Río Tercero: la justicia en el banquillo

Los más de veinticinco años transcurridos desde la explosiones de Río Tercero interpelan a la defensa corporativa que realiza a menudo la justicia (especialmente la Federal) y a muchos dirigentes opositores que, cándidamente, se niegan a realizar los cambios necesarios bajo el pretexto de la división de poderes. No puede ignorarse que existen reformas pendientes sobre la Justicia y que la presente resolución de la Corte Suprema no hace más que ratificar esta necesidad.

Por Pablo Esteban Dávila

Ayer la Corte Suprema de Justicia le puso un tácito punto final a la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. Lo hizo conforme a su tradicional laconismo: “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”. Con ello cerró las puertas a Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino, Marcelo Diego Gatto y Edberto González de la Vega -cuyas condenas fueron ratificadas por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal – a una ulterior revisión del caso. A menos que exista una instancia de la que no existen noticias, el tema acaba de terminarse. En adelante deberán cumplir penas de entre trece y diez años de prisión por haber sido considerados autores del delito de estrago doloso agravado por muerte de personas.

Pero ¿se hizo Justicia? Es difícil sostenerlo, al menos si se entiende que esta, para ser considerada como tal, debe ser impartida en plazos razonables. Ignorar el factor tiempo significa que los posibles culpables puedan gozar de una inmerecida libertad por muchos años y que los inocentes, por el contrario, vivan angustiados por idénticos períodos sin poder gozar de su derecho al honor y buen nombre.

Esta es la razón por la que la historia de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero sea también una historia de la impericia de la justicia federal. Pasaron algo más de 25 años desde que, en la mañana del 3 de noviembre de 1995, se iniciaron las primeras explosiones en la planta de cargas del complejo. Siete inocentes murieron por esquirlas de los proyectiles. Fue un auténtico milagro que las víctimas no se hubieran contado por decenas.

Desde la primera hipótesis oficial (“un accidente”) sostenida inicialmente por el expresidente Carlos Menem hasta la condena por los responsables del estrago hubo múltiples hipótesis de lo que allí había ocurrido. Finalmente, triunfó aquella que sostenía que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995.

A los tiempos exasperantes de la investigación judicial le siguieron la tradicional plétora de recursos, nulidades e impugnaciones. Hubo un primer fallo absolutorio del conjuez Diego Estévez en 2006 que luego fue revocado y, en 2014, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba dictó las sentencias ahora confirmadas por la Corte Suprema. El propio Carlos Menem, que había sido sobreseído por la Cámara Federal de Córdoba a comienzos de 2014, tenía que, sin embargo, enfrentar a inicios de este año un nuevo juicio oral y público debido a una decisión la Cámara Nacional de Casación Pena, la que había ordenado revisar el fallo que lo beneficiaba. Su fallecimiento hizo que el debate, en su caso, se tornara abstracto.

Un cuarto de siglo para resolver un expediente judicial es un plazo excesivo, aun aceptando que podía tratarse de una temática compleja. No hay posibilidad alguna de justificar semejante mora. Incluso puede ocurrir que muchos de los condenados se libren de dar con sus huesos a una cárcel común porque, debido a su edad, se encuentren en condiciones de solicitar una prisión domiciliaria. La biología no se detiene por el hecho de que los tribunales no acierten a hacer bien su trabajo. Esto también conspira contra una administración de justicia oportuna y eficaz. De hecho la señora Ana Gritti, vecina de Río Tercero y la verdadera impulsora de esta causa (su esposo fue una de las víctimas de la voladura) falleció en 2011 sin que sus demandas pudieran hacerse realidad en vida. “Si la Justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”, le dijo a La Voz del Interior un año antes de su muerte y advirtiendo por la excesiva demora del proceso que, por entonces, ya contaba con quince años. Tuvieron que transcurrir otros diez para que finalmente concluyera.

Todo esto interpela a la defensa corporativa que realiza a menudo la justicia (especialmente la Federal) y a muchos dirigentes opositores que, cándidamente, se niegan a realizar los cambios necesarios bajo el pretexto de la división de poderes. Lo cierto es que existen reformas pendientes y que este precedente no hace más que ratificar esta necesidad.

Claro que tampoco ayuda al asunto el hecho de que sea el kirchnerismo el más interesado en llevar adelante una profunda revisión sobre cómo funcionan los tribunales. Lejos de poner énfasis en la eficiencia o la modernización de sus procedimientos, su propósito es crear un servicio de justicia subordinado a la política, es decir, una extensión de los propios fines del gobierno en el dominio de jueces y fiscales. El equilibrio que parece imperar en la actualidad entre opositores aferrados al estatus quo y militantes reformistas no hace otra cosa que perpetuar la anomalía que suponen los plazos involucrados en este caso.

¿Cómo quebrar esta parálisis? Simplemente con argumentos técnicos. Muchas provincias, incluida Córdoba, han realizado profundas modificaciones a sus sistemas judiciales, hasta ahora, con resultados prometedores. Esto, por supuesto, no excluye la venalidad, pero al menos genera procesos mucho más económicos en el uso del tiempo, incluso para causas en las que se ventilan acusaciones de corrupción que, por lo general, parecen ser más complejas que el resto. En el ámbito federal esta tarea no solo se encuentra inconclusa, sino que no ha sido tan siquiera iniciada.

La voladura de la Fábrica Militar ya tiene culpables condenados y la ciudad de Río Tercero puede que comience a cicatrizar sus heridas a partir de este hecho. Sin embargo, junto a Franke, Cornejo Torino, Gatto y González de la Vega también debería estar el propio sistema de justicia entre los condenados o, cuanto menos, en el banquillo de los acusados. Nada parece ser definitivo después de tanto tiempo; el transcurso de los años aleja los hechos del análisis oportuno, genera mitos, olvidos y presiones que, inicialmente, tal vez no hubieran existido. Lo sucedido debería impulsar al Congreso a trabajar seriamente sobre una modernización del Poder Judicial que, con las pruebas a la vista, resulta indispensable.