Como ganarle a la inflación sin trabajar

Con planes sociales que le ganan a la inflación, los incentivos para permanecer en la pobreza son poderosos, al punto tal de que, en rigor, hay muchísimos argentinos que, literalmente, trabajan de pobres. Sus ocupaciones, por supuesto, no se homologan a las de un asalariado, pero no obstante requieren de ciertos esfuerzos, tal como se advierte en forma cotidiana en la capital nacional del asistencialismo, esto es, el conurbano bonaerense.

Por Pablo Esteban Dávila

La Argentina es un país extraño, que duda cabe. De permanecer en el top ten mundial durante la primera parte del Siglo XX a este presente de decadencia y pauperización, no hay muchas cosas que todavía puedan causar sorpresa. Aunque, pensándolo bien, sí queda algún margen para el asombro, por caso, que quienes no trabajan se defiendan mejor de la inflación que quienes efectivamente lo hacen.

Esto debería ser un contrasentido. La inflación es particularmente nociva para los pobres quienes, en su gran mayoría, se encuentran desempleados o se desempeñan en la formalidad. Hay miles de artículos que explican la correlación entre inflación y pobreza. No obstante, la ciencia económica debe callar cuando se analiza lo que actualmente sucede en la Argentina.

La primera razón es que hay mucha gente que no trabaja pero que, sin embargo, tiene ingresos regulares y periódicos bajo la excusa de la vulnerabilidad social. Esto determina que existan millones de personas que cobran por no hacer nada gracias a un amplio arsenal de planes sociales sufragados por el Estado nacional. Para cualquier extranjero esto sería una suerte de oxímoron, pero los argentinos han naturalizado esta anomalía como algo cotidiano. Se calcula que alrededor de 10 millones -si no más- gozan de estos beneficios.

El segundo motivo es que los montos de estos subsidios se actualizan a un ritmo mayor de la inflación, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav). El estudio consigna que “una familia que percibe una AUH (Asignación Universal por Hijo) recibió más de 43 mil pesos de lo que hubiese recibido si sus ingresos actualizaban por inflación”, totalizando unos 79.228 pesos anuales contra algo más de 35 mil pesos si el gobierno no hubiera procedido con este criterio.

Esto es sorprendente. Si se considera que el aumento del índice de precios al consumidor, en 2020, fue de algo más del 36%, el incremento que se consigna para la AUH supera largamente este indicador. Es posible que esto también ocurra con el resto de los planes sociales. Esta constatación contrasta con, por ejemplo, la paritaria del gremio de empleados de comercio (el sindicato con mayor cantidad de afiliados), la que cerró en torno al 32%. Parece increíble, pero es cierto. Si alguien no trabaja le gana a la inflación.

Existen también otras rarezas, típicamente criollas. Por ejemplo, el salario mínimo, vital y móvil fue fijado recientemente en algo más de 21 mil pesos, una cifra menor de la que recibe una familia beneficiaria de planes sociales. Según el portal Chequeado.com, en 2020 aquellas recibieron un promedio de entre $ 26 mil y $ 30 mil pesos mensuales, dependiendo de la edad de sus hijos y considerando una media de dos beneficios por cada núcleo familiar. Es decir que se cobra menos por trabajar por el mínimo que por estar desempleado o, lo que resulta más polémico, por no buscar trabajo alguno. Nada hace suponer que esto vaya a cambiar en el año en curso.

Con este estado de cosas y como es fácil deducir, los incentivos para permanecer en la pobreza son poderosos, al punto tal de que, en rigor, hay muchísimos argentinos que, literalmente, trabajan de pobres. Sus ocupaciones, por supuesto, no se homologan a las de un asalariado, pero no obstante requieren de ciertos esfuerzos, tal como se advierte en la capital nacional del asistencialismo, esto es, el conurbano bonaerense.

Pueden enumerarse algunas de las energías que les son requeridas: marchar por la vía pública para pedir más planes o por las correspondientes actualizaciones, cortar calles y avenidas, vandalizar la propiedad pública y privada y, cada dos años, servir de carne de cañón electoral para punteros, movimientos sociales o partidos de izquierda, todo esto solventado con el 20% del país que todavía paga impuestos.

Los que gestionan el negocio de la pobreza, además, lo hacen con una admirable constancia. No solo porque movilizan miles de seguidores sin más preocupaciones que mantener sus planes, sino porque, además, son interlocutores privilegiados del actual gobierno. El presidente Alberto Fernández, por ejemplo, acaba de ordenar que se vacune a unas 70.000 personas que trabajan en comedores y merenderos sociales bajo el argumento de que estos lugares son esenciales en los barrios populares, dado que atienden a decenas de miles de vecinos con asistencia alimentaria y que -agregamos- también cobran los planes que el gobierno prodiga urbi et orbi.

Es claro que se trata de un privilegio enervante. Todos los trabajadores que están en contacto con otras personas tienen los mismos riesgos. Pero para la ideología del pobrismo todo parece justificarse con la apelación a los más vulnerables y a la aparente intangibilidad de la miseria. El asunto es tan estructural que, en ciertos sectores sociales, ya conviven hasta tres generaciones que no necesitaron trabajar para poder vivir.

¿Cuándo puede durar este orden de cosas? El Estado emite 22 millones de cheques mensuales para pagar jubilaciones, pensiones y planes sociales. Los subsidios también alcanzan a capas medias y altas de la población a través de tarifas atrasadas, precios máximos o empleo público de dudosa productividad. La Argentina, que desde la década del ´50 se enamoró del Estado, se ha vuelto ahora su esclava mediante una relación tan sádica como masoquista. Y los pobres, este segmento que monopoliza el discurso público, constituyen la coartada para justificar y mantener esta aberración, con las consecuencias a la vista. Es increíble que buena parte de la clase política todavía insista en considerar al Estado como el gran justiciero toda vez que, cuanto mayor es su influencia e intervención en la vida social y económica, tanto más injusto se vuelve el país.