La autonomía municipal en pandemia

Por Miguel Ángel Salvay[i]*

El año 2020 será seguramente un hito en la historia de la humanidad. El COVID19 se transformó en una pandemia con una escala global inimaginable. Por su puesto gran causa de esto, es producto de la “aldea global” en la que vivimos y que hemos forjado a partir del crecimiento exponencial del turismo, el comercio y las tecnologías de  la información y la comunicación (TIC).

En este contexto los gobiernos del mundo han adoptado medidas a partir de sus soberanías, siguiendo las sugerencias de una organización Mundial. Y en consecuencia, producto de la latente pandemia,  del avance inconciliable de la misma, y de las medidas adoptadas en pos de proteger la salud de la comunidad, se han franqueado en muchas ocasiones las barreas de los defensores de las libertades del hombre.

Resulta transcendente señalas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2020 del 20 de Abril, haya instado especialmente a los Estados a evitar, en cuanto fuera posible, que la situación de excepción afecte en la preservación de los derechos económicos, sociales y culturales y, particularmente, a obtenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejerció de los derechos y libertades del hombre.

Nuestro País no es la excepción, y en el ámbito de la Provincia de Córdoba, en el marco de la emergencia declarada mediante Ley 10.690, mediante la Resolución N° 311 emitida por el Ministro de Salud Provincial se creó el Centro de Operación de Emergencias (COE). En los fundamente de la citada Resolución  Ministerial se estableció, que el mismo debe actuar en forma interdisciplinaria con Instituciones Nacional, Provinciales y Municipales. Paralelamente a ello, mediante la Ley 10.702 se estableció una seria de sanciones a quienes incumplan con los protocolos dispuestos por el COE.

Estas normas y Resoluciones Provinciales podrían encontrarse justificadas, debido a los fines federales y provinciales que se persiguen. Si bien es cierto que la Provincia de Córdoba en su Constitución debe realizar acciones tendientes a proteger la Salud de la Comunidad; pero, por otro lado y ante todo, debe respectarse la Autonomía Municipal consagrada en nuestra Constitución Nacional y Provincial. Los Municipios son independientes de cualquier otro poder en el ejercicio de sus atribuciones (artículo 186 de la Constitución de la Provincia de Córdoba).

Recordemos que la Argentina adoptó una forma de Estado Federal con base municipal. La reforma constitucional del año 1994 aclaró expresamente en el artículo 123 C.N. que el régimen municipal al que se refería el art. 5 C.N. no es cualquier régimen, sino el del Municipio Autónomo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo, desde hace muchos años, los Municipios son “organismos de gobierno de carácter esencial” (C.S.J.N. Fallos 154:25) y les ha reconocido una “misión fundamental dentro de las instituciones políticas de la República” (C.S.J.N. Fallos 210:1153). La Constitución Argentina, por imperio de los articulos 121 y 122 estableció que las Provincias deben asegurar la Autonomía Municipal reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

El reconocimiento constitucional de la autonomía municipal consagrado en el artículo 180 de la Constitución Provincial, implica el reconocimiento de potestades normativas extensas en relación