Por Alejandro Moreno
Una “transferencia administrativa” de Ramón Mestre a Marcos Carasso mediante un acta con fecha 23 de marzo, fue toda la pompa y boato que dispuso el oficialismo partidario para la asunción del nuevo presidente del Comité Central. Una vez que la Justicia Federal concluya su trabajo de revisión del escrutinio, y siempre que eso no modifique el ganador, la alianza Convergencia hará un acto más parecido a los de antaño.
Mientras tanto, la interna sigue disputándose en los Tribunales Federales, adonde concurren con sus recursos los apoderados de Convergencia, Eugenio Márquez, y de Sumar, Dionisio Harrington.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro se interesó por las urnas y por la documentación de las mesas impugnadas por unos y por otros, lo que sugiere que podría indicar la apertura de algunas, o de todas las denunciadas. Esta situación podría demorar unos días más la incertidumbre en torno a las nuevas autoridades de la UCR, surgidas de las elecciones internas del domingo 14.
En la alianza Sumar tienen muchas expectativas puestas en la disputa por el Comité Capital, donde según el escrutinio de la Junta Electoral Diego Mestre superó apenas por poco más de 400 votos a Javier Bee Sellares, y también conservan ilusiones de que Rodrigo de Loredo pueda descontar los 1.100 votos que Carasso le sacó en toda la provincia.
El martes, Convergencia pidió al juez que el veedor judicial en el escrutinio radical, Juan Juárez, amplíe su informe sobre la situación en el departamento Punilla, y señaló que después de las elecciones, a la Casa Radical “las urnas ingresaron sin fajas de seguridad y todas abiertas”. También desde la coalición que encabezaron Ramón Mestre y Mario Negri aseguraron que los sumandos “tuvieron la intención de remitir las urnas luego del vencimiento del plazo” para las impugnaciones.
“Teniendo en cuenta la inexistencia de actas para su control previo, llevan a invalidar los datos allí consignados, por cuanto de ninguna manera pueden ser convalidados con la realidad del contenido de la urna, al no contar esta alianza con actas de fiscalización, con la supuesta verdadera voluntad de los afiliados”, agregó el recurso presentado por el apoderado Márquez.
El mismo día, Bustos Fierro contestó a los convergentes que su pedido de ampliación del informe del veedor no sería satisfecho, “en virtud del nivel de elaboración y precisión” de los trabajos que Juárez realizó para el Juzgado. En cambio, pidió más documentación a Márquez, para probar lo que denuncia.
Por su parte, Sumar consideró que los reclamos de Convergencia fueron extemporáneos, porque ocurrieron excedidos los plazos que indica el Código Electoral Nacional. “Han perdido la oportunidad procesal”, indicó el texto elevado a Bustos Fierro por la coalición opositora.
En el recurso, Sumar apuntó que “la regla utilizada por el oficialismo partidario es simple: meter en el lodo a todo, así nada queda”. “En este caso –continuó-, como en otros, la férrea intención de hacer parte al veedor del accionar inescrupuloso del oficialismo partidario, quien tenía a cargo la logística, transparencia y seguridad del comicio”.
“Llamativamente, los apoderados de Convergencia, quienes han usado y usufructuado ‘a gusto y piacere’ las mieles de las frondosas irregularidades llevadas a cabo por la Junta Mayoritaria, quien tenía a cargo el repliegue de las urnas, nada dice al respecto. Es más, pretenden que esa Junta desacreditada acompañe un acta, o constancia de recepción, sin ningún tipo de seguridad o garantía respecto a la fecha en que fue labrada, si es que existió”, agregó.
Congreso
El presidente saliente del Congreso Provincial, Rodrigo de Loredo, convocó a los congresales electos -aunque todavía no han sido proclamados por la Junta Electoral- a la sesión constitutiva del organismo, el sábado 10 de abril.
Ese día, los nuevos congresales deberán elegir la Mesa Ejecutiva, incluido el presidente, los apoderados y los miembros de la próxima Junta Electoral.
