La inminente privatización de la violencia legítima en Neuquén

El poder no tolera el vacío. Si quienes lo detentan no lo aplican, otros tomarán su lugar. Los autoconvocados están generando desabastecimiento y quebrantos en un área estratégica para toda la Argentina. Hay centenares de empresas y miles de trabajadores afectados. No debería ser motivo de sorpresa, por lo tanto, que estos últimos se propongan intervenir por su cuenta ante la defección de los poderes públicos, con imprevisibles consecuencias.

Por Pablo Esteban Dávila

Max Weber definió al Estado, acertadamente, como la organización que monopoliza la violencia legítima. Esto significa que es el único, entre la pléyade de actores que integran la vida social de un país, que se encuentra autorizado para preservar el orden mediante sus fuerzas de seguridad (cuando las amenazas provienen desde adentro) o las fuerzas armadas, en el caso de un conflicto externo.

En la Argentina, sin embargo, hace rato que el Estado ha abdicado de esta prerrogativa, que es tanto un derecho como un deber. Ni las fuerzas federales ni las provinciales parecen capaces de llevar adelante ningún tipo de acción tendiente a garantizar derechos constitucionales ante determinados grupos que, bajo diferentes pretextos, impiden la libre circulación de bienes y personas o se arrogan potestades sobre el espacio público que no claramente no poseen.

Esta abdicación equivale al caos. A nadie le gusta ejercer la violencia legítima -especialmente a los gobiernos democráticos- pero existen ocasiones en que esta resulta inevitable, toda vez que la prolongación de conflictos de dudosa etiología hace que el no hacer nada sea infinitamente peor que hacer lo que corresponde.

Este es, ciertamente, el caso de los trabajadores “autoconvocados” de la salud en la provincia de Neuquén quienes, desde hace quince días, mantienen aislado al estratégico enclave energético de Vaca Muerta y otras poblaciones mediante una docena de cortes de rutas. Sin ingresar al examen detallado del conflicto, que no es el propósito de esta columna, dígase que los manifestantes reclaman al gobernador Omar Gutiérrez un aumento del 40% del sueldo básico del personal sanitario, entre otras demandas.

El atributo de “autoconvocados” confiesa, per se, la falta de una conducción orgánica entre los manifestantes. Esto significa que su sistema de toma de decisiones se basa en un asambleísmo espontáneo en el que, previsiblemente, siempre triunfarán las posiciones ultraístas. Esto es todo lo contrario al funcionamiento de la representación gremial formal, cuyo propósito es acordar institucionalmente con la patronal las mejores condiciones sin llegar a posiciones irreconciliables. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había pactado, precisamente, mejoras salariales para el sector ya en marzo, algo que es rechazado por aquellos.

Es obvio que la algarada es una piedra en el zapato, tanto para el gobierno neuquino como para ATE. Ni el gobernador quiere volver a negociar algo que entiende se encontraba cerrado ni Carlos Quintriqueo, secretario general del sindicato, está dispuesto a aceptar que otros trabajadores pongan en duda su representatividad. El dispositivo que se ha estructurado entre autoconvocados sin vocación negociadora y dirigentes sindicales interpelados por algunos de sus representados asegura un tenso empate en las posiciones en pugna.

Es aquí en donde debería aparecer la figura del Estado a través de sus poderes constituidos. El cálculo es simple: el gobierno de Neuquén es legítimo (Gutiérrez triunfó en las últimas elecciones por un margen amplísimo) y la paritaria de la salud fue negociada en forma pacífica con representantes también legítimos de los trabajadores. Desde un punto de vista formal, el asunto estaría concluido. Obviamente que cualquier integrante de los equipos de salud podría protestar por un arreglo que considerase insuficiente, pero esto no obliga a aceptar que, bajo este pretexto, se conculcasen derechos de terceros, tal como ocurre actualmente.

