Subsidios de tarifas crecen pero no para el interior

En Córdoba, en enero se descongeló la tarifa de Epec y ya se aprobaron dos aumentos. Para la energía no hay giros de Nación. En el caso del transporte urbano, las empresas insiste en que el boleto debería costar $80. El Amba recibe cuatro veces más ayuda nacional que el interior.

Los subsidios económicos saltaron más de 100% en 2020 y crecieron casi 80% interanual en el primer trimestre duplicando a la inflación. Por la forma en cómo vienen ganando peso como porcentaje del PBI, pasarán de 1,6% en 2019 más de 3% este año. En los últimos días el tema fue clave en la interna entre el ala dura del kirchnerismo y el ministro Martín Guzmán. En ese reparto de dinero de la Casa Rosada el interior queda fuertemente relegado frente al Amba no sólo en transporte sino también en energía.

En Córdoba, en enero se descongeló la tarifa de Epec y se aprobó un aumento del 10,7% al que se suma otro igual aprobado ahora por el Ersep. Para la energía del interior no hay subsidios. En el caso del transporte urbano, las empresas insiste en que el boleto debería costar $80. El Amba recibe cuatro veces más ayuda nacional que el interior.

La Nación paga actualmente subsidios por la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas; por el consumo residencial de garrafas; al transporte automotor, ferroviario y aerocomercial; y a otros (sector agropecuario e industrial, provisión de agua y saneamiento y otras empresas públicas). De estas transferencias, las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares.

Según un informe de Ecolatina, el año pasado, los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del producto.

Los subsidios buscan que los cambios de costos no afecten a las tarifas pero se concentran en la zona que le interesa electoralmente a la Nación. El volumen de los subsidios depende inversamente del precio de electricidad y gas pagado por los hogares. Esto es así, en primer lugar, porque los aumentos en el precio unitario que pagan los consumidores reducen el monto que desembolsa el Sector Público por cada Kw o metro cúbico de gas utilizado. Pero, además, porque el uso de energía es sensible al precio (por caso, la demanda residencial trepó 76% entre 2005 y 2015, mientras que el PBI corriente subió la mitad).

Por este motivo, al elevar el precio de estos servicios se reduce su consumo, disminuyendo el monto total a financiar por el Tesoro. Por último, y asociado a lo anterior, porque al necesitarse menos gas y electricidad, la demanda puede cubrirse con producción local, achicando la necesidad de importarlos, lo que es mucho más costoso e insume divisas en poder del Banco Central.

Actualmente, los subsidios vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible, que eventualmente deberá corregirse (aunque más no sea parcialmente).

Esta situación –señala el informe- se remonta a más de una década atrás, cuando la inflación volvió a tomar fuerza sin que las tarifas se actualizarán en línea con esta, generando a la vez inequidades geográficas (al subsidiarse la distribución en el Amba, esta zona pagaba tarifas más baratas que el resto del país). Con Cambiemos se achicaron las ayudas pero en 2019, Mauricio Macri congeló el precio de estos servicios.

El Frente de Todos mantuvo el congelamiento (primero de forma transitoria, por 180 días, y luego de forma más duradera, por la irrupción de la pandemia). Así las tarifas de los servicios públicos perdieron la mitad de su valor en términos reales, generando un desequilibrio relevante.

Subir las tarifas de gas o electricidad no es inocuo: tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria. Desde este punto de vista puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones, ya que las mismas agravarían la caída del salario real en una economía muy golpeada y a poco de las elecciones. A la vez, sumarían tensiones a una inflación que no da tregua.

Hoy el esquema es quienes más poder adquisitivo tienen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad. Este problema de equidad podría ser resuelto diferenciando a los usuarios. En un caso extremo, si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, podría recortarse en 7 puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos.

Esta partida del gasto impacta en las cuentas externas. Las importaciones de energía se multiplicaron por más de 12 desde 2004 hasta 2013, deteriorando la balanza comercial energética. Así, el crecimiento de la actividad del período, pero también el congelamiento de tarifas, hicieron que nuestro país pasara de tener un superávit de USD 6.000 millones por esta vía en 2006 a ser un importador neto de energía por más de USD 7.000 millones en 2013. Pensando en el bajo nivel de Reservas netas y los compromisos con organismos multilaterales de crédito que hay por delante, podemos afirmar que los subsidios son un gasto ineficiente, costoso en pesos y dólares, en un país con un déficit fiscal y una necesidad de divisas importantes.