Córdoba entre las provincias con menos empleo público provincial cada 1000 habitantes

Tiene 34 agentes estatales en esa relación, sin contar los de empresas públicas locales. El promedio país es de 52; creció entre 2019 y 2020 y había bajado en 2018 cuando se aplicó la ley de Responsabilidad Fiscal.

Córdoba está entre las provincias que menos empleados públicos provinciales -sin contar los de las empresas estatales locales- tiene cada 1000 habitantes: 34. El promedio país es de 52 en los últimos dos años ya que hubo un crecimiento de 6% desde 2018. Ese aumento se registra en una economía que desde fines de 2011 no crea trabajo privado adicional.

Los puestos en el sector público provincial pasaron de representar 49 agentes cada 1000 habitantes en 2018 a 52 en los últimos dos años; el gasto salarial mensual promedio por cada uno es de $70.000. De las provincias y la Ciudad de Buenos Aires dependen 2.372.294 personas; el crecimiento interanual entre 2019 y 2020 fue de 1,4%.

Un análisis de la consultora Aerarium da cuenta de que la vigencia de la ley de Responsabilidad Fiscal sancionada a fines de 2017 -a la que adhirieron todas las jurisdicciones menos San Luis y La Pampa- implicó una contracción de la cantidad de empleados públicos provinciales cada 1000 habitantes de 51 a 49.

La norma rigió solo un año, y en diciembre de 2019 los números se dieron vuelta y la ecuación aumentó 6%, pese a que era un año electoral y regía el límite del final de mandato (el gasto corriente no puede subir en los dos últimos trimestres antes de dejar el poder).

A fines del año pasado, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y de las provincias, 18 distritos están por encima del promedio general de 52 agentes cada 1000 habitantes. Sólo están por debajo Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza con 34, 39, 42 y 47, respectivamente.

El reporte de la consultora muestra que cinco provincias patagónicas -Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Chubut- figuran en el ranking de más empleados estatales provinciales cada 1000 habitantes. Tienen 126, 116, 105, 87 y 83, respectivamente. Entre las jurisdicciones de mayor peso del empleo público también están Catamarca y La Rioja, con 120 y 116 agentes cada 1000 pobladores.

Un análisis de la evolución de la relación entre esos dos parámetros transparenta que en el último lustro La Rioja, San Juan y Catamarca fueron las que más incorporaron agentes públicos en relación a la población: 16, 15 y 11, respectivamente. La contracara para ese período fueron Jujuy, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

En lo que hace al gasto salarial por cargo ocupado, el año pasado fue de $70.031, con una caída real del 7,1% respecto de 2019 y de 21,3% si la comparación es con 2017. Es clave en estas comparaciones que la recomposición de 2020 recién empezó hacia su término por la pandemia y quedó debajo de la inflación.

En los últimos tres años, 11 provincias ajustaron el gasto por encima del promedio. En los casos de Tierra el Fuego, La Rioja, Chaco, Misiones, Santa Cruz y CABA, ese ajuste fue igual o mayor al 30%; Neuquén, Chubut, Salta, Corrientes, La Pampa y Tucumán lo hicieron entre el 9% y el 14%. La única que expandió fue San Luis, un 2%.

En la última década la mayor expansión del gasto en personal -que representa al menos la mitad del presupuesto de las provincias- se dio fundamentalmente en 2015, año de elecciones, y en su espejo, 2019, cuando por última vez rigieron ajustes gatillo. Ya en 2020 -aun antes de la pandemia- los gobernadores habían negociado sin esas cláusulas.

Así, el gasto real en el empleo público provincial entre 2017 y 2020 se contrajo un 16,7% a valores constantes de diciembre pasado; en ese período, 22 jurisdicciones contrajeron el gasto y sólo dos superaron la variación del índice de precios al consumidor (IPC): San Luis (+6,8%) y Chubut (+1,7%).

De la ley de Responsabilidad Fiscal se suspendieron varios aspectos, no sólo el relativo al empleo público; está sin aplicarse la medición de las reglas de crecimiento del gasto (por ejemplo, la ley señala que la tasa nominal de aumento del gasto primario neto no podrá superar la de incremento de inflación).

Además, no  corre la medición del indicador de endeudamiento (estaba fijado que los servicios de deuda debían ser inferiores al 15% de los recursos corrientes). Además, se le otorga destino libre a los fondos que se obtengan por la venta de activos fijos (hasta ahora sólo se podían destinar a financiar gastos de capital).