Ganancias: oposición impulsa más cambios en el impuesto

En la mayoría de los países de la Ocde el tributo ni siquiera tiene un "piso" como sí lo registra en la Argentina. En aquellos que aplican un mínimo no imponible, representa alrededor del 23% del salario promedio. Negri quiere que se atienda la situación de los autónomos. Massa afirma que para ese segmento habrá una nueva iniciativa. El tratamiento sería en sesiones ordinarias.

El oficialismo presentó un proyecto para elevar el mínimo no imponible de Ganancias desde $75.000 a $150.000 para un trabajador soltero. Para un trabajador casado o con familia la suba sería, obviamente, proporcional. El objetivo es que menos gente esté alcanzada por el impuesto a las ganancias. Las estimaciones oficiales arrojan que con la modificación, 1,3 millones de personas dejarían de pagar el impuesto. La oposición anticipó su apoyo a la iniciativa pero los diputados de Juntos por el Cambio adelantaron también que propondrán modificaciones para que más contribuyentes queden exentos del pago del tributo. El tema se trataría ya en sesiones ordinarias, desde el 1 de marzo.

Desde hace varios años que el impuesto a las ganancias es pagado por personas con salarios formales cercanos al promedio. Por ejemplo, en el 2020 el mínimo no imponible para un trabajador soltero era de $55.000 cuando el salario promedio formal se ubicó en $62.000. Esto significa que el “piso” equivalía aproximadamente al 90% del salario promedio. Con el cambio propuesto pasará a ser de 180% del salario promedio.

Un trabajo de la consultora Idesa hace eje en cómo es el tratamiento del “piso” de ganancias en otros países. Tomando los 36 países de la OCDE, que engloba a los países desarrollados más algunos en vías de desarrollo, se observa que: en 25 (70% del total), no se aplica “piso”, se considera todo el salario o los ingresos de la persona para el cálculo del impuesto. En nueve países (25% del global) usan un mínimo no imponible pero representa apenas un 23% del salario promedio. En dos nacionales se aplica un “piso” equivalente al salario promedio.

Estos datos muestran que entre países mejor organizados que Argentina prevalece la estrategia de no aplicar pisos o hacerlo a niveles relativamente bajos respecto al salario promedio. También es común que se apliquen, como en Argentina, deducciones especiales (por cónyuge, hijos y otros gastos, como educación, salud, etc.) pero se entiende que la gente debe tributar por la totalidad o casi la totalidad de sus ingresos. Sobre ese monto la mayoría de los países aplican alícuotas que crecen con el nivel de ingreso. Esto responde a la lógica de la tributación progresiva en el entendido de que una sociedad con equidad grava más a medida que sube el ingreso de las personas.

La comparación con la Argentina desnuda una gran contradicción, según Idesa. Por un lado, hay un amplio consenso de que el Estado debe estar presente para garantizar equidad. Por el otro, se rechaza el principal tributo que contribuye a la equidad, que es el impuesto a los ingresos. Para la consultora hay “robustos acuerdos en torno a ideas contradictorias”: se declama que el Estado tiene que intervenir para promover la igualdad, pero se rechaza Ganancias. “Esto fuerza al Estado a financiarse con emisión monetaria y/o impuestos regresivos y distorsivos, es decir, impuestos generadores de desigualdad social”, dice el reporte.

En el caso de los jubilados, el proyecto de Sergio Massa sigue el criterio instrumentado en 2017, que dispone que el piso sea móvil y equivalente a una cierta cantidad de veces el haber mínimo: la referencia se eleva de seis a ocho jubilaciones mínimas, por lo que en marzo esto arrojará una suma superior a los $160.000.

Mario Negri, presidente del Interbloque de Diputados, ya adelantó que propondrán una serie de modificaciones al proyecto. Por un lado, insistirán con incluir a los autónomos al beneficio, ya que pagan Ganancias desde montos más bajos que los asalariados. Al respecto, Massa prometió un proyecto de ley aparte para atender a este sector.

Por otra parte, la oposición sugerirá que la actualización del nuevo piso sea semestral no anual y que la variable a aplicar no sea el Ripte sino el índice de precios al consumidor (IPC) para que los montos no queden licuados por el alza inflacionaria.