La agroindustria cordobesa, en contra del gobierno nacional a dos vías

Son aliados del gobierno provincial y tienen posiciones similares sobre control del mercado de carnes, retenciones y biocombustibles. La Mesa de Enlace de Córdoba se declaró en alerta, mientras que en Diputados, las cámaras productoras de biodiesel y bioetanol rechazaron el proyecto del Frente de Todos del nuevo régimen para el sector.

Por Bettina Marengo
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biocombustibles agroindustria senadoEl mismo día que empresas del sector biocombustibles expresaron -con excepciones- su rechazo al proyecto de ley que comenzó a debatirse en la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba advirtió sobre posibles “medidas” contra “la escalada intervencionista del Gobierno nacional en los mercados agropecuarios”. En concreto, se trata de las acciones que la Casa Rosada está implementando para intentar contener los precios al consumidor desde el inicio de la cadena productiva, como el control de la exportación de carne o el incremento en las retenciones a las exportaciones de granos.

La posición del ruralismo provincial quedó fijada en un comunicado firmado por las entidades que representan a los empresarios del campo, Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Cartez Tercera Zona y Federación Agraria Argentina, donde manifiestan su malestar por la Declaracion Jurada de Operaciones de Exportadores de Carne que calificaron de “una recreación de los tristemente célebres ROE”.  En un texto titulado “El campo cordobés en alerta y movilización”, aseguraron que “sobrevuelan los fantasmas del desastre productivo que provocó por entonces la intervención de la fórmula Cristina Kirchner-Guillermo Moreno en la cadena de ganados y carnes”. Además, las organizaciones repudiaron supuestas “presiones ejercidas sobre operadores para que no compren hacienda en el Mercado de Liniers”, que fueron desmentidas por el gobierno, y anunciaron que acompañarán a la Comisión de Enlace nacional “a tomar las medidas que se consideren necesarias”.

Casi en simultáneo, en la Cámara alta comenzaba el tratamiento de la iniciativa del Frente de Todos para reemplazar el actual marco de Regulación de los biocombustibles. El anfitrión fue el presidente de la comisión de Energía, Omar Félix, del Frente de Todos.

En síntesis, las cámaras del sector que participaron de la reunión informativa pidieron la prórroga de la ley 26.093, que vence el próximo 12 de mayo. Es la posición que mantiene el gobierno de Juan Schiaretti, cuya alianza con el llamado complejo agroindustrial y exportador de Córdoba es una de las razones de sus distantes relaciones con el gobierno de Alberto Fernández.

Si bien el gobierno de la provincia “hermana” de la Región Centro, Santa Fe, a cargo del peronista Omar Perotti, también pidió la prórroga del régimen de promoción de biocombustibles (que data del gobierno de Néstor Kirchner), el mandatario es aliado al Frente de Todos y no militó públicamente el tema. Ayer, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) fue de las pocas que apoyó la decisión del Frente de Todos de avanzar hacia una nueva ley. En un comunicado titulado “La ley de Biocombustibles debe salvar el mercado interno del sector”, resaltó la “vital intervención que tuvo en todo este tiempo” tanto Perotti como su Secretario de Industria, Claudio Mossuz.

A fines del año pasado, el Senado aprobó la prórroga de la actual normativa por cuatro años. Pero la Casa Rosada dio marcha atrás y decidió luego avanzar hacia un nuevo régimen. Uno de los objetivos es evitar que el precio internacional del maíz y de la soja, materias primas de bioetanol y biodiesel, impacte en el precio final de los combustibles en surtidor. La misma posición de los productores fue la que sostuvieron los diputados de Juntos por el cambio y del bloque Consenso Federal que participaron de la reunión, que fue en modo virtual.

La principal objeción al texto que firmaron catorce diputados oficialistas es a la reducción de la participación del biodiesel en el corte del diésel carbónico. La nueva ley achica del 10 al 5% la mezcla, pero la Secretaría de Energía podría mover ese porcentaje en una banda que va del 3 al 9%, según los precios de la soja. En el caso del bioetanol, se elevó (a pedido de los diputados del Frente de Todos por Córdoba) del 10 al 12%, con seis puntos para el que se elabora a base de maíz y seis puntos para el que está hecho a base de caña de azúcar.

Entre los expositores del encuentro estuvo José Vicente Porta, de la empresa cordobesa Porta Hermanos y referente de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO). El empresario habló en representación de productores de bioetanol a base de maíz y pidió la prórroga: “Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir demorando ninguna decisión, porque en el medio hay empresas y gente que ha seguido trabajando”, sostuvo. La empresa fue denunciada por contaminación ambiental en el barrio San Antonio, con presentaciones judiciales de parte de vecinos y ambientalistas. Toda una paradoja teniendo en cuenta de que uno de los argumentos de los empresarios es el menor impacto ambiental de los biocombustibles en relación a los tradicionales de origen fósil, algo que en el caso del biodiesel muchos especialistas ponen en duda.