Alberto y los guardias del Titanic

La crisis alcanzó al gobierno, que sigue desorientado y no sabe cómo resolverla. Mientras tanto, no son pocos los que se comportan como los guardias del Titanic.

Por Javier Boher
Las crisis políticas no se buscan, se encuentran. Tampoco dependen exclusivamente de la impericia o la impudicia del gobierno en funciones, sino del modo en el que la ciudadanía reacciona a esa performance. Así, deben reunirse varias condiciones para que una se desencadene.
Accidentalmente, sin esperarlo, el gobierno se topó una crisis que no puede manejar. Eso, a diferencia de lo anterior, es responsabilidad directa de los que gestionan. La muñeca del conductor y sus laderos es clave para superarla.
Ni el hecho puntual ni la práctica de fondo son extrañas para un gobierno argentino. Todos benefician en mayor o menor medida a los suyos, así como en todos hay algún grado de discrecionalidad en el manejo de lo público (aunque haya diferencias sustanciales de grado). Pese a ello, esta vez hubo algo que sacó a flote algo que se festeja por debajo de la superficie.
Tal vez sea la malaria económica, la falta de trabajo de calidad, la inflación en los bienes de consumo básicos, la inseguridad en la calle o las mezquindades de los políticos, que documentan tan bien su vida en las redes sociales que ya no pueden impostar públicamente una personalidad diferente a la que tienen. Es difícil saber por qué, pero los atrapó la tormenta.
El gobierno se volvió a contradecir como muchas veces previamente, pero esta vez se trata de un tema demasiado sensible para muchos que añoran la vida que abandonaron en marzo de 2020. Después de machacar por meses con que la salud estaba por encima de la economía, terminar poniendo a la política (o a los amigos de la política) por encima de la salud es un golpe a la moral de una ciudadanía agotada por el encierro y las restricciones.
El manual de comunicación política dice que la gestión de la crisis debe demostrar rapidez de reflejos para cortar el origen. Sin embargo, en el peronismo no existen más manuales que los de la praxis de la lealtad: no importa de qué se acuse al funcionario, siempre será salvado por los pares.
La decisión de remover al ministro cuestionado es una anomalía en la historia del peronismo, para el que la corrupción es un rasgo menor no pasible de sanciones. Quizás por eso, ante la atípica y desproporcionada decisión presidencial (más común entre los culposos y timoratos radicales), la oposición siente cómo salpica la sangrante herida.
Despedir al funcionario acusado no resuelve el problema de fondo, que es haber dirigido un lote nada despreciable de vacunas a personas que no cumplen los criterios objetivos para recibirlas. Peor aún, en un contexto en el que no abundan. Los que defienden la maniobra son como los guardias del Titanic manteniendo a la tercera clase encerrada en el piso inferior para que los privilegiados se suban a los barcos salvavidas.
Después de dos meses tratando de generar confianza respecto a la vacunación, el gobierno respiró aliviado cuando aparecieron los papeles. Ahora la ciudadanía desconfía del operativo, convencida de que los privilegios de algunos la alejarán de la única alternativa para inmunizarse ante el virus que se encargaron de fogonear para aislar a la población. Otra vez la desconfianza en el accionar del gobierno termina minando la confianza en toda la gestión de lo público.
La obligación del Estado es resolver los problemas. Para eso existe. Para eso la gente paga impuestos. No se trata de sostener los privilegios de una casta, sino de olvidarse de proveerse de bienes escasos o colectivos porque alguien más se está preocupando por eso. Nadie pregunta adónde tiene que militar para recibirlo o si no hay ninguna irregularidad cuando lo llaman para otorgárselo, simplemente va a recibirlo. Violar ese entendimiento social básico es lo que el gobierno no puede resolver despidiendo a un ministro. Es mucho más profundo.
Por detrás de todo, además, se ve una interna que se va resolviendo en favor de los que iban a ser moderados por un presidente que ya no puede ni siquiera sostener a sus ministros más cercanos, por cuanto no falta tanto tiempo como para que Losardo y Guzmán cedan también esas carteras al puñado de ultras que no aflojan en su voluntad por hacer del Estado el brazo ejecutor de la voluntad de un puñado de sectarios.
La crisis golpea a un presidente que no tiene la cintura para moverse al ritmo de los embates y minimizar el impacto, así como tampoco tiene la fortaleza para recibir los golpes de lleno mientras guarda fuerzas para contraatacar cuando el rival se confía porque lo ve agotado.
Seguramente esto no derive en mucho más que lo que ha pasado hasta ahora, al menos en cuanto a las consecuencias para los involucrados. Sin embargo, en daño es más profundo que eso. La próxima batalla para la gran coalición panperonista es la de la suspensión de las PASO y la postergación de las generales. Parece muy difícil que lo logre sin que entre el común de los ciudadanos se despierte la sensación de que otra vez los guardias del Titanic los quieren convencer de las bondades de esperar a que drene, mientras el nivel del agua sigue subiendo.