Extraño caso de la Coopi: kirchnerismo se opone a una estatización

La villa serrana es un verdadero enclave turístico nacional y sus intendentes suelen tener ambiciones que exceden el ejido urbano, una característica que los motiva a tener bajo control los diferentes servicios públicos.

Por Pablo Esteban Dávila

El presidente Alberto Fernández se reunió la semana pasada con representantes de la Cooperativa Integral de Servicios Públicos de Villa Carlos Paz (Coopi). Al final del encuentro posteó en su cuenta de Twitter: “Ayer recibí a representantes y trabajadores de @La_Coopi. Me preocupa la situación que enfrentan. Confío en que junto al gobierno municipal y provincial encuentren una solución (…)”.

Dejando de lado el aspecto subjetivo de su preocupación -el señor Fernández puede interesarse sobre lo que desee- es lícito, sin embargo, preguntarse si este asunto, tan local y, como veremos, ya resulto, requiere de la intervención pública del primer mandatario y la referida filípica hacia Juan Schiaretti y Daniel Gómez Gesteira, el intendente de Carlos Paz.

La Coopi era la prestadora del servicio de agua potable en la villa serrana desde hacía 54 años. En 2016, el entonces intendente Esteban Avilés anunció la estatización del servicio aduciendo que desde el 2012 la Cooperativa Integral estaba “en una situación de precariedad con la prestación” y que el municipio reasumiría su potestad en tanto poder concedente. La medida la tomó por decreto tras fracasar en el Concejo Deliberante un proyecto para convocar a un referéndum popular sobre la cuestión que él mismo había impulsado.

Vale recordar que una concesión de un servicio público significa que el poder concedente puede revocar su decisión al finalizar el contrato que lo une con su concesionario, sea este una empresa privada, una pública o, como el caso de marras, de una cooperativa. Puede no gustar, pero no hay mucho más que decir al respecto.

Avilés hizo precisamente esto, una política que continuó su sucesor. Pero la cooperativa se negó a entregar el servicio. Comenzó entonces un largo pleito judicial que atravesó todas las instancias posibles hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. En todas ellas el municipio obtuvo sentencias favorables hacia sus pretensiones. La resistencia de la Coopi fue derribada definitivamente cuando la Corte declaró “inadmisible” el recurso de amparo presentado para que se revisara el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que ya había reconocido los derechos municipales. Desde el punto de vista jurídico es caso se encuentra, en consecuencia, definitivamente cerrado.

¿Qué es lo que llevó, entonces, a esta cooperativa a librar una batalla que cualquier administrativista habría dado por perdida en el solo momento de iniciarla? Seguramente una cuestión ideológica. En muchos lugares de la provincia hay instituciones de este tipo que brindan servicios públicos de calidad a sus localidades. Algunas llegan a tener dimensiones económicas y financieras que compiten con las del municipio. Como ocurre en cualquier actividad humana, los intendentes suelen recelar del poder que aquellas adquieren a expensas de la propias autoridades constituidas. Sin embargo, la sangre casi nunca llega al río y la tensión, generalmente, forma parte del folclore político de tierra adentro.

Pero en Carlos Paz las cosas se plantearon de forma diferente. La villa serrana es un verdadero enclave turístico nacional y sus intendentes suelen tener ambiciones que exceden el ejido urbano, una característica que los motiva a tener bajo control los diferentes servicios públicos. Una prestación deficiente, o la falta de inversión en nuevas redes podría dañar tanto su imagen como la de la ciudad que administran. Además, la Coopi siempre tuvo fama de ser un enclave izquierdista y muchos de sus dirigentes no ocultan sus simpatías hacia el kirchnerismo, un punto que, se presume, tampoco colabora hacia la concordia con el municipio.

Consistentemente, el senador Carlos Caserio, hombre fuerte del presidente en Córdoba, ha dejado en claro en que orilla se encuentra. Días atrás escribió en su cuenta de Twitter que “la gestión municipal debe frenar el hostigamiento sin sentido y escuchar a la sociedad de Carlos Paz” apelando a las autoridades provinciales, para que “no se hagan responsables por inacción, de un grupo de dirigentes y funcionarios insensatos”, en referencia a Gómez Gesteiras y Avilés, su jefe político. No se sabe que hará exactamente el gobernador ante este reclamo pero, para ser justos, no parece muy convencido a intervenir en un conflicto en donde la justicia ya ha dado su veredicto y por más que se lo exija el presidente o uno de sus senadores.

Resulta extraño, asimismo, que profesando este tipo de ideas los dirigentes de la cooperativa se opongan a la estatización del agua potable. Es seguro que, en lo personal, habrán aplaudido en su hora la nacionalización de Aerolíneas o de YPF, y festejado la creación de la estatal AYSA en reemplazo de la francesa Aguas Argentinas en la ciudad de Buenos Aires. No se comprende, entonces, la resistencia que mantienen ante lo que, en rigor, se trata de la recuperación de un servicio de clara incumbencia municipal y que evoca prácticas similares de Néstor y Cristina Kirchner, largamente festejadas por la progresía nacional y popular.

Tampoco puede dejar de notarse, entre los activistas pro-cooperativa, la presencia de los representantes del Sindicato Provincial de Obras Sanitarias (Sipos), quizá los más combativos en este trance. El Sipos constituía, junto con Luz y Fuerza y el SEP, el tridente ofensivo del gremialismo estatal en los años ´80 y principios de los ’90. Su poder se basaba en controlar, de facto, el manejo operativo de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias – EPOS, la antigua prestataria en la ciudad de Córdoba.

Como EPOS era un auténtico modelo de desinversión y pésimo servicio, su privatización fue recibida con júbilo por buena parte de la población. Su sucesora, Aguas Cordobesas, se mantiene hasta la actualidad y con buena imagen entre sus usuarios, pero el Sipos no sobrevivió a aquella transición. Su estrella fue apagándose inexorablemente, por lo que es comprensible que defienda con uñas y dientes la tozudez de la Coopi. Sólo Luis Juez, como candidato a gobernador en 2011, tomó muchas de sus ideas -fatalmente anacrónicas- para su plataforma electoral en aquel año. No es un secreto que el actual diputado del macrismo prefiere rodearse de sindicalistas estatistas para sus think tanks.

¿Tuvo aquella influencia del Sipos sobre Juez algo que ver con el quiebre del oficialismo carlospacense cuando, cuatro años atrás, el bloque que le respondía a Avilés se partió precisamente por la cuestión del referéndum contra la Coopi? En las crónicas de la época es posible encontrar que fue el Frente Cívico, por entonces miembro de la coalición que lo había llevado a la intendencia, el responsable de aquella ruptura. La lealtad política, como se sabe, no es una de las fortalezas del juecismo.