Falló oferta por la unidad y crece la batalla legal en UCR

El oficialismo ofreció que Antonio Hernández presida el Comité Central. Sumar no aceptó. Lidian con artículos e incisos.

Por Alejandro Moreno

“Antonio María Hernández, presidente del Comité Central” fue la última propuesta que la alianza Convergencia (Ramón Mestre, Mario Negri, Dante Rossi y Sergio Piguillem) ofreció ayer a la Liga Sumar (Rodrigo de Loredo, Javier Fabre, Javier Bee Sellares y Marcos Ferrer) para bajar la interna del 14 de marzo con una lista de unidad. Los opositores la rechazaron por tardía y ratificaron su voluntad de medir la musculatura electoral de cada uno. Mientras tanto, hay más complicaciones en la batalla que se libra en los escritorios, porque la Mesa del Congreso (con mayoría de Sumar) anuló la reciente resolución de la Junta Electoral (con mayoría de Convergencia) que determinaba los requisitos burocráticos para la presentación de las listas.

Hernández es un reconocido constitucionalista sobre el que no hay reproches en el radicalismo. Fue presidente del Comité Capital, diputado nacional, constituyente nacional y provincial, y candidato a vicepresidente de la Nación secundando a Horacio Massaccesi en el difícil 1995. El plan de Convergencia era que el nombre de Hernández alcanzara para calmar el ímpetu de los sumandos, pero éstos insisten con el planteo que el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, hiciera en su momento a los fugaces encargados de la diplomacia interna: la UCR necesita una renovación, y a ese cambio lo representan ellos.

Frustrado el intento, que habría sido el último, Convergencia no llevará de candidato a presidente a Hernández; si hay internas, los oficialistas buscarán un nombre más competitivo en las arenas electorales. Negri -probablemente sobre quien pesa la mayor responsabilidad de colocar al candidato porque Mestre tendrá a su hermano Diego al frente de la lista capitalina- insiste con Marcos Carasso, el intendente de General Cabrera, un dirigente de su estrecha confianza.

La situación tensó más las relaciones en la Casa Radical. Los oficialistas acusan de irracionales a los opositores, y reciben como respuesta la imputación de que tratan de impedir la democracia partidaria.

Anoche se presentaron las alianzas electorales provinciales y departamentales, y el cronograma indica que hoy deben inscribirse las listas de candidatos, aunque podría haber una prórroga de 24 horas. Convergencia está formada por Confluencia (mestrismo), Morena (negrismo), Identidad Radical (alfonsinismo) y Asamblea Radical (alfonsinismo). Sumar, por Marea Radical (deloredismo), Línea Córdoba (angelocismo) y Consenso (ex mestristas).

Mientras tanto, la lucha se entabla en los escritorios, y las armas son los intersticios de las legislaciones partidarias y electorales.

La resolución del viernes pasado de la Junta Electoral, que los oficialistas consideran “transparente” y los opositores “tramposa”, fue anulada ayer por la Mesa del Congreso, donde la Liga Sumar tiene la mayoría.

La apelación fue presentada por el grupo Consenso, uno de los socios en Sumar, y está basada en que el artículo 20, inciso i, de la Carta Orgánica de la UCR establece como una de las atribuciones de la Mesa del Congreso “entender en los casos de apelación de las resoluciones de la Junta Electoral Partidaria, y del Comité Central de la Provincia en las cuestiones vinculadas con el reconocimiento de núcleos internos de afiliados”.

Los oficialistas de Convergencia protestan porque entienden que el inciso indica que la Mesa puede intervenir en casos relacionados con el reconocimiento de núcleos, por lo que no correspondería en esta situación. Para razonarlo así, pasan por alto la coma de ese párrafo, que claramente delimita dos enunciados: 1) la Mesa es la alzada de la Junta Electoral; 2) puede serlo también de las resoluciones del Comité Central cuando se trata del reconocimiento de los núcleos internos.

El choque de bibliotecas continuará en la Justicia Federal, donde el juez Ricardo Bustos Fierro debe tomarse la cabeza cada vez que los radicales comienzan a discutir sus asuntos; sabe que le llegará trabajo.

Los oficialistas sacan a relucir el artículo 32 de la ley nacional 23.298, la Orgánica de los Partidos Políticos, donde se establece que “las decisiones que adopten las Juntas Electorales (…) serán susceptibles de apelación (…) ante el juez federal con competencia electoral correspondiente”.

La ley dice que una resolución como la que se discute puede ser apelada ante el juez. Seguramente los apoderados de Convergencia, en las próximas horas, basados en que la ley nacional está por encima de la Carta Orgánica, irán a la Justicia a pedir la nulidad de la decisión de la Mesa del Congreso, para ratificar la resolución de la Junta Electoral. A su vez, los apoderados de la Línea Córdoba, otro socio en Sumar, fueron también a la Justicia, pero a pedir la nulidad de la resolución oficialista. Un embrollo que cada día suma más complicaciones.

Montoya

El tiempo se acorta y el ex diputado nacional Fernando Montoya hizo pública ayer una carta a los radicales, en la cual se pone “a disposición” para encabezar una lista de unidad que reúna a todos los núcleos internos. El nombre de Montoya ha sido uno de los que circuló como posible prenda amistosa, en razón de que él mismo jura que no buscará el cargo partidario para una futura postulación electiva.

“Los radicales nos hemos acostumbrados a interpelarnos permanentemente sobre qué cosas nos hacen diferentes, en vez de preguntarnos qué cosas nos unen. Hemos desestimado la búsqueda del consenso a partir de la persuasión entre nosotros”, escribió.