Te salva el Estado

Las historias de manejos poco éticos en el ejercicio de licencias y dispensas deja en claro quienes son los que tuvieron coronita durante el año del Coronavirus.

La pandemia ha ayudado a desnudar muchas de las mañas y vulnerabilidades de nuestro sistema. La dura cuarentena del año pasado y el miedo al virus ocultaron muchos de los fenómenos que han empezado a verse ahora, a más de un año del inicio de la pesadilla.

Trabajadores informales, autónomos o pequeños empresarios sufrieron particularmente los embates de una crisis que algunos se empeñan en maquillar, porque a esta altura ya es innegable. En el otro extremo de la fuerza laboral tenemos a los que están en relación de dependencia y en blanco, con el subgrupo de los empleados públicos en la cúspide de los que parecen no haberse percatado de las penurias de los menos favorecidos.

El año de virtualidad laboral -o teletrabajo- ha intensificado algunos males propios de un país en el que la productividad de los empleados sigue en descenso desde hace décadas. Con el modelo de los burócratas por delante, miles de trabajadores en blanco esperan alcanzar el mismo estándar de sueldo y obligaciones (mucho del primero por pocas de las segundas).

Las historias se conocen de a montones. Las empresas, con números muy ajustados tras un año en el que no pudieron desempeñar libremente sus actividades, presionan a sus empleados para obtener los mejores resultados posibles. Es que no hay propietarios que puedan imprimir dinero para enfrentar sus obligaciones. Para ellos se trata de vender (y cobrar) o morir.

Así, un poco agobiados por la presión patronal, los trabajadores se aferran a decretos, normativas y dispensas que caprichosamente pensó algún burócrata desde atrás de un monitor en el living de su casa, mientras hace homeoffice en calzoncillos y medias. La suspensión de los despidos y todas las trabas para que los privados sobrevivan se juntan, además, con el trato favorable que se observa entre los que deben su sustento a las arcas del gobierno (independientemente del nivel de gestión del que se esté hablando o incluso del poder en cuestión).

Ayer alcanzó conocimiento nacional el caso de un juez de la provincia de Chubut dispensado desde hace un año por ser población de riesgo. El magistrado incluso rechazó volver a sus tareas habituales en la modalidad virtual, por lo que la ciudadanía chubutense debe pagarle el sueldo a un empleado público bastante remolón.

Lo más grave, claro está, no es la dispensa en sí, que puede responder a la loable finalidad de proteger la endeble salud de las potenciales víctimas de un virus que sigue siendo una profunda y oportuna amenaza para los no inmunizados. Lo verdaderamente irritante es que el señor en cuestión (el juez Daniel Yangüela) se presentó a un concurso de pesca en la ciudad de Puerto Madryn, ganando en su categoría.

Sin barbijo ni distancia, subió al podio a colgarse.orgulloso la medalla, esa que nunca podrá brillar más que su condición de becado por el Estado.

La situación es indignante por muchas cosas, pero particularmente porque es una persona que debería velar por el justo cumplimiento de la ley. Ciertamente no la está transgrediendo, pero tampoco se puede decir que no esté reñido con la ética profesional.

Como para agravar las cosas, Chubut es una provincia quebrada económicamente, al punto en el que la justicia ha obligado al gobierno de Mariano Arcioni a hacer frente a sus deudas (fallo que este último desestimó a través de un decreto que ignora la división republicana de poderes).

También está quebrada socialmente, con conflictos incentivados desde el gobierno nacional entre los dueños de la tierra y los autoproclamados grupos mapuches que reclaman y ocupan la misma.

Finalmente, una provincia en la que casi no ha habido clases en los últimos tres años, que se enfrenta también a la crisis por los proyectos mineros.

Nada de todo eso parece preocupar al juez Yangüela, que es solo un exponente más de todos aquellos que se han visto beneficiados por la pandemia y su no tan azarosa ni meritoria ubicación dentro de la plantilla de empleados de alguna repartición pública. El daño es tan grande que no sólo no les importa, sino que además creen en su sagrado derecho de casta de ocupar esa posición.

Cuando se conocen historias como estas, aquel slogan con el que los divinos adoradores del distorsionismo estatal inflaban para enfrentar la pandemia cobra otro sentido completamente distinto. “Te salva el Estado”, decían. A ellos -los avivados que se aferran a reglamentos, normativas, dispensas y vericuetos para no cumplir con sus obligaciones mientras el resto de los ciudadanos trabaja, produce y tributa para pagarles el sueldo- seguramente sí.