La administración pública al servicio de la comunidad

En la actualidad, azotados por una pandemia que pone en riesgo la salud y la economía mundial, resulta un desafío enorme para las administraciones públicas de nuestro País, llevar a cabo un Buen Gobierno con las notas típicas señaladas.

Por Miguel Ángel Salvay *

La buena administración significa y se traduce, en una obligación inherente a los Poderes Públicos en cuya virtud el que hacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas fomentando la dignidad humana, creando condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y facilitando la participación social. Asimismo, se trata de un genuino y auténtico derecho fundamental a una buena Administración Pública con una correcta rendición de cuentas y manejo adecuado de las arcas públicas.

En la actualidad, azotados por una pandemia que pone en riesgo la salud y la economía mundial, resulta un desafío enorme para las administraciones públicas de nuestro País, llevar a cabo un Buen Gobierno con las notas típicas señaladas. Sobre todo en contextos económicos subdesarrollados, en donde el gasto publico debería estar direccionado a solucionar las cuestiones esenciales, urgentes y necesarias para la satisfacción del interés general. Frente a semejante panorama y aun si no existiese el mismo, la administración de fondos públicos no debe convertirse en un medio de desvió de las arcas para fines personales, direccionados o inescrupulosos.

La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, aprobada por el CLAD en 2013, estipula en su Preámbulo que los ciudadanos ya no son sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos; sino que son protagonistas principales de los asuntos de interés general. Así disponen de una serie de derechos, siendo el fundamental el derecho a una buena Administración Pública, a una Administración Pública que promueva la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural. En efecto, la Administración Pública, en sus diferentes dimensiones territoriales y funcionales, debe estar al servicio de las personas atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente con calidad y calidez.

La Administración Pública tiene una directa responsabilidad en el equilibrio entre los derechos individuales -cuyo ejercicio debe proteger- y las necesidades de la sociedad en su conjunto, ya que se trata de un ámbito en el cual bien individual e interés general aparecen opuestos en más de una ocasión. Con ese panorama, el vínculo entre el bien común y el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales surge de una visión integradora, en la medida que la autoridad pública —en su carácter de custodia y promotora de aquel bien— tiene la obligación de hacer efectiva la vigencia de aquéllos. Sin perjuicio de ello, el interés general/interés público no es ilimitado. El respeto a la intimidad, a la propiedad privada, la integridad de las personas, consagrados en los art. 17 y 19 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales respectivos, marca un límite a la Organización Administrativa frente a la invocación del Interés General. Los derechos fundamentales del hombre en su faz privada que no ofendan a terceros, están exentos del Interés General.

Respetar y garantizar el interés público, se traduce en actuar con eficacia por parte de los funcionarios y agentes/integrantes de la administración, optimizando los resultados en relación con los recursos disponibles, realizando además una utilización prudencial y adecuada del gasto público. Caso contrario se iría en contra del interés general, perseguido por los ciudadanos de la comunidad al depositar su voluntad en quien dirige la organización. Sí, cuidar el dinero depositado por los ciudadanos que fue recaudado por el Gobierno como organización, es uno de los intereses más triviales de la sociedad.

Por otra parte, considero oportuno perseguir un cambio en el paradigma legal y judicial respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos que dirigen y que tiene competencia en las organizaciones administrativas de nuestro País. Un paradigma donde no se amparen situaciones injustas, delictivas e irrazonables bajo el rostro del propio Interés General. Donde no se permitan funcionarios ineptos, inexpertos o con intenciones direccionadas. Debe separarse taxativamente la responsabilidad Penal y Civil de los Funcionarios Públicos de la Organización Administrativa. Es inexcusable e inverosímil que la administración pública como organización representativa de la comunidad, deba responder por las conductas de quienes la dirigen. No debe apararse el uso irracional de los poderes públicos y la “política espuria” en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. Debe pregonarse el derecho fundamental de las personas a la buena administración pública y la protección administrativa y jurisdiccional de sus derechos.

En conclusión, son los ciudadanos los titulares de los derechos fundamentales que se desenvuelven en las organizaciones administrativas, cuyo significado consiste en que los asuntos de naturaleza pública/administrativa sean tratados con transparencia, equidad, celeridad, imparcialidad y justicia. Resultando fundamental una organización administrativa al servicio de la comunidad atendiendo la necesidad pública en forma permanente con eficacia y garantizando el goce y ejercicio de los derechos existenciales del hombre.

*Abogado Miguel Ángel Salvay, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Maestrando en Derecho Administrativo UNC, Asesor en Derecho Público, litigante.