La tentación de la demagogia con las vacunas

Uno de los efectos más nocivos del affaire Ginés tiene que ver con la automática sospecha sobre quien haya recibido una vacuna y que no pertenezca a los denominados grupos esenciales, de entre los cuales sobresalen los equipos de salud. Sin dejar de reconocer -¡como hacerlo!- que el personal sanitario debe figurar entre los primeros en recibir sus dosis.

Por Pablo Esteban Dávila

vacunaciónEn nuestra columna del 10 de febrero pasado: Falsa polémica sobre vacunación a políticos, advertíamos que de ninguna manera podía excluirse al funcionariado de la campaña de vacunación en marcha, a condición de que sus funciones estuvieran vinculadas, de manera directa, a la batalla contra el Covid-19. Aquello fue escrito antes del escándalo desatado por el vacunatorio VIP montado por el exministro Ginés González García; no obstante y a pesar de esto, mantenemos nuestra posición original.

Uno de los efectos más nocivos del affaire Ginés tiene que ver con la automática sospecha sobre quien haya recibido una vacuna y que no pertenezca a los denominados grupos esenciales, de entre los cuales sobresalen los equipos de salud. Sin dejar de reconocer -¡como hacerlo!- que el personal sanitario debe figurar entre los primeros en recibir sus dosis, esto no excluye que otras personas deban receptarlas en forma concomitante aunque no integren aquel colectivo.

Se trata del denominado personal estratégico, una categoría que, lamentablemente, ha sido catalogada en forma tardía y bajo la sombra de la arbitrariedad, pero que sin embargo existe y debe ser priorizada. Se trata de los gobernadores, los ministros de salud y de los integrantes de los organismos que tratan cotidianamente con la pandemia, el COE entre ellos.

Cuando se dice COE debe entenderse la totalidad de sus miembros, no sólo sus conductores políticos. Sería una tontería que, estando disponible el antídoto, los responsables de vérselas con el coronavirus quedasen fuera de combate por haberse infectado. No es que tengan un derecho a vacunarse; están obligados a hacerlo.

Puede pensarse en otros funcionarios que también requieran estar inmunizados, pero esto debe ser una prerrogativa del gobernador a condición de que se den públicas razones para proceder de tal modo. Desgañitarse reclamando que todos deben aguardar su lugar en la fila es pura demagogia. Hay algunos que, debido a sus responsabilidades de gestión, no pueden aguardar que les toque el turno por la sencilla razón que no es razonable exigir a un comandante que marche a la batalla si su casco ni su fusil.

No todos los políticos en funciones ejecutivas están dispuestos a reclamar la validez de esta verdad de Perogrullo. Algunos prefieren montarse en la narrativa heroica de la vacunación, afirmando que se inocularán cuando les toque conforme el cronograma establecido. La primer ministra de Nueva Zelanda es uno de ellos. Jacinda Ardern ha dicho públicamente que no se vacunará hasta que todos aquellos que están en la primera línea (personal sanitario y otros trabajadores esenciales) hayan recibido sus dosis.

Este es un error conceptual. La señora Ardern puede que tenga el derecho de decidir cuando debe vacunarse, pero la primer ministra de Nueva Zelanda no tiene esa prerrogativa. Lo mismo cabe decir para otros mandatarios y funcionarios de menor rango directamente involucrados con las acciones destinadas a erradicar el virus.

En una sociedad civilizada no habría mayores inconvenientes en aceptar estas premisas básicas. Lamentablemente, hace rato que se ha perdido la templanza en Argentina y buena parte del mundo. Aupada en los yerros del oficialismo nacional (que son muchos y catastróficos) la oposición ha descubierto en la campaña de vacunación otro flanco en donde asestar golpes dolorosos.

Alberto Fernández merece en gran medida estos mandobles por la incompetencia que viene mostrando en el asunto y los opositores están en su derecho de propinárselos. Es parte de las reglas del juego. Sin embargo, las generalizaciones no son buenas ni todas las situaciones son idénticas. De momento, no es lo mismo González García que Diego Cardozo, aunque también en Córdoba haya dudas sobre la legitimidad de todos los que se han vacunado hasta la fecha.

El gran problema es que ya nadie se escucha. Cualquier inoculado que salga del canon del personal de salud pasa a integrar la lista de los amigos del poder. No hay lugar para las explicaciones. De inmediato aparecen las denuncias judiciales. Y, lo que es peor, los responsables de decidir el destino de las dosis no se atreven a decir, con todas las letras, que fulano o mengano las recibieron porque forman parte de la estrategia que se ha diseñado para abordar el problema. Punto. No debería ser tan grave.

Lo que sucede es que, tanto en este tema como en tantos otros, lo políticamente correcto es más poderoso que lo correcto a secas. Para los que solo saben denunciar es una tentación irresistible; para los que deberían dar razones las palabras parecen negárseles debido a, precisamente, la exigencia de decir siempre lo que, se supone, la opinión pública quiere escuchar.

Alguna vez, y especialmente en un momento de crisis, los que mandan deberían hacerse cargo de sus decisiones y también de sus equivocaciones, sin echar culpas a otros y defendiendo sus criterios de gobierno. Vacunar a Horacio Verbitsky o a familiares de Sergio Massa, por ejemplo, es una pifia enorme y una afrenta a millones de argentinos que esperan pacientemente su turno, pero hacerlo con los integrantes del COE o con funcionarios vinculados a la salud (o a la educación, o a la seguridad pública) es un asunto perfectamente razonable y que amerita escuchar las explicaciones del caso.

En otras palabras, ni el oficialismo ni la oposición deberían hacer demagogia con la vacuna. Esto no significa renunciar a establecer cronogramas transparentes o abdicar del control político. Nada de eso. Se trata, simplemente, de no actuar con ligereza frente a un asunto complejo y que, literalmente, es de vida o muerte. El gobierno de Fernández deberá responder judicial y políticamente por sus groseras arbitrariedades, como así también las administraciones subnacionales que hubieran caído en similares tentaciones. No obstante, esto no supone que cualquier caso que caiga fuera de lo que se ha sacralizado como intangible sea una manifestación de corrupción o privilegios sin derecho a descargo. Esta presunción no solo que es injusta sino que, peligrosamente, niega a las autoridades una potestad que las leyes les atribuyen para hacer frente a las calamidades que, en ciertas ocasiones límites, deben enfrentar con lo que tienen a mano.