal de Política Sociales Victoria Tolosa Paz, entre otros. El cordobés Martín Gil, responsable de la Secretaría de Obras Públicas, ha presentado su renuncia en la convicción de que no hay mejor cosa que curarse en salud.

Más allá de las consabidas apelaciones éticas, la repentina jurisprudencia presidencial no termina de entenderse del todo. Nadie exigía estos desprendimientos. Ni siquiera la oposición reclamaba las renuncias de quienes ahora son candidatos del gobierno. Sin embargo, Fernández no titubeó en desplazar a dirigentes que, en rigor de verdad, eran de los pocos que le respondían a él y no a Cristina dentro de un gabinete nacional visiblemente loteado.

¿Qué lógica tiene esto? Es difícil de encontrarla, máxime al considerar la delicada posición del presidente. Es un hecho que, en el diseño final de las listas del Frente de Todos, Cristina le cedió la responsabilidad de nominar a los cabeza de lista en casi todos los distritos. De esta manera, Fernández colocó a dirigentes razonablemente cercanos a él en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leando Santoro), la provincia de Buenos Aires (Tolosa Paz) y, entre otras jurisdicciones, en Córdoba (Carlos Caserio).

La munificencia de su vice es, sin embargo, un presente griego. La realidad indica que Cristina desconfía de la suerte electoral del oficialismo y prefiere que quien corra con los riesgos sea el presidente, no ella. De esta manera, si las PASO y las legislativas se convirtiesen en un plebiscito sobre la gestión nacional, la cabeza de turco estaría claramente expuesta.

Fernández parece no ser cabalmente consciente de esta trampa o, al menos, pretende hacerse el distraído. Sacrificar funcionarios cercanos al altar de un compromiso electoral que lo tendrá en el centro de la escena no es un buen comienzo. Tampoco es precisamente un incentivo para los renunciados que tendrán, en adelante, la misión de defender a un gobierno que da la impresión de haberlos expulsados de mala manera.

Todo indica que la decisión fue inspirada por una desobediencia de Agustín Rossi. El ahora exministro habría desoído una instrucción de Cristina y del propio Alberto en el sentido de no complicarle la vida al gobernador santafesino, Omar Perotti. Pero Rossi decidió presentarse como candidato a Senador replicando la rebeldía de Caserio en Córdoba ante Juan Schiaretti. No calibró que el presidente todavía alienta esperanzas de que Perotti termine jugando para el Frente de Todos y que lo menos necesita es que uno de los suyos le moje la oreja. En este aspecto, el espejo cordobés no es homologable a la realidad santafesina: hace rato que Schiretti ha hecho pública su completa lejanía respecto a la Casa Rosada.

Pero, y aun si esta fuera la explicación del origen de la regla que se está aplicando manu militari, la vara parece desproporcionada. Si el problema era Rossi, pues Santiago Cafiero debería haberle pedido que se fuera. No obstante, hubiera resultado un inconveniente para Fernández exponerse a un agrio debate con un ministro que, en rigor de verdad, les ha puesto el pecho a las balas en más de una ocasión. Para un pusilánime siempre es mejor esconderse detrás de un supuesto axioma general antes de vérselas cara a cara con el verdadero destinatario de la decisión.

Esto no quiere decir que los involucrados no habrían de pedir licencia a efectos de afrontar los retos de la campaña. Era obvio que, en el tiempo que esta durase, la prudencia indicaría que no podrían desempeñarse al mismo tiempo en ambos roles. Pero hay una gran distancia entre una licencia y la renuncia, especialmente cuando no abundan los leales al presidente dentro de su propio entorno.

Este tipo de sobreactuaciones hacen recordar a otro diktatum, esta vez, de Mauricio Macri, por el cual se prohibió las designaciones de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad del presidente y sus ministros. El origen de la medida fue el escándalo desatado en torno a Jorge Triacca, a la sazón ministro de Trabajo, buena parte de cuya familia había sido designada en la administración pública. La decisión provocó la injusta eyección, entre otros 43 funcionarios, de Rodrigo de Loredo, por entonces eficaz presidente de ARSAT. De Loredo es yerno de Oscar Aguad, responsable del ministerio de Defensa durante la gestión del expresidente.

Al menos Macri era el que mandaba, por lo que las consecuencias de sus decisiones solo a él eran imputables. No es el caso de Fernández, forzado desde el comienzo a cohabitar políticamente con su vice. Desde esta perspectiva, no hay dudas que el presidente acaba de dispararse, nuevamente, un tiro a los pies, como lo viene haciendo con asombrosa y rutinaria pasión. El hecho de que a los caídos los vayan a reemplazar, supuestamente, hombres más cercanos al él que a Cristina no parece ser consuelo suficiente: todavía quedan por delante dos campañas intensas que, de no satisfacer las expectativas del Frente de Todos, les serán facturadas inmisericordemente y amén de sus sobreactuaciones, tanto las recientes como las pasadas.