Voces disidentes objetan la presencialidad en el Manuel Belgrano

Frente el reclamo de un grupo de padres que exige el regreso a una mayor presencialidad en el dictado de clases se levantan las voces de los representantes del claustro de padres y madres que integran el Consejo Asesor de la institución.

En disonancia con el reclamo de un colectivo de padres que demanda el regreso a una mayor presencialidad en el dictado de clases de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano los consejeros Julia Maders y Gustavo Salas expresaron, por el contrario, su preocupación “por la situación sanitaria alarmante y la inminente disposición de que se inicien las clases presenciales” en un comunicado acercado a Alfil.

Maders y Salas son representantes del claustro de padres, madres y tutores en el Consejo Asesor de la institución y, en oposición a la postura cronicada ayer a través de estas páginas, sostenida por un numeroso grupo de padres, hicieron propias las palabras de autoridades nacionales que afirman: “La propuesta de retorno a la presencialidad tal como está siendo formulada en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país es ambigua, imprecisa y temeraria, y resulta de una visión idealizada del regreso a las escuelas que soslaya y desconoce las graves repercusiones psíquicas y emocionales que puede implicar para los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, el temor y la angustia que provoca representar(se) como potenciales vehiculizadores de un virus que saben dañino para sí mismos y sus seres queridos, así como el daño en los vínculos pedagógicos, por la desconfianza que se instala en las relaciones (entre) docentes, alumnos y familias, lo cual obstaculiza las posibilidades de un aprendizaje significativo.”

Tal comunicado continúa expresando que “el retorno en este momento de emergencia sanitaria ignora también la precariedad de recursos con los que cuenta la comunidad educativa en materia de dispositivos, conectividad, acondicionamiento edilicio, higiene, estado de sanitarios, incremento de personal docente y no docente, entre otros, que deben ser proveídos por el Estado en cada una de sus jurisdicciones.”

En el mismo escrito los consejeros adhieren al posicionamiento expresado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) instando “…a las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales a adoptar todas las medidas a su alcance para realizar una evaluación adecuada y rigurosa de la situación y de las posibilidades de presencialidad sin perder de vista la prioridad del derecho a la vida y a la salud.”

Los señalamientos de Maders y Salas van en sintonía con lo expresado por la Asamblea Docente de la institución el pasado 26 de abril cuando ésta denunció que a su juicio no estaban dadas las condiciones para sostener la presencialidad, y declaró que los docentes no volverían a la actividad presencial hasta que estuvieran dadas “las condiciones sanitarias, laborales, tecnológicas y el personal vacunado.”

Tal posicionamiento contó, entonces, con el aval de otro grupo de padres, madres y tutores que, además de respaldar la postura de la Asamblea Docente, solicitó a las autoridades de la UNC que se garantizara “la modalidad no presencial de los establecimientos preuniversitarios, poniendo a disposición los medios y recursos tecnológicos y económicos que eviten la circulación, hasta que la situación epidemiológica disminuya de manera sostenida la curva estadística de contagios y hasta tanto se cuente con nuevas evidencias acerca de la conveniencia de presencialidad.”