Sanción “exculpatoria” del juez Bustos Fierro

La oposición, previsiblemente, batió ayer el parche sobre los presuntos delitos cometidos en Odontología y pidió la perentoria respuesta del Rectorado al pedido de informes sobre el asunto. Tampoco sorprendió que los mismos que cargan contra la decana Mirta Lutri, procesada también en la causa, abogaran en contra del procesamiento de una veintena de estudiantes que tomaron durante un mes el Pabellón Argentina en 2018.

Por Gabriel Osman

Nazario Kuyumlian, Mirta Lutri, Silvia López de Blanc y Carmen Visvisian.

El Consejo Superior de la UNC volvió a ser ayer, en sesión virtual, caja de resonancia de los desaguisados de la Facultad de Odontología. Se trata del proceso penal abierto en la justicia federal contra un docente de esa unidad académica, Luis Olmedo, quien a través de terceros habría manejado una academia privada, en la cual los alumnos  debían cursar y consecuentemente pagar para prepararse y rendir “exitosamente” la materia Microbiología, cuyo profesor titular es el referido profesor.

La oposición, previsiblemente, batió ayer el parche sobre los presuntos delitos cometidos en Odontología y pidió la perentoria respuesta del Rectorado al pedido de informes sobre el asunto presentado por el decano Gustavo Chiabrando (Químicas), entre otros airados reclamos. Tampoco sorprendió que los mismos que cargan contra la decana Mirta Lutri, procesada también en la causa, abogaran en contra del procesamiento de una veintena de estudiantes que tomaron durante un mes el Pabellón Argentina en 2018. Interrumpieron el funcionamiento de la sede central de administración de la UNC y cometieron desmanes en el restaurante que allí funciona, concesionado a un privado.

Fue una puesta más en escena, esta vez de manera flagrante y simultánea, de la típica doble vara del kirchnerismo nac & pop: autonomía universitaria para dirimir los conflictos internos sin interferencia de otros poderes del Estado o linchamiento selectivo en la justicia, según convenga.

Sobre el caso de Odontología, seguramente el fiscal Hairabedian y luego el juez Bustos Fierro han ajustado sus decisiones a cláusulas  que surgen de la ley y los códigos de procedimientos, al dejar afuera del procesamiento a decanos y funcionarios que han sido parte de las omisiones de denunciar las irregularidades y que ahora -tardía pero políticamente oportunos- levantan el índice acusador. Aun así, es por lo menos curioso que la mayoría de los casos de alumnos, presuntamente apretados para pagar “peaje” en la academia privada para aprobar Microbiología, son de fechas que van de 2000 a 2014, cuando otros eran decanos y funcionarios que conocían el problema y omitían denunciarlo formalmente a la justicia.

Es difícil para un lego pesar con precisión las decisiones de funcionarios judiciales formados para administrar premios y castigos. Menos arduo es recordar aquella famosa sentencia de la ejemplar justicia británica, atribuida al primer ministro de la reina Victoria Benjamin Disraeli: “Para jueces, caballeros; si saben derecho, mejor”.

La investigación fue iniciada por el fiscal Maximiliano Hairabedian ante denuncias que estallaron en las redes sociales en septiembre del año pasado, aunque estas irregularidades han sido un secreto a voces en Odontología desde más de un cuarto de siglo, como que el primer lance del que se tenga memoria se remonta a 1994 -27 años- cuando un funcionario de la Facultad increpó severamente a Olmedo. El incidente terminó en empujones y en alegatos a favor de Olmedo de Beatriz Leyba de Martí ante el entonces decano Nazario Kuyumlian, ambos ya fallecidos.

El juez Bustos Fierro ordenó el procesamiento y prisión preventiva de Olmedo (ya estaba en arresto domiciliario), y de Oscar Casalis y Augusto Massimino como presuntos coautores de “extorsión continuada”, y ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de la actual decana Mirta Lutri, por el presunto delito de omisión de los deberes de funcionaria pública. También les impone embargos a Olmedo, Casalis y Massimino ($ 5 millones) y Lutri ($ 300 mil).

Probablemente, el episodio que precipitó el procesamiento dictado por el juez fue la decisión del Consejo Directivo de Odontología, que preside Lutri, de mantener al profesor Olmedo en el cargo, debido que con 69 años ya había iniciado sus trámites jubilatorios (ver aparte).

Dos precisiones finales: 1) La misma Universidad pero también sus unidades académicas tienen un sistema de gobierno “semiparlamentario” porque el órgano máximo de gobierno son cuerpos colegiados, en uno y otro caso, el Consejo Superior y los Consejos Directivos de cada Facultad. ¿Las decisiones y sus consecuencias no resultan, entonces, compartidas? 2) Para el ritmo frenético de elecciones que tuvo la UNC durante décadas y que ha corregido gradualmente el actual oficialismo, es probable que dos años sin elecciones esté generando un “síndrome de abstinencia” que estalla ahora en vísperas, casi, de la renovación de las autoridades en las 15 Facultades que tiene actualmente.

 

La explicación de Odontología

Las autoridades de Odontología difundieron ayer un comunicado en el que explican por qué debió mantener la relación de empleo con el profesor Luis Olmedo.

Profesor titular con dedicación exclusiva,  de la Cátedra de Microbiología e Inmunología, Olmedo tenía como fecha de extinción del vínculo el 19 de abril próximo. Ante los hechos de público conocimiento, la Facultad dispuso suspender al docente en su cargo sin percibir salario alguno ni poder dictar clases bajo ninguna modalidad. De hecho, está bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, el convenio colectivo de trabajo para docentes de la UNC (Resolución del Consejo Superior número 1222/14), impone la obligación de intimar a aquellos docentes que, aunque se encuentren suspendidos, alcancen la edad de 69 años, a los fines de dar inicio a sus trámites jubilatorios.

Dispone la norma que el docente deberá ser intimado a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndosele los certificados de servicios y demás documentación necesaria para esos fines. A partir de ese momento la Universidad deberá mantener la relación de empleo hasta que el docente obtenga el beneficio y por un plazo máximo de dieciocho (18) meses. Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, la relación laboral quedará extinguida sin derecho a indemnización.

Olmedo alcanzó el pasado 2 de enero los 69 años, por lo que corresponde (aun en la situación judicial en la que se encuentra el mismo a la fecha), ser intimado en los términos del Art. 63 antes mencionado.

Para la Facultad, “el mantenimiento del cargo es una cuestión meramente formal, que de ningún modo implica la vuelta al aula (presencial ni virtual) del Docente imputado y que debe entenderse en el marco de los derechos laborales reconocidos en nuestra Constitución Nacional (Art. 14 bis) y al amparo del principio de inocencia (Art. 18 CN), ya que el docente no ha sido aún objeto de condena judicial ni disciplinaria”.