Llaryora avanza en la captación del vecinalismo

Tras poner en marcha las Junta de Participación Vecinal en abril, finalizó ayer la primera ronda de Talleres de Microplanificación para la ejecución del Presupuesto Participativo, que junto al programa de Ayudas Económicas y el Régimen de Autogestión apunta a crear vasos comunicantes entre la Gestión, el llaryorismo y el vecinalismo.

Por Felipe Osman

La Secretaría de Participación Ciudadana ha cobrado un nuevo impulso desde el desembarco de Juan Domingo Viola al Ejecutivo. Los obstáculos que en un principio planteó la pandemia y luego agravó la distante relación entre el intendente y el entonces secretario Guillermo Marianacci (cuando el funcionario presentó su renuncia llevaba meses sin hablar con el Jefe Comunal) no pudieron ser superados durante el tiempo en que la cartera quedó bajo la órbita de Políticas Sociales, pero a partir de que el ex presidente del Bloque Oficialista en el Concejo Deliberante tomó la posta, la inercia quedó atrás.

Viola quedó a cargo de un punto neurálgico de la gestión, ya que además de tener grandes responsabilidades en cuanto al avance en la descentralización iniciada por Martí, que comienza con la desconcentración operativa, también está al frente del despliegue de cuatro programas esenciales para la administración liderada por Llaryora: las Juntas de Participación Vecinal, el Presupuesto Participativo Barrial, el Régimen de Autogestión y el reparto de Ayudas Económicas a los Centros Vecinales.

La importancia de ellos radica en que son medios indispensables para conseguir dos propósitos: el primero, complementar la descentralización integrando el vecinalismo a la gestión; el segundo, que los ámbitos de participación creados para ello sirvan también como vasos comunicantes entre el vecinalismo y el llaryorismo.

Repasemos cómos funcionan estos programas.

Las Juntas de Participación Vecinal se integran por las distintas organizaciones que participan de la vida civil en la jurisdicción de cada CPC, el director de éste último, dos ediles oficialistas y uno en representación de la oposición. Dentro de ellas, los Centros Vecinales tienen mayor peso que el resto de las organizaciones. Estas juntas se dividen, para trabajar, en comisiones. Luego, la asamblea reunida en pleno concluye un Plan de Mejoramiento Distrital que contiene un orden de prelación respecto de cuáles son las obras más importantes a realizarse en la zona. Finalmente, y después de ser aprobado por el Concejo Deliberante, el Ejecutivo licita y lleva adelante las obras, que son incluidas en el presupuesto del ejercicio posterior al año en que fue concebido dicho Plan de Mejoramiento.

El Presupuesto Participativo Barrial, ideado para la realización de micro-obras, presenta algunas similitudes, aunque garantiza mayor inmediatez. En virtud de él, existen fondos líquidos disponibles para la ejecución de obras de menor envergadura en los barrios, y los trabajos a realizarse son direccionados por Talleres de Micro Planificación que también tienen lugar en el ámbito de los Centros de Participación Comunal y de los que, entre otras organizaciones, participan también los Centros Vecinales.

El Régimen de Autogestión es diferente. A través de este programa cada Centro Vecinal escoge un espacio verde situado en las cercanías de su sede y el municipio le entrega un monto determinado de dinero para que pueda ocuparse de su mantenimiento y puesta en valor. Desde luego, existe una instancia de fiscalización en la que el Centro Vecinal debe rendir cuentas del destino de esos recursos.

Finalmente, el programa de Ayudas Económicas está destinado a asistir a los Centros Vecinales para que puedan mantener sus puertas abiertas durante la pandemia, en tanto que se trata de entidades autogestivas que se financian con actividades como ferias, rifas, locros, bingos o el alquiler de sus sedes para eventos, todas ellas vedadas desde el comienzo de la pandemia. Estas ayudas económicas buscan que quienes administran las Centros Vecinales no se vean obligados a cerrar sus sedes y puedan seguir pagando los servicios y gastos fijos indispensables para su funcionamiento.

El desempeño de cada una de estas iniciativas crea una inmediatez entre la gestión y los centros vecinales muy propicia para que el peronismo pueda engrosar sus filas sumando al vecinalismo, aunque debe repararse en algo. Las directivas apuntan expresamente a no discriminar en el reparto de recursos a centros vecinales que no sean afines al PJ.

Esto, desde luego, no es un gesto de altruismo, sino una decisión estratégica -luego se verá si acertada o no-. La idea del peronismo, o más precisamente del llaryorismo, no es generar territorialidad ocupando espacios con dirigentes afines a costa de desplazar a otros, sino nutrirse de dirigentes vecinalistas a partir de una gestión conjunta.

Todo este arsenal de recursos volcados al territorio tiene, finalmente, un límite: no alterar el equilibrio de los dirigentes territoriales del PJ en las seccionales dando ventajas a algunos en desmedro de otros; y un objetivo a largo plazo: preparar el terreno -mediante todas estas instancias de contacto previas entre los Centros Vecinales y la gestión- para que, atenuada la pandemia, Llaryora recorra los barrios y pueda consolidar su relación con el vecinalismo.