Por Yanina Soria
La Legislatura de Córdoba adhirió ayer a lay nacional que regula el uso medicinal del cannabis y sus derivados, siendo la provincia una de las últimas en plegarse a la normativa que fue sancionada en el 2017 y cuya nueva reglamentación se aprobó el año pasado.
Hace un mes el gobernador Juan Schiaretti enviaba el proyecto al parlamento provincial, con claras instrucciones hacia su bloque de darle prioridad en el tratamiento y posterior sanción.
El debate generó fuertes críticas del Arzobispado cordobés y el Concejo Pastoral Evangélico de Córdoba que en las últimas horas reprocharon de manera conjunta la “premura en el tratamiento” frente a “una decisión con consecuencias sociales tan evidentes y dramática para los jóvenes” dice la carta enviada a cada uno de los legisladores de la provincia.
Objetaron además la reglamentación de la ley por presentar “una serie de facilidades para el acceso del autocultivo y cultivo solidario que verdaderamente nos preocupa” expresa el texto que, entre otros, lleva la firma de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis que maneja Carlos Ñáñez, hombre de buen vínculo con el gobierno de Schiaretti.
Lo cierto es que la iniciativa del Ejecutivo que fue compatibilizada con proyectos ya presentados por los legisladores oficialistas Franco Miranda y Laura Labat, y Luciana Echevarría del MST, avanzó y se basa sobre los ejes transversales propios de la normativa nacional.
Estos se refieren a la producción, priorizando la “eventual industrialización a través de los laboratorios públicos” y a la “provisión” del aceite y/o sus derivados de forma gratuita a personas inscriptas en un registro nacional. Las provincias podrán adherir a través de “convenios que se celebren con la Autoridad de Aplicación” asignada al Ministerio de Salud de la Nación.
La ley nacional establece que “las acciones de promoción y prevención deben estar dirigidas a las personas que, por padecer una enfermedad bajo parámetros de diagnósticos específicos y clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se les prescriba como modalidad terapéutica el uso de las plantas de Cannabis y sus derivados”.
Ayer, con el apoyo de todos los bloques a excepción de Encuentro Vecinal Córdoba (rechazó) y la Coalición Cívica (se abstuvo), Córdoba se sumó entonces a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 21 provincias argentinas que ya adhirieron a la normativa. La normativa provincial fomentará el autocultivo y obligará a las obras sociales a garantizar el aceite de cannabis a los pacientes que lo necesiten para sus tratamientos.
“Con esto, queda atrás la clandestinidad obligada que implica para un gran número de personas procurarse su medicina. Se atraviesa la barrera que limita a aquellos que no tienen recursos económicos para obtenerlo y comienza a resolverse un problema que tiene profundas raíces discursivas, que se nutre de tabúes, estigmas, ignorancias o simple indiferencia, pero que conduce irremediablemente a hacer más difícil la vida de las personas”, dijo el legislador Miranda durante su exposición.
Por su parte, en su intervención, Echevarría hizo referencia al comunicado religioso de crítica al tratamiento. Dijo que es “insólito” que la Iglesia hable de premura “cuando Córdoba está llegando prácticamente última a la adhesión, se podría decir -por el contario- que se ha perdido un tiempo muy valioso”.
