Un juez federal le ordenó al Gobierno nacional que compense a las empresas de transporte de larga distancia por el déficit de $27.000 millones que acumulan desde 2016, luego de que dejaron de recibir subsidios. El magistrado estableció que se haga mediante el mecanismo que el Poder Ejecutivo crea más conveniente y le dio un plazo de 10 días.
El dictamen se conoce a horas de que el Ministerio de Transporte de la Nación dejara sin subsidios a las líneas del sistema interurbano de Córdoba que prestan servicio con recorrido de más de 60 kilómetros. Son 320 ómnibus que hasta diciembre pasado percibían $80 mil de fondos nacionales. La Fetap indicó que quedan involucrados alrededor de 1.100 trabajadores. Tampoco la Provincia aumentó los recursos que les otorga.
Las empresas, poco antes de volver a funcionar después de estar inactivas toda la cuarentena, habían reclamado más asistencia estatal porque el volumen de pasajeros sigue caído. En el caso de los larga distancia nacionales, hay estimaciones de que la caída de venta de tickets ronda el 80% en relación a un año atrás.
La decisión es del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Correa, quien hizo lugar al pedido de una veintena de empresas de micros de larga distancia y dejó sin efecto una resolución del Ministerio de Transporte durante la gestión de Mauricio Macri que había revocado los subsidios que las compañías recibían desde 2013 tanto para los pasajeros como para los empleados.
La resolución -que Correa dictó el 26 de enero durante la feria judicial- establece que los subsidios fueron revocados sin cumplir con el procedimiento legal. “En efecto, el Ministerio demandado estaba obligado a realizar un informe y/o un estudio en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”, y que al no hacerlo “actuó de modo irrazonable, toda vez que no realizó un relevamiento del servicio para adecuar de modo progresivo el servicio público –sin afectar los puestos de trabajo y a los consumidores–”.
También dictó una medida cautelar –es provisoria y resta que resuelva el planteo de fondo– en la que le dio 10 días al Ministerio de Transporte, a cargo de Mario Meoni, para que “establezca el mecanismo compensatorio que considere más conveniente para equilibrar de manera eficiente y eficaz el déficit económico”. El gobierno de Alberto Fernández puede apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
En 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el entonces Ministerio de Interior y Transporte dictó la Resolución 513 que fijaba compensaciones tarifarias según la demanda de usuarios y por trabajadores. Cuatro años después, en la gestión de Macri se eliminaron los subsidios con la Resolución 53-E/2017. Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario concluyó que “los costos del servicio se encuentran cubiertos”.
Por otro lado, el Gobierno nacional formalizó el otorgamiento de $ 20.000 millones a todas las provincias del país, a distribuirse durante todo 2021, con el principal objetivo de asistir al servicio de transporte automotor de pasajeros, a través de la resolución 29/2021 del Ministerio de Transporte, publicada ayer en el Boletín Oficial. La cifra representa un aumento del 20% en relación al 2020.
La resolución precisa que del total a otorgarse, el Gobierno transferirá durante enero, febrero y marzo el primer desembolso económico por $ 6.000 millones, distribuido entre las provincias.
A su vez, para acceder a la asistencia económica, cada provincia deberá firmar un nuevo convenio con Transporte, en el que se comprometen a continuar transfiriendo los montos a cada una de las empresas de su jurisdicción y obligatoriamente deberán informar las bajas de empresas y servicios, ramales, líneas, frecuencias, y las novedades vinculadas al personal de los trabajadores, parque móvil, kilómetros recorridos de los servicios, entre los principales requerimientos.
En 2020, el Estado nacional, a través de la cartera de Transporte, casi que triplicó ese monto logrando una asistencia económica de $ 16.500 millones.
