Fiscalización, otro cable de alta tensión que cruzará los CPC

La descentralización de las Áreas de Inspectoría -que siempre han sido un segmento sensible dentro de la Secretaría de Gobierno- irradiará sus complejidades hacia los CPC. Participación Ciudadana, cartera de gran potencial en términos de construcción política, sumará un nuevo frente al de los obradores: los inspectores.

Por Felipe Osman

La sanción de la nueva Ordenanza de Habilitaciones, aprobada por el Concejo Deliberante con un respaldo casi unánime el último jueves (sólo el FIT votó en contra), trae consigo mucho más que un nuevo régimen de Habilitaciones Online para el grueso de los establecimientos afectados al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios.

Más allá de que esa la carta de presentación con la que el Ejecutivo ha decidido dar a conocer la iniciativa, la nueva regulación prevé algunos otros cambios de gran importancia en los mecanismos de fiscalización que no sólo tendrán impacto en asuntos íntimamente relacionados a la gestión, sino también en el desarrollo de la política intra-muros del Palacio 6 de Julio.

Por ejemplo, ya en su artículo 5to la ordenanza -que aún no fue publicada en el boletín oficial- preverá, de respetar el texto original del proyecto, que la autoridad de aplicación de la norma es la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Habilitaciones, y que ésta podrá, por razones fundadas en la descentralización administrativa y territorial, “delegar sus funciones en áreas competentes de los Centros de Participación Comunal”.

Esa sola oración blanquea dos asuntos: el primero, las modificaciones en el proceso de habilitación de negocios van mucho más allá de la mera informatización del procedimiento, que trae consigo -como ya se había adelantado desde estas páginas- un cambio integral en los mecanismos de fiscalización que implica la descentralización de las Áreas de Inspectoría.

En otras palabras, a la desconcentración operativa del municipio, que se materializará en la (postergada) inauguración de las bases operativas de cada CPC, no vendrá sola, y a las complejidades que demande su puesta en marcha se sumará también la problemática relacionada a la descentralización de las Áreas de Inspectoría, que empezará a sumar presencia en cada uno de los Centros de Participación Comunal.

La segunda consideración, más allá de las derivaciones que estos cambios traigan aparejados en asuntos puros de gestión, es política.
La estructura orgánica diseñada por el PJ al tomar el mando de la ciudad prevé 12 secretarías, pero de entre ellas destacan dos por su capacidad para construir políticamente: la de Gobierno, por fungir como una suerte de Secretaría “de Coordinación”, con juego en todas las carteras; y la de Participación Ciudadana, por el enorme desarrollo territorial que implica controlar 13 CPC desplegados a lo largo y a lo ancho de la ciudad, por la importancia de los programas que lleva adelante y los recursos con que cuenta para su ejecución, y por la centralidad que el propio intendente ha dado a la descentralización del municipio, que es junto a la modernización de la ciudad uno de los ejes cartesianos del programa de gobierno trazado por Martín Llaryora.

Ahora bien, las dos referidas carteras están ocupada por Miguel Siciliano (Gobierno) y Juan Domingo Viola (Participación Ciudadana). Dos dirigentes que construyen en el territorio y que imaginan, en un futuro no tan lejano, una proyección política más allá de los lugares que actualmente ocupan. De más está decir que el camino se enangosta cuando se acerca a la cima.

La descentralización de las Áreas de Inspectoría -o de sus funciones, si el eufemismo gusta más- implica, si no en lo formal en lo material, que Participación Ciudadana deberá tomar parte en la gestión de una problemática que antes era de responsabilidad exclusiva de Gobierno y que, trascartón, es de especial sensibilidad.

Por el resto, vale especular con apenas algunas de las dificultades que podría sumar la secretaría a cargo de los CPC. Por ejemplo, al momento de trasladar personal desde el área central hacia los Centros de Participación Comunal, ¿cómo se seleccionará a los inspectores que cambien de lugar de trabajo?, o incluso después de que ese asunto sea resuelto, ¿cómo se dará la convivencia entre los pocos inspectores que ya prestan funciones en los CPC y los que lleguen desde el área central, teniendo en cuenta que suelen ser agentes especialmente celosos de su territorio y de sus intereses?

Apenas dos de las tantas preguntas que por estos días deben preocupar en Participación Ciudadana, y que probablemente conlleven un alivio para Gobierno.