Sólo tres provincias dependen en menos del 50% de giros nacionales

En el caso de Córdoba, ese nivel al primer semestre del año pasado, alcanza el 63,2%. En cuatro distritos - Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca- ese nivel alcanza el 90%. Los datos reflejan que la organización del federalismo fiscal requiere modificaciones.

Solo en tres provincias del país –incluyendo la Ciudad de Buenos Aires (Caba) son Chubut y Neuquén las otras- las transferencias nacionales (incluyendo coparticipación y giros discrecionales) no supera el 50% de los ingresos totales. En el caso de Córdoba, ese nivel al primer semestre del año pasado alcanza el 63,2%. En cuatro distritos – Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca- ese nivel alcanza el 90%. Los datos reflejan que la organización del federalismo fiscal requiere modificaciones.

Un trabajo del Ieral, del economista Marcelo Capello, califica a esta situación de “ilusión fiscal”: como los ciudadanos pagan con sus impuestos sólo una porción minoritaria del gasto de sus gobiernos provinciales, votan propuestas que “prometen alto gasto y empleo público”.  Además de los problemas de sustentabilidad fiscal que puede acarrear, buena parte de las transferencias recibidas se utilizan para “contratar empleo público, más allá de lo que sus funciones justifican”.

El reporte indica que las provincias más favorecidas por las transferencias suelen contar hasta tres veces la cantidad de empleo público per cápita que exhiben las jurisdicciones menos favorecidas. Luego, las provincias con exceso de personal o de gasto en personal suelen “desatender la inversión en infraestructura”, que les ayudaría a desarrollar sus economías y mejorar el bienestar de sus poblaciones.

En el primer semestre de 2020, Chubut derivó el 84% de sus recursos corrientes al gasto en personal, con problemas para cumplir con los pagos y escaso margen para gastar en otra cosa. La provincia hace más de dos años que afronta graves problemas económico-financieros.

Para el Ieral el exceso de empleo público “dificulta y encarece la contratación de trabajadores por parte del sector privado, lo que desalienta las inversiones privadas, que se dirigirán a provincias con mejor relación entre productividad y salarios”. Pero, además, las inversiones privadas son desalentadas por la mala calidad institucional que suele caracterizar a las jurisdicciones en las que el sector público tiene un peso muy relevante y el privado es relegado, “pues suelen contar con escasa independencia en la justicia local, problemas para la libertad de expresión, escasa alternancia en el poder, entre otros inconvenientes”.

El trabajo define como rentistas a aquellas provincias que dependen en alta proporción de las transferencias nacionales y/o en que pesan mucho las actividades de extracción de petróleo, gas y minerales.

Para Capello una posible causa de la configuración del sistema de transferencias fiscales podría darse por la excesiva sobre-representación política de algunas provincias. En el Senado cada jurisdicción tiene igual cantidad de representantes, más allá del tamaño de su población, y en la Cámara de Diputados existe una cantidad mínima de legisladores por distrito. Así, las provincias menos pobladas y más sobre-representadas ayudan a diseñar un sistema de transferencias fiscales que las beneficia.

Las 13 provincias menos pobladas del país en el Senado pueden reunir una mayoría de votos (54%) y juegan un rol clave en la aprobación de leyes. Todas suman sólo 16% de la población y 17% de las exportaciones totales del país, pero explican un 24% del gasto consolidado de las provincias y 25% del empleo público provincial.

“Dada esta configuración, se podría esperar que en un país en que el sistema de coparticipación federal de impuestos induce mayor gasto y empleo público, y las más beneficiadas son las provincias menos pobladas (sean ricas o pobres)”, agrega. El punto es que podrían trabar reformas que no las beneficiarían inicialmente.

El informe sostiene que esta situación perjudica a jurisdicciones más modernas, productivas o exportadoras, como CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos e interior de Buenos Aires, pero quedan en minoría frente al resto, y ni siquiera conforman alianzas entre ellas en función de sus principales intereses.