Vacunar es hacer política, pero la política no puede orientar la vacunación

Las denuncias de los intendentes sobre la discrecionalidad en el reparto de vacunas deben ser una alarma para la provincia, que debe mantener la legitimidad de sus decisiones en lo que está por venir.

Por Javier Boher

La pandemia ha sorprendido a muchos países del mundo, que han demorado meses en aprender a lidiar con el Covid-19. Incluso hoy, a más de un año de empezado el calvario, muchos países desarrollados siguen lidiando con una segunda ola que se resiste a ceder.

Para los que miramos las cosas a la distancia, con seis meses de demora, esas experiencias primermundistas nos llegan digeridas por otros, acomodadas a conveniencia o parchadas de manera poco prolija en esos lugares en los que no se alcanza a entender plenamente la información. Así, una combinación de miedo e imprudencia se apodera de los incautos que solamente reciben las noticias de los fanáticos de uno y otro lado de la grieta -que también alcanza al bicho-.

En ese contexto de incertidumbre Argentina se dedicó a esperar, como si hacer la plancha y dejar que trabajen los países desarrollados nos fuese a salvar de lo que todavía está por venir. Después, claro está, se puede llorar para los nostálgicos de la teoría de la dependencia, diciendo que hay que hacer un mundo más justo repartiendo vacunas que nadie quiere pagar.

Ese bien, tan escaso en estos días, se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre oficialismo y oposición, en todos los niveles de gobierno. El escándalo por los vacunados VIP (que todavía hoy se siguen mostrando en redes sociales, orgullosos de su corta edad y de su dosis recibida) ha empezado a generar suspicacias en torno al reparto de vacunas.

Acá en Córdoba no ha faltado un intento de ramificación local de aquel escándalo mayormente bonaerense, frustrado por lo poco contundentes de las pruebas y por un operativo de vacunación considerablemente más prolijo que los de otras provincias, en los que la trazabilidad ha quedado relegada por las trabas burocráticas y el amor eterno por los formularios de papel.

Lo que sí se ha destapado en estos últimos días es la polémica por la asignación discrecional de vacunas, denunciada por algunos intendentes opositores al gobierno provincial. Sabiendo que las vacunas se habían acabado y que quedaba esperar a que nación envíe más partidas, junto a que ya es casi un hecho que van a seguir faltando en los próximos meses, la pelea por las pocas que lleguen se irá intensificando.

Es en ese contexto que muchos intendentes se preguntan, con mucho sentido común -y de la oportunidad-, cuándo le tocará a la población de riesgo de sus localidades ser inmunizada para evitar problemas con posibles brotes de coronavirus.

La discusión, por supuesto, se torna complicada, por cuanto se mezclan razones técnicas y políticas en la forma en la que se distribuyen las vacunas. Ciertamente las ciudades más pobladas han sido las primeras en las listas, lo que resulta bastante lógico: el covid se ha revelado como un problema mayormente urbano, vinculado a la vida al interior de los edificios, la mala ventilación y las grandes concentraciones de gente. Es en esa línea que tiene bastante sentido pensar en que las ciudades más pobladas -o más densamente pobladas- se ubiquen primero en la lista de prioridades.

Por supuesto que las dosis no han llegado solamente a las localidades con más habitantes, sino que también hay otras que -si ese fuese el único criterio- no deberían estar en la lista. Otra vez entran a tallar otras cuestiones, que en un primer impulso llevarían a pensar que se ha privilegiado a las localidades gobernadas por el mismo partido político que la provincia, algo que tampoco es tan claro cuando se revisa la lista.

Seguramente hay otras cuestiones, que los funcionarios provinciales deberían dejar en claro, para decidir a quiénes les corresponde recibir el tan ansiado antídoto. No hay dudas de que debe haber cuestiones de logística o infraestructura que movilicen tal decisión. Puede citarse el caso de Monte Cristo, que hace un tiempo fue noticia porque su población de riesgo debía ser vacunada en Río Primero, pese a que desde la intendencia aseguraban tener un vacunatorio en condiciones.

Lamentablemente para la población de las localidades que aún no han recibido vacunas, la administración de bienes escasos inevitablemente dejará contentos a algunos y disconformes a otros tantos. Independientemente de los criterios técnicos que se puedan esgrimir para justificar la distribución de los bienes en cuestión, la decisión es, en última instancia, política.

¿Tiene sentido duplicar los costos logísticos para hacer llegar vacunas a los más de 400 pueblos, comunas y ciudades del territorio provincial, como para hacer sentir a sus gobernantes que hay “justicia” en la distribución? La pregunta es adecuada, aunque desde un sentido ético abstracto pueda parecer fría y desalmada para con los que corren riesgos en los parajes más recónditos de la provincia.

El gran desafío de todos los gobiernos de los sistemas democráticos,es la rendición de cuentas sobre sus decisiones. Los conflictos emanados de estas últimas son inevitables, pero deben ser bien administrados para evitar que se transformen en problemas políticos insalvables.

Seguramente los pedidos de explicación por parte de los intendentes y jefes comunales que se sienten marginados obtendrán algún tipo de respuesta por parte de las autoridades provinciales. Cardozo y los suyos saben que para mantener la buena imagen del operativo de vacunación que han ejecutado hasta ahora no deben quedar dudas sobre la fundamentación que respalda cada decisión sanitaria, fuente de legitimidad para las medidas que todavía están por venir ante la inminencia de la segunda ola y la escasez de vacunas.