El juecismo renueva sus credenciales como defensor del Suoem

Los vocales del juecismo en el Tribunal Municipal de Cuentas hicieron observaciones al acuerdo rubricado entre el municipio y el Banco de Córdoba para implementar la Tarjeta Activa como medio de pago a agentes que presten servicios al municipio. La cuestión, en realidad, es abstracta. El órgano de contralor no dirime. (Pero sirve para hablarle a la tribuna).

Felipe Osman

Desde hace algunos días no para de circular, en los grupos de WhatsApp del Suoem, un archivo que contiene una “observación” realizada por los vocales de la minoría (juecista) del Tribunal Municipal de Cuentas al acuerdo arribado entre la Municipalidad y el Banco de la Provincia para la implementación del programa “Tarjeta Activa”.

(Para contextualizar, puede decirse que la iniciativa, lanzada a principios de abril, ya sumó la aceptación del Surrbac, el Sutep, los funcionarios de la gestión municipal y los Servidores Urbanos, y prevé que el municipio liquide una fracción de los haberes de quienes así lo consientan en una tarjeta prepaga que sólo funciona en comercios adheridos, direccionando así el consumo hacia negocios de cercanía, uno de los segmentos más golpeados por la crisis. Tal consentimiento, va de suyo, no es un acto gracioso de renuncia, sino más bien el resultado de una negociación, y hasta el momento siempre ha sido una condición esencial que el municipio no ha transgredido para avanzar en la implementación del programa).

Dicha observación se detiene en una serie de puntos del acuerdo que los vocales en cuestión, María Fernanda Leiva y Juan Testa, han considerado “colisionan injustamente con el derecho laboral, estatutos laborales, el Código Civil, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”.

Según surge del documento, fechado el día 12 de julio del corriente, las cláusulas que delinean el acuerdo entre la Municipalidad y el Banco de Córdoba otorgan a la primera la potestad de ordenar a la entidad bancaria que acredite en la tarjeta prepaga de cada empleado municipal parte de sus haberes sin necesidad de que exista conformidad del agente y que sea sólo el municipio quien puede ordenar la baja de las tarjetas, entre otra serie de señalamientos del orden que no son transcriptos por motivos netamente tipográficos.

Lo curioso es que, en rigor, el banco no integra de modo alguno la relación jurídica laboral que vincula a los empleados municipales con el Palacio 6 de Julio, con lo cual su actuar dentro del marco de lo acordado jamás podría derivar en la violación de la normativa que señalan los vocales de la oposición. Llegado el caso, quien incurriría en tales violaciones sería el empleador, es decir, la Municipalidad.

Digamos que el acuerdo firmado con el Banco de Córdoba crea un marco en el cual los vocales opositores presumen el municipio podría incurrir en violaciones a la normativa laboral o civil. Violaciones que, por otro lado, podrían ocurrir perfectamente sin que tal acuerdo existiera si, por ejemplo, el municipio realizara pagos parciales o fuera de término a sus agentes.

La pregunta que se impones entonces es: ¿de qué hablan los vocales juecistas?
El artículo 94 de la Carta Orgánica Municipal establece, al definir la competencia del Tribunal de Cuentas, que el órgano “Ejerce el control contable, económico y de legalidad del gasto; (y) no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia”.

Si el acuerdo firmado no prevé la ejecución de ningún gasto, ¿de qué vale pronunciarse acerca de sus términos?

La explicación, desde luego, es política.

El juecismo, que se apresta a lanzarse a la campaña, empieza por renovar sus credenciales como defensor del Suoem, sindicato que representa los intereses de más de 4.000 agentes designados durante la breve estadía del líder del Frente Cívico en el Palacio 6 de Julio. Ahí, sabe, están “los suyos”, porque él los puso allí.

Por lo demás, y si quisieran notificarse de ello, los municipales podrían tomar nota de que el planteo de los vocales de la minoría no surte -ni estaba dirigido a surtir- ningún efecto. Son sólo palabras del juecismo para congraciarse con “sus” empleados.