Concejo apura regulación de aplicaciones de delivery

Hacemos por Córdoba apunta a dar una mayor protección jurídica al prestador, al usuario y al municipio. Hoy operan en la informalidad y sin tributar al Estado.

Por Yanina Passero

La pandemia modificó lo cotidiano al extremo. Impactó negativamente en la actividad productiva de muchos sectores, pero empujó el crecimiento de otros. Ejemplos son el comercio online, la cadetería o delivery. El oficialismo municipal volverá a insistir con la regulación “del servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias, por medio de motos o bicicletas, contratados a través de plataformas tecnológicas”.

El bloque Hacemos por Córdoba promueve la iniciativa que encontraría su justificativo en la ausencia de un marco legal para el funcionamiento y utilización de las apps de delivery. Según un relevamiento de 2019, el rubro ya había crecido en un 150%. Afirman que luego de la irrupción del coronavirus, no hay datos fidedignos sobre la cantidad de personas o aplicaciones que se utilizan para tal fin.

En resumidas cuentas, la bancada comandada por Marcos Vázquez reflotará una discusión que se había dado en el recinto legislativo, durante el mandato del cuerpo anterior, con los proyectos iniciados por Victoria Flores y Santiago Gómez, hoy en las filas del PJ de la Capital.

Buscan generar un marco regulatorio integral del servicio de delivery en todas sus modalidades porque la ordenanza vigente (Nº 10 858) y modificatorias no contempla las nuevas modalidades de acceso al servicio por medio de aplicaciones digitales. Apuntan, entonces, a dar una mayor protección jurídica al prestador, al usuario y al Estado municipal.

“Es una actividad donde reina la informalidad, desde la relación contractual hasta el tipo de vehículo que se utiliza. Debemos garantizar las condiciones de higiene, seguridad y salubridad para los prestadores, conductores y usuarios”, insisten desde las oficinas peronistas del Concejo Deliberante.

El proyecto es complejo porque está pensado en todos los factores que intervienen en la prestación del servicio. Comprende el registro de prestadores, ya sea a título individual o empresas; las condiciones y características de los vehículos, el uso de seguros, modalidad de habilitación, entre otros puntos.

Ahora bien, que atienda una realidad no quiere decir que la iniciativa no vaya a estar exenta de polémica. En primer lugar, por la formalización de estas aplicaciones y la dotación de un marco legal para su utilización permitirá al municipio percibir impuestos por la actividad. Aquí opera un argumento muy utilizado en momentos en que el Ejecutivo decidió bajarle el pulgar al servicio de traslados de pasajeros conocido como Uber. Hablan de competencia desleal, sin más. A su vez, facilita el clásico retruque opositor por la presunta intención recaudatoria del proyecto.

Lo cierto es que la batalla por regular las aplicaciones no tiene un buen precedente en Córdoba. Por caso, Uber opera en la plaza pese a las reiteradas desaprobaciones públicas de las autoridades del Palacio 6 de Julio.

Si bien desde la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad anticiparon que pretenden crear una aplicación para taxis y remises, se sabe que la discusión de fondo no está dada por la modalidad de contratación del viaje. Por el contrario, son otros los factores que entran en juego como la calidad del servicio y su costo.

Este es el punto del proyecto de Olga Riutort (Fuerza de la Gente) y Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal). Los ediles plantearon la necesidad de una aplicación obligatoria para taxis y remises; pero a la vez proponen crear un Fondo de Financiamiento para el cambio de unidades que tendría de piso más de 100 millones de pesos, formado con el 80% de lo que recauda la Municipalidad de Córdoba por la bajada de bandera y el 80% de la recaudación de multas a vehículos del sistema.

Por otra parte, consideraron que el reclamo de tarifa debe hacerse cuando el IPC y el índice de variación del salario privado superen el 10%, a resolver por el Concejo Deliberante.

 

Llaryora entregó $ 12,1 millones a centros vecinales

El intendente Martín Llaryora, junto al secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, y su par de Gobierno, Miguel Siciliano, realizaron una nueva entrega de aportes económicos a Centros Vecinales de distintos sectores de la ciudad, fondos que serán destinados a la construcción, ampliación o refacción de sedes.

En esta oportunidad, 32 instituciones barriales recibieron ayudas económicas por un monto total de $12,1 millones. De esta manera, cada Centro Vecinal recibió un aporte de entre $250.000 y $500.000.

Los aportes se llevan a cabo a través del Presupuesto Participativo Barrial y se implementa la metodología de la Micro Planificación Barrial. Así, el municipio responde a las demandas y necesidades de estos espacios vecinales que brindan servicios, sirven como lugares de reunión, contención y son un radar de necesidades de la sociedad.

En la oportunidad, el intendente destacó el apoyo de los Centros Vecinales para coordinar trabajos en la ciudad, a partir del pedido que surge de los vecinos: “Los Centros Vecinales nos permiten llegar más rápido a cada sector y resolver sus problemas, por eso la ciudad está empezando a verse mejor, está comenzando a ponerse de pie con obras de bacheo, cloacas, alumbrado público que estamos ejecutando en los barrios”.

Llaryora puso en valor el diálogo genuino y permanente que su gestión mantiene con los Centros Vecinales, estableciendo prioridades y generando respuestas a los vecinos a través de los presupuestos participativos.