No obstante, el Estado se encuentra ausente. Pese a lo manifiestamente ilegal de los cortes y su extensión en el tiempo, nadie parece estar dispuesto a dar la orden de despejar las rutas y cumplir con las debidas obligaciones constitucionales, como si el gobernador y el presidente se hubieran resignado a asistir a los acontecimientos en calidad de simples observadores.

Sin embargo el poder, como se sabe, no tolera el vacío. Si quienes lo detentan abandonan sus responsabilidades, otros los suplirán. Los autoconvocados están generando desabastecimiento y quebrantos en un área estratégica para toda la Argentina, no solamente para los intereses neuquinos. Hay centenares de empresas y miles de trabajadores que están siendo afectados directamente por la protesta. No debería ser motivo de sorpresa, por lo tanto, que estos últimos se propongan intervenir por su cuenta ante la defección de los poderes públicos.

Esta posibilidad se encuentra a la vuelta de la esquina. El mandamás del sindicato de petroleros, Guillermo Pereyra, advirtió que “van a darles una lección” a los que ocupan las rutas y que, para ello, va a movilizar a “20.000 o 30.000 trabajadores”. Otros gremios también poderosos se preparan para secundarlos. No se sabe exactamente el alcance de la pedagogía a impartirse. ¿Consistirá en palabras o en puños?

Todo puede suceder. La persistencia de la protestas no solo agravia a los petroleros, sino que amenaza con afectar al resto del país. En materia de producción, asegura el portal Infobae, “ya hay una pérdida diaria de 3 millones de metros cúbicos de gas y de 5.000 barriles de petróleo, y el volumen de pérdidas aumenta cada día”. Se estima que hay unos 45 equipos de perforación, fractura y terminación de pozos de petróleo y gas que no pueden operar y otros 10 que podrían paralizarse en lo inmediato. Hay especialistas que señalan que esto repercutirá en la balanza de pagos, obligando a importar gas licuado a través de buques regasificadores por un monto cercano a los 200 millones de dólares. En cualquier caso, las pérdidas diarias por el conflicto alcanzan los 13 millones de la moneda estadounidense, una cifra por demás preocupante.

Puede especularse sobre los motivos por los cuales el presidente Fernández no atina a involucrarse en el problema allende la gravedad del cuadro, pero el más plausible es el ideológico. Detrás de esta protesta se encuentran elementos del kirchnerismo más duro, al igual que las usurpaciones de tierras por supuestos mapuches, avalados implícitamente por diferentes organismos de la propia administración nacional y la teórica responsable de ponerles fin. También debe computarse dentro de este morral el temor reverencial del Frente de Todos a “criminalizar la protesta”, el pretexto siempre a mano para justificar la omisión de restaurar el orden perdido.

El asunto se vuelve todavía más absurdo al recordar que Vaca Muerta es el objeto de deseo de la Argentina potencia. Se trata de una auténtica reserva mundial de gas y petróleo no convencionales que ha merecido, nominalmente, la caracterización de una política de Estado por parte de las administraciones de Cristina Fernández y de Mauricio Macri sucesivamente. Ahora resulta que el propio Estado es incapaz de cumplir con esta declaración teniendo los medios y, lo que resulta más incomprensible, la legitimidad para hacerlo. Si a esto se le suman los últimos dimes y diretes sobre los biocombustibles es inevitable concluir se hace difícil tomar en serio este tipo de propósitos trascendentes.

La deriva sugiere un horizonte inquietante, esto es, que los responsables de liberar las rutas y de asegurar, mediante tal recurso, la continuidad de Vaca Muerta, sean los sindicatos perjudicados por la protesta. Este extremo equivale a suponer que se privatizará tanto el ejercicio de la violencia legítima como una de las políticas estatales de mayor impacto para el futuro próximo. ¿Realmente Gutiérrez y Fernández presenciarán semejante espectáculo de brazos cruzados? La hipótesis de enfrentamientos entre trabajadores en las rutas de Neuquén es una posibilidad cierta, que puede verificarse de un momento a otro. No deja de ser risible que esto ocurra en las narices de un gobierno que hace del culto al Estado el norte de su gestión.