Llaryora prioriza vínculo con sector productivo (piensa en 2023)

Por Yanina Passero

“El que exhibiere productos que no se encuentren categorizados como frutas, frutos secos, productos libres de gluten, dietéticos y similares, todos sin azúcar agregada, en supermercados, hipermercados y farmacias con horarios de funcionamiento amplio y formato de autoservicio, dentro de un radio de tres metros de la caja registradora de pago o cualquier otra área de cobro localizada a los efectos (frente a las cuales se dispone a los clientes y/o consumidores en una fila o línea de espera para efectivizar el pago del/los producto/s seleccionados para su adquisición), será sancionado con una multa de 150 a 500 unidades económicas de multa (UEM)”. Así quedó redactado el artículo que descomprimió la tensión política que generó el proyecto iniciado por los concejales Nicolás Piloni (Hacemos por Córdoba) y Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal Córdoba).

La perífrasis fue para corregir el escándalo político que generó la iniciativa del odontólogo y el deportista. La dupla saludable activó la capacidad de lobby de las industrias alimenticias, algo poco novedoso si se coloca la mira en lo que sucede en el Congreso de la Nación con motivo del debate de la ley de etiquetado frontal o se recuerda lo ocurrido en 2017 con la prohibición de colocar azúcar sobre las mesas de los bares de la ciudad. En aquella oportunidad, el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, amenazó con plantear la inconstitucionalidad de la norma, a que la que definió como “una medida sin criterio”.

Tras el debate de ayer en el Concejo Deliberante de Córdoba, el cuerpo deliberativo aprobó la ordenanza con amplia mayoría –sólo se abstuvieron la peronista Olga Riutort y la referente del FIT, Cintia Frencia- pero con cambios sustanciales en sus formas.

Se quitó de la normativa, por ejemplo, el rótulo de “ultraprocesados” para definir a las golosinas o estos alimentos tentadores que se exhiben en la línea de cajas de supermercados o farmacias. Por otro lado, se formará una comisión coordinada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad que tendrá la misión de elaborar por consenso cuáles son los productos amigables con la salud que estarán a mano del consumidor mientras espera su turno en la caja. El plazo para la instrumentación del acuerdo será de tres meses, prorrogables por “circunstancias extraordinarias”.

La dupla que promovió el proyecto por más dientes sin caries y alimentación saludable aceptó los cambios propuestos para evitar otro debate en comisión. Sin embargo, hubo razones de peso: la advertencia del intendente Martín Llaryora para lograr consensos al respecto.

¿Cómo compatibilizar medidas que prioricen la salud, no atenten contra las ventas de las cámaras alimenticias y con el apoyo político en año electoral? Esta fue la pregunta que se hicieron varios en el Palacio 6 de Julio y el edificio legislativo cuando observaron que los grupos del rubro están dispuestos a dar batalla en todos los frentes si sienten que atentan contra sus intereses.

Llaryora tiene relación con las cámaras industriales de productos alimenticios desde su paso por el ministerio de Producción de la Provincia y, notificado del descontento, eligió preservar esa relación moderando la letra de la propuesta de Piloni y Quinteros. La intervención fue leída en el recinto como una clara señal de sus proyecciones políticas. Si bien el titular del Palacio 6 de Julio dice que no ve con malos ojos otro período más en el gobierno de la ciudad, se sabe que es el favorito del gobernador Juan Schiaretti para liderar el proceso de renovación del peronismo en el 2023.

Este recordatorio, precisamente, llegó desde El Panal. Hasta fuentes del Gobierno de la Provincia reconocieron a Alfil que los productores de alimentos se agolparon en los despachos con algún poder de influencia. “Hubo tirón de orejas para que Llaryora fuera más enérgico”, dicen con picardía desde El Panal. No es novedad que el gobernador Schiaretti hace méritos para encolumnar detrás de él a todo el arco productivo de la provincia, generadores genuinos de puestos de trabajo y crecimiento.