Descentralización municipal, 2da etapa: Áreas de Fiscalización

Con la desconcentración de las Áreas Operativas en marcha, en el Palacio 6 de Julio buscan reactivar un plan para descentralizar la fiscalización. En el proyecto tendrían parte los Promotores de Convivencia y la Secretaría de Participación Ciudadana.

Por Felipe Osman

El peronismo se tiene fe. Tras un primer año en el que logró imponer buena parte de sus iniciativas a un Suoem que trastabilló, no sólo destina sus energías a impulsar la desconcentración de las Áreas Operativas como primer paso para avanzar en una profundización de la descentralización iniciada décadas atrás por Rubén Américo Martí, sino que además se siente con restó para pensar en el próximo paso: la desconcentración de las Áreas de Fiscalización.

No se trata, en rigor, de un nuevo proyecto, sino más bien del avance en la implementación de un programa que el peronismo ya había diagramado varios meses atrás y que buscará cambiar ostensiblemente los mecanismos de fiscalización y control, volviéndolos más ágiles y seguros, separando los procesos en “exclusas”, e impidiendo que el control y la sanción queden a cargo de un mismo departamento.

Los detalles del proyecto -que empezó a tomar impulso en el segundo semestre del año pasado y que luego fue postergado, probablemente, por las tensiones por el sindicato- se desconocen. Los trazos gruesos, aún de manera fragmentaria, fueron glosados por Alfil en su edición del 6 de septiembre de 2020.

A modo de recordatorio puede decirse que el programa -cuyo diseño estuvo a cargo de una consultora contratada por el Palacio Municipal- prevé profundos cambios en los mecanismos de habilitación y control de negocios, transformaciones que irían más allá de la Subsecretaría de Fiscalización y Control y las direcciones de Habilitaciones y Espectáculos Públicos, y podrían incluso trasponer los límites de la Secretaría de Gobierno.

La intención sería resumir los tortuosos procesos que los privados deben atravesar para requerir la habilitación de un local, agilizar los mecanismos de control y crear procedimientos más seguros que no den lugar a “negocios” por parte de quienes detentan las facultades de control.

En su momento, cuando trascendieron los primeros trazos del proyecto, se descontó que generaría una amplia resistencia del Suoem, no sólo porque conllevaría el cambio de funciones de buena parte de los empleados municipales que revistan en las Áreas de Fiscalización y Control, sino también porque el propio sindicato vería reducido su poder de presión al transparentarse los procesos de contralor, perdiendo al menos parte de la discrecionalidad con la que actualmente cuenta para manejarlos. Pero ahora habría una variante.

Los directores de los diferentes Centros de Participación Comunal ya han recibido instrucciones para buscar en sus instalaciones un lugar físico en el que montar oficinas en las que trabajaran promotores de convivencia que serán asignados a cada CPC para colaborar en la implementación de estos cambios y -muy probablemente- oficiar como inspectores.

Tanto es así, que el propio sindicato protestó cuando el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 13.014, que creó el Programa de Promotores de Convivencia, ya que la norma les otorga facultades para “realizar inspecciones, verificaciones, emplazamientos y constataciones relativas a presuntas infracciones al Código de Convivencia” y “Ejercer las demás funciones que le asignen otras disposiciones normativas o reglamentarias”, dejando la posibilidad abierta a que estos funcionarios sean investidos con licencias de inspectoría.

En suma, el segundo paso que el peronismo evalúa dar en aras a profundizar la descentralización municipal tiene mucho que ver con el primero: así como los Servidores Urbanos prometen ser la espina dorsal del proyecto de desconcentración operativa, el programa de Promotores de Convivencia bien podría terminar siendo la piedra angular sobre la que se construya la desconcentración de las áreas de Fiscalización y Control.