Es Cristina, no la Corte, la que subvierte el orden institucional

La acusación de Cristina a la Corte desafía su propia praxis en eso de “golpear las instituciones democráticas”. Después de todo fue precisamente ella quién no dudó en subvertir el orden político al nominar a alguien sin peso específico para que ocupase, en su reemplazo, la máxima responsabilidad del país. ¿O no debería reputarse de antidemocrático, conspirativo, ocultar el verdadero poder detrás de un actor de reparto liderando una administración de cotillón, tal como ha quedado en evidencia con el affaire Basualdo?

Por Pablo Esteban Dávila

Para los amantes de los títulos catástrofe, la Corte Suprema acaba de asestar un golpe durísimo al presidente de la Nación. Al sostener que la educación es una competencia originaria de las provincias y que, por tal razón, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desmanteló las pretensiones del DNU de Alberto Fernández de regresar a la educación puramente virtual en el AMBA y ratificó la presencialidad defendida por Horacio Rodríguez Larreta.

El fallo de los supremos, sin embargo, resultaba completamente esperable. Solo un fanático podría sorprenderse de los allí dispuesto. En efecto, la política educativa pertenece a las provincias. El Ministerio de Educación de la Nación no tiene ni una sola escuela. Y, si de la emergencia sanitaria se trata, también los argumentos de la Corte resultaron previsibles: “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país (…)”, sostuvo Carlos Rosenkrantz en su voto, agregando que esta “no crea poderes nuevos”. El respeto a este apotegma, mirando hacia atrás, hubiera evitado a los grandes dictadores de la historia, incluido los que gobernaron a la Argentina entre 1976 y 1983 y que tanta irritación producen en el kirchnerismo hasta la fecha.

Por lo tanto, la batalla presidencial por la virtualidad forzada estaba de antemano perdida. Fernández se metió solo en un problema con un final cantado. Al defeccionar de negociar con Larreta sobre el posible cierre de escuelas le brindó al jefe de gobierno porteño una oportunidad dorada de plantar bandera sobre la defensa de la educación y de las libertades públicas. Ahora tiene un portento opositor que le hace frente.

Por lo tanto, la Corte no hizo nada distinto a lo que debía hacer, aunque Alberto sobreactúe su angustia al ver “la decrepitud del Derecho convertido en sentencias”. En realidad, el gobierno se indigna con la ley de la gravedad. Aunque el alto tribunal así lo hubiera querido habría sido imposible ayudarlo; las reacciones de la Casa Rosada desnudan la impotencia que produce su propia impericia.

Es notable que, a este respecto, Fernández no atine a otra cosa que a continuar apelando a su decadente decisionismo sanitario: “Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente y, contra eso, que dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”, sentenció ayer a poco de conocerse el fallo. Pero la advertencia de hacer lo que el presidente cree que debe hacer no tranquiliza prácticamente a nadie; deben quedar muy pocos argentinos que todavía confíen en que él los está cuidando con acierto, especialmente luego de la traumática experiencia del año pasado.

Podría suponerse en que Alberto, en su condición de máximo agraviado por el decisorio de la Corte, reaccionaría del modo que lo hizo, pero esto no aplica a Cristina Fernández de Kirchner por defecto. La vicepresidenta, a diferencia de sus anteriores silencios sobre temas que afligen al primer magistrado, tampoco se privó de cargar furibundamente contra los supremos, con palabras fuertes, muy fuertes. “Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño (toda vez que) la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”.

Esto no es cierto. La Corte nada dice de las facultades del Ejecutivo al respecto, solo advierte sobre que estas no pueden soslayar los principios constitucionales básicos, tales como el federalismo. De hecho, ni Donald Trump en su momento ni Jair Bolsonaro -ambos presidentes de sendos sistemas federales- pudieron imponer sus criterios a los diferentes estados que integran sus países. Para los Estados Unidos y Brasil siempre fue claro que la última palabra la tendrían los gobernadores y que el poder central solo podía sugerir medidas en temas tales como cuarentenas o cierre de escuelas. Lo que se vivió en la Argentina durante 2020 fue, claramente, una anomalía constitucional solo respaldada en un comprensible temor común ante una amenaza desconocida y sus consecuencias.

La filípica de Cristina también desnuda su obsesión con su propio decurso judicial. Ella sabe perfectamente que las causas en las que se encuentra más comprometidas (ruta del dinero K y Hotesur) terminarán indefectiblemente en el alto tribunal, integrado por los mismos que ahora defraudan al presidente de la Nación. E, imagina, estos no dudarán en bajarle el pulgar debido a inconfesables razones de lawfare. Acusarlos de golpistas es una forma de librar una guerra preventiva.

Además, la acusación desafía la propia praxis de la vicepresidenta en eso de “golpear las instituciones democráticas”. Después de todo fue precisamente ella quién no dudó en subvertir el orden político al nominar a alguien sin peso específico para que ocupe, en su reemplazo, la máxima responsabilidad del país. ¿O no debería reputarse de antidemocrático, palaciego, ocultar el verdadero poder detrás de un actor de reparto liderando una administración de cotillón, tal como ha quedado en evidencia con el affaire Basualdo?

Cristina acusa a los demás, se trate de jueces, oposición o periodismo, de conductas que ella misma recurre a menudo. Si, conforme su visión, los medios manipulan a los tribunales para que la hundan en el descrédito y cercenen su prestigio, cuando no para que reemplacen directamente a las autoridades electas que les son afectas, ¿qué queda entonces para sus propios actos? No es preciso ser demasiado sagaz para comprender que, detrás del ticket Fernández – Fernández se ocultaba una manipulación a gran escala de la voluntad popular, una engañifa que, más temprano que tarde, terminaría por ser desenmascarada.