Llaryora abre una mesa de diálogo con los Servidores Urbanos

Tras la protesta de ayer, los “chalecos celestes” agrupados en la cooperativa La Igualdad fueron recibidos por Raúl La Cava, que les aseguró el intendente oficializará en los próximos días un aumento y los convocó a una mesa de diálogo por el resto de sus reclamos.

Por Felipe Osman

La protesta que el martes tuvo por protagonistas a los servidores urbanos agrupados en la cooperativa de carreros La Igualdad llamó la atención de las autoridades municipales que esa misma tarde se reunieron con ellos para contener el conflicto y, llegado el caso, evitar que la tensión termine propagándose a las demás.

Apenas terminada la manifestación los referentes del grupo fueron recibidos por el secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava, y el funcionario se comprometió a que el intendente anunciaría en los próximos días un aumento en los planes que los “chalecos celestes” reciben a cambio de trabajar cuatro horas por día realizando distintas tareas en las 14 seccionales de la ciudad, que van desde la poda y el desmalezamiento de terrenos baldíos a la erradicación de basurales, trabajos de pintura y puesta en valor de espacios públicos, entre tantos otros.

Esa cuota, que actualmente es de 10.000 pesos se incrementará a 15.000 a partir de marzo. Pero, en rigor, el reclamo “salarial” no era el único frente activo, sino que la manifestación también estaba dirigida a presentar otras demandas a las autoridades municipales, a saber, la inscripción de los servidores urbanos en el monotributo social de la Anses, a los fines de que éstos puedan acceder a una obra social y a una jubilación en el futuro, y el equipamiento por parte del municipio de un galpón que la cooperativa espera destinar al reciclado.

Esta última demanda resulta, si se quiere, anecdótica. Desde luego es importante para la cooperativa, pero su satisfacción (o no) no irradiaría efectos sobre las demás. En otras palabras, es una demanda asilada y propia de ese grupo. La inscripción en el monotributo social, por otra parte, es un asunto diferente por dos motivos.

El primero, porque aumentaría las erogaciones que el municipio debe realizar para sostener el programa, ya que “beneficiaría” no a una única cooperativa sino a la totalidad de ellas. El segundo, porque aunque se trata de un instrumento que excluye a los trabajadores en relación de dependencia (art. 31 ley 24.997), podría sentar un antecedente en contra del andamiaje jurídico al que el municipio apela -desde la creación del programa, en 2007- para aludir quedar sindicado como empleador siquiera indirecto de los servidores urbanos.

En suma, es probable que la gestión prefiera mantener mesas de diálogo paralelas con las distintas cooperativas que nuclean a los servidores urbanos y, llegado el caso, se incline por satisfacer demandas puntuales de cada una de ellas que no irradien sus efectos sobre las demás.

Desde luego, podrá hacerlo en la medida en que éstas no empiecen a cohesionarse para llevar adelante reclamos colectivos, y allí estará la ductilidad de quien esté a cargo para evitar que ese escenario se configure, por acción de interesados directos o indirectos en el asunto.