Transporte GRC: audiencia inédita (¿Llamosas a prueba?)

La audiencia pública de Transporte fue una instancia que, por primera vez, convocó a los municipios de Las Higueras y Holmberg. Participaron más de 80 instituciones, gremios y ciudadanos particulares. Ahora, las expectativas están puestas en el avance del proceso licitatorio y en el diseño de un plan integral de movilidad urbana.

Por Julieta Fernández

Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Miguel Negro (Holmberg) y Alberto Escudero (Las Higueras)

“No se puede negar que fue una audiencia inédita. Es la primera vez que el Gran Río Cuarto hace una convocatoria de estas características”, señaló un concejal oficialista a Alfil al culminar la jornada de casi nueve horas. La instancia también fue celebrada por la oposición tras haber escuchado a casi 80 oradores. “Crisis también significa oportunidad” sería la frase de cabecera de quienes ven el vaso medio lleno y recuerdan que esta audiencia fue suscitada a partir de la crisis que atraviesa el sistema de transporte público (profundizada por la pandemia).

Pero más allá del sistema de transporte público de pasajeros, los ediles llegaron a la conclusión de que lo más propicio sería comenzar a hablar de “sistema de movilidad urbana” y pensar soluciones integrales para una problemática multidimensional y que no compete solo al sistema de colectivos. Otra de las conclusiones a las que arribaron es que se debiera trazar un plan de movilidad. “Si ese plan termina siendo la meta, nos podría llevar de uno a tres años. No significa que no haya que hacer nada mientras no haya licitación. Hay cuestiones que se pueden hacer desde lo operativo”, señaló el concejal Marcos Curletto al finalizar la audiencia.

Las intervenciones realizadas por los ediles al cierre de la jornada mostraban un tono optimista, motivado por la diversidad de actores que tomaron la palabra en el Centro Cultural Viejo Mercado, e instaban a que otras problemáticas también puedan ser abordadas de esta manera con más frecuencia. El concejal oficialista y presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Miguel Alonso, mencionó entre las principales conclusiones que el sistema de transporte debiera abordarse como una política de Estado “que implique un desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental, con perspectiva de género, con mayor seguridad, mayor accesibilidad. Entre todos podremos tener un mejor diagnóstico y un mejor plan de movilidad para Río Cuarto, Holmberg y Las Higueras”, señaló.

Pero no todo fue color de rosas en el auditorio y entre los oradores se encontraba el ex secretario de Desarrollo Urbano y ex concejal, Jorge Méndez. “Río Cuarto solía tener un observatorio de Transporte donde se reflejaba en tiempo real la cantidad de unidades circulando y cantidad de pasajeros transportados”, señaló y consideró que un proceso licitatorio por sí solo no garantizaría un servicio superior en calidad al que se prestaba antes de la pandemia. “¿Cómo se garantizará la continuidad laboral del personal de la actual prestataria ante la eventualidad de que no continúe con la concesión?” fue uno de los interrogantes planteados por Méndez. “El Estado concedente deberá fijar recorridos, frecuencias, horarios y tarifas. A mi criterio, es inviable pensar en una competencia”, agregó el ex funcionario.

Entre los expositores se escuchó a diversas instituciones, vecinales, sindicatos, ciudadanos particulares, docentes, colegios de profesionales, concejales de Holmberg y Las Higueras e incluso la propia empresa prestataria. Hernán Sánchez fue el encargado de representar a la SAT y comentó que, desde el 2017 hasta la actualidad, los costos habrían aumentado en un 400%, mientras que la recaudación habría sido de un 260%. Sánchez “pasó factura” respecto un dato que demandaron varios de los oradores que lo antecedieron en la palabra: “No sabemos si es conocido por todos que el Municipio cuenta con el monitoreo en tiempo real, la cantidad de pasajeros, recorridos, la recaudación que mueve el sistema. Está vigente hace mucho y podría adaptarse para que los usuarios tengan acceso a esa información que reclamaron anteriormente”, manifestó.

La empresa también c como fortaleza el “sentido de pertenencia” de los socios y accionistas de la empresa. “Vivimos todos en nuestro querido Imperio”, manifestó Sánchez sobre el cierre de su exposición. Los distintos bloques de concejales no estarían tan en desacuerdo con este último punto y, en general, insistieron en que lo ideal sería que sea una empresa local la que brinde el servicio para que el dinero quede en la ciudad. “Si la plata se va afuera, va a ser difícil reclamar. Como pasa con Cotreco”, ejemplificaba el edil de Política Abierta, Pablo Carrizo.

La discusión parece haber trascendido el mero proceso licitatorio pero no deja de ser algo que el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal deba tener en cuenta mientras se vacía el reloj de arena. En diálogo con Alfil, el ex concejal y dirigente de la UCR, Martín Carranza, se refirió en términos críticos a la prestación del servicio durante la pandemia y consideró que eso “demostró el incumplimiento en el marco regulatorio, falta de frecuencias, recorridos. Se mostró la peor cara del Estado que es el encargado de regular”, consideró.

A su turno y durante la audiencia, Carranza “corrigió” a aquellos que se aseguraban que la audiencia de ayer fue la primera en la que se abordó el tema Transporte. “En todo caso es la primera que abarca al Gran Río Cuarto”, resaltó. El edil consideró que la audiencia que se llevó adelante a fines de 2013 fue el puntapié que permitió elaborar el marco regulatorio que rige desde el 2015 y que establece, entre varias cuestiones, la frecuencia con la que debe convocarse a audiencia pública, someter el servicio a evaluación por parte de los usuarios y renovar las unidades de colectivo.

Los elementos que se habrían tomado durante el año 2014 para llevar adelante el marco regulatorio fueron: un informe realizado por profesionales de la UTN, una encuesta a la ciudadanía, ocho talleres barriales en puntos periféricos del a ciudad y la primera audiencia pública realizada a fines del 2013. “El marco vigente está guardado”, criticó el ex edil al considerar que no se estarían cumpliendo algunos aspectos que se contemplan en dicho dispositivo.

Desde la oposición advierten la posibilidad de que, si no se llega a tiempo antes de fin de año, podría haber otra “prórroga express” de la concesión del servicio. Algunos de los planteos que realizó la primera minoría a principios de marzo apuntaban a que el anuncio del llamado a licitación era una suerte de “escape” ante las críticas al sistema de transporte. Algunas por el aumento del ticket que se aprobó a fines de marzo y otras por los casi $2.000.000 mensuales que el Municipio comenzó a entregar a la empresa en calidad de subsidio

“Se necesita de un consenso político y social importante pero después está la decisión política en la concreción de la licitación. Estos procesos pueden llevar aproximadamente seis meses desde la convocatoria, la apertura de sobres y otras etapas que implica el proceso” comentó Carranza al mostrar cierto escepticismo de que dicho proceso pueda culminar antes de fin de año. Más allá del abordaje sanitario, el transporte se sumaría a otro de los ítems que pondría a prueba la segunda gestión de Llamosas.