Pobre niña rica

Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

Hace ya alrededor de un año, cuando la cuarentena anterior ya estaba estrangulando a varias empresas, la diputada Fernanda Vallejos declaró que sería razonable que el Estado se hiciera con parte de la propiedad de las mismas si las ayudaba a pagar sueldos y a mantenerse en pie. Pidió casi lo mismo que el usurero del barrio que le pide parte del almacén al laburante que se endeudó unos pesos para cambiar la heladera mostrador.

La diputada, parte del ala más dura (en términos cognitivos) del cristinismo, es conocida por actuar como oráculo sobre las próximas medidas económicas del gobierno, una fuente de indicios por su incontinencia verbal. Pasó, hace no tanto tiempo, con el cierre a las exportaciones de carne. Ese es, probablemente, su mejor atributo: representa cabalmente el pensamiento económico-político del kirchnerismo.

Hace unos días fue noticia por defender el aumento que recibirán empleados del Congreso y legisladores de ambas cámaras. Ciertamente cada uno debe defender el fruto de su esfuerzo, el mango que lleva a la casa para comprar lo que sea que necesite o lo haga feliz.

Vallejos, en su cerrada defensa de los intereses de los diputados, aseguró que sus sueldos habían quedado muy atrasados respecto a los de sus pares de la región, algo que es absolutamente cierto. También es verdad que los sueldos de todos los trabajadores se han visto golpeados por la inflación, cayendo a algunos de sus bajos históricos. No hablemos de los de los jubilados, que cobran unas quince veces menos que nuestros distinguidos diputados y senadores. Sólo el aumento de 40% que se han dado a sí mismos alcanza para pagar unas cinco o seis jubilaciones mínimas. No hacen falta los intereses de las Leliq, alcanza con no subirse el sueldo.

Pero, como gran parte de los funcionarios públicos, ellos tienen acceso a información privilegiada. Saben, por ejemplo, que la inflación no va a ser del 29% proyectado. Por supuesto que a esto lo saben porque les cuenta Guzmán, porque tienen una señora que les hace las compras: ellos solo van al super para medir góndolas con Paula Español o a controlar precios con sus punteros de los grupos piqueteros, siempre con el prensa que les sube las fotos a sus redes sociales.

Los diputados y senadores no son los únicos. En distintas dependencias de nivel nacional los incrementos salariales tienen un piso de 40%, habiendo sido noticia que los empleados de PAMI arreglaron por un 43% de aumento y un bono de $20.000, más que los médicos y un 80% de un salario mínimo Así cualquiera acepta cerrar todo y quedarse en casa.

Es difícil saber los números exactos, porque todo se pierde en una intrincada maraña de recursos burocráticos que hacen casi imposible acceder con rapidez a la información oficial, pero algunos funcionarios del organismo que este año cumple medio siglo cobran entre un 30% y un 50% más que el gobernador de Córdoba.

Ninguno de todos estos funcionarios parece reparar en el hecho de que el país está quebrado, con un presidente que intenta, por todos los medios posibles, que los jefes de Estado de los países a los que pertenecen los acreedores le den una mano para poder ganar algo de aire para el futuro. No quieren hacer ni siquiera el pago mínimo de la tarjeta, pero quieren vivir como si no les hiciera falta pedir prestado.

En todo ese esquema de desigualdades, las ideas de los que vivieron, viven y vivirán del Estado se reducen a lo mismo de siempre: pedir, imprimir, aumentar. Se endeudan, emiten a lo pavo o aumentan los impuestos para sostener sus prerrogativas, las que se solventan siempre con lo que producen los privados, los que van a pagar la deuda que toman los políticos, los que van a recibir pesos devaluados en lugar de dólares cada vez que exporten y los que van a tener que pagar el nuevo impuesto que se le ocurra a un funcionario de cuarto rango el día que quiera un ramo de flores frescas en su oficina cada mañana.

En base a esto, quizás aquella idea de Vallejos de que el Estado debía quedarse con las empresas que ayudaba no sea tan loco. Siguiendo la misma lógica, los que solventan la estructura del Estado deberían reclamarle la propiedad del mismo a los funcionarios.

Se le podría pedir la banca a Vallejos, la titularidad del PAMI a la nuera de Cristina, la butaca del directorio a algún becado en el Banco Nación o la subdirección de peinados estrambóticos de la dirección de diversidades capilares de la subsecretaría de diversidades físicas de la secretaría de las diversidades de género dependientes del Ministerio de Género y sexualidad, que es tan grosero que ni siquiera podemos afirmar que no exista.

A esta altura del partido, sólo una cosa sabemos que no existe entre los pobres y menesterosos funcionarios nacionales: la vergüenza.