Municipio estudia cambios en Servidores Urbanos y P. de Convivencia

En el Palacio 6 de Julio analizan introducir algunas variaciones en dos de sus principales programas: el de Servidores Urbanos y el de Promotores de Convivencia. En el primero, por la desconcentración operativa, en el segundo, por la descentralización de las funciones de inspectoría.

Por Felipe Osman

Si durante 2020 los programas municipales de Promotores de Convivencia y Servidores Urbanos fueron clave para el peronismo para mostrar que la gestión municipal no se detenía a pesar del profundo conflicto con el Suoem y de las graves dificultades planteadas por la pandemia, en el 2021 no perderán centralidad, aunque probablemente deban ser recalibrados para ajustarse mejor a los objetivos del año en curso.

La descentralización municipal, que constituyó el eje principal del discurso con el cual Martín Llaryora presentó su plan de gobierno en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante el año pasado quedó, en buena medida, postergada por la emergencia sanitaria durante gran parte del primer ejercicio de Hacemos por Córdoba al frente de la ciudad, aunque ahora, con la designación de Juan Domingo Viola al frente de la Secretaría de Participación Ciudadana, ha tomado un nuevo impulso.

Los CPC empiezan, paulatinamente, a ganar protagonismo en la gestión, y las modificaciones que el peronismo proyecta para el Régimen de Centros Vecinales irán en esa misma dirección, buscando convertir a cada Centro de Participación Comunal en una pieza fundamental dentro del sector de la ciudad que representa su área de influencia.

Ahora bien, para lograr propósitos tales como la desconcentración operativa, léase, la instalación de obradores en cada CPC, y la reconfiguración de los mecanismos de fiscalización a través de una descentralización de las funciones de inspectoría, el oficialismo estudia introducir algunas variaciones en los programas de Servidores Urbanos y Promotores de Convivencia.
En el primer caso, el peronismo analiza desde hace meses el desdoblamiento del programa. En un primer momento se pensó en crear un cuerpo de “Servidores Comunitarios” que, en rigor, no presentarían mayores diferencias con los Servidores Urbanos que la de estar específicamente destinados a volcar su fuerza de trabajo allí donde las autoridades de cada CPC lo indicaran. Esa primera idea permanece más o menos inalterada, sólo que el programa sería bautizado bajo el nombre de “Brigadas Vecinales”.

La disputa de fondo es quién tendrá el control del programa. Los “chalecos celestes” dependen de la Secretaría de Políticas Sociales, a cargo de Raúl La Cava. Lo que queda por verse es si los fondos para la creación de las brigadas barriales saldrán de esta cartera o de la que ahora administra Viola, y bajo el mando de cuál de ellas quedará.

Por otro lado, también está bajo estudio el impacto que las declaraciones vertidas por el concejal Diego Casado puedan haber generado sobre la marcha del programa y, más aún, cuales son realmente las probabilidades de que quienes trabajan como servidores urbanos puedan sindicalizarse, ya sea formalmente o, al menos, empezando a actuar cohesionadamente para presionar por mejores condiciones.
Esta semana habrá una reunión en la que se definirá el curso que tomará el programa de Brigadas Vecinales, seguramente con la idea de incluir algún anuncio al respecto en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que Llaryora tiene por delante.

En cuanto al programa de Promotores de Convivencia, distintos funcionarios del Palacio 6 de Julio confiesan que la iniciativa nunca terminó de cuajar, y un debate que nunca quedó estrictamente zanjado vuelve entonces a instalarse: ¿pueden o no los Promotores de Convivencia fungir como inspectores aplicando sanciones (multas) al constatar una falta?
Cuando el peronismo presentó el programa el Suoem salió al cruce apuntando que, en tanto no fueran personal municipal, los Promotores de Convivencia no podrían ser investidos de licencias de inspectoría para ejercer tales funciones. Debe recordarse que quienes revistan en este programa lo hacen como monotributistas.

Sin embargo desde la Asesoría Letrada del municipio señalaron lo contrario, entendiendo que no habría impedimento alguno para que, mediante una resolución de la Secretaría General, los letrados que integran el programa recibieran “chapas” y empezaran a desempeñarse como inspectores.

De momento el debate no ha quedado zanjado. Tanto es así que, a pesar de que ya hay Promotores de Convivencia trabajando en los CPC, muchas veces son los propios directores los que tiene que imponer sanciones ya que los promotores no están facultados para hacerlo.

Distintas fuentes del municipio apuntan que está bajo estudio la posibilidad de que los Promotores de Convivencia terminen incorporándose a los planteles de la Municipalidad como contratados, dejando atrás cualquier duda y dando una herramienta al peronismo para dar otro paso en el perfeccionamiento de la descentralización municipal, desconcentrando las funciones de inspectoría. Desde luego, el movimiento no estaría exento de los costos que implica ampliar los planteles del municipio.