La ciudad-estado de Buenos Aires en Pandemia .

" La autonomía de la ciudad de Buenos Aires en Pandemia "

Por Miguel Ángel Salvay *

La ciudad de Buenos Aires, centro de la una de las “relaciones más dramáticas” de nuestra historia como País, en razón de su situación estratégica en la que se ubica y emplaza, que provocaría grandes desequilibrios a lo largo de nuestra historia, no deja de estar al margen en la actualidad con motivo de las grandes tensiones políticas que se generan en torno a la toma de decisiones con motivo de la Pandemia que nos sigue azotando.

La reforma constitucional del año 1994 consagró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un especial y nuevo status – equiparado a una Provincia, con jerarquía superior a la autonomía de un Municipio. Lo cierto, que se determinó a la Ciudad con un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de Gobierno, Legislación y Jurisdicción, donde su gobierno es elegido directamente por el pueblo de la Ciudad.

Al emanar de la Constitución Nacional, el status de la Ciudad Autónoma no puede ser desconocido por ninguno de los poderes del Gobierno Federal, ni por los Gobiernos Provinciales y Municipales. La Ciudad de Buenos Aires es considerado como una Ciudad-Estado con todos sus elementos característicos al igual que las demás Provincia y Municipios de la Republica.

Además de ello, al determinarse la Capital Federal en la ciudad, no significa que se ha convertido en un territorio federalizado, sino que se encuentra solamente sujeto a jurisdicción federal únicamente en los intereses que le inviste al Estado Federal.

Por su parte la Ley 24.588 que garantiza los interés del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, establece que la Ciudad Autónoma se regirá por las instituciones locales y tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales.

Ahora bien, en virtud del avance inconciliable de la pandemia y en pos de detenerla, el Estado Nacional, ha adoptado medidas en pos de proteger la salud de la comunidad, franqueado en muchas ocasiones la soberanía de los Estado Locales, en los que se encuentra la Ciudad Autónoma.

En lo particular, la educación y la circulación de la población, son competencias estrictamente locales consagradas en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A sus efectos, resulta transcendente señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2020 del 20 de Abril, haya instado especialmente a los Estados a evitar y abstenerse, en cuanto fuera posible, que la situación de excepción afecte en la preservación de los derechos económicos, sociales y culturales y, particularmente, a obtenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejerció de los derechos y libertades del hombre.

Resulta pertinente y necesario, que el Estado Nacional actué en forma interdisciplinaria con los Estado Locales, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien es cierto, que muchas medias dispuestas podrían encontrarse justificadas por la pandemia que nos somete, pero, por otro lado y ante todo, debe respectarse el Régimen de Gobierno Autónomo del Estado de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene el libro ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.

El reconocimiento constitucional de la Régimen de Gobierno de la Ciudad, implica el reconocimiento de potestades normativas extensas en relación a competencias materiales propias, que se hacen efectivas sobre las personas o las cosas que conforman su riqueza local, disponiendo en relación a estas últimas su distribución en el modo y alcance que estimen oportuno, sin más limitación que la que surge del propio texto constitucional. En este marco, cabe precisar que las facultades de la ciudad son amplias, con un criterio propio de oportunidad, mérito y conveniencia a los fines de ser materializadas.

Por todo ello, previo a dictar alguna medida por parte del Gobierno Nacional, consideró oportuno y necesario una concertación constante, oportuna y adecuada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – según las necesidades locales-, bajo riesgo de poner en jaque el sistema Federal de Gobierno consagrado en nuestra Constitución Nacional. De así producirse, se pondría en duda la constitucionalidad de las medidas dictadas sin el consentimiento, consulta y voluntad de la Ciudad-Estado de Buenos Aires.

 

*Abogado Miguel Ángel Salvay, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Catedra de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho – Universidad Nacional de Córdoba, Maestrando en Derecho Administrativo UNC, Asesor en Derecho Público, litigante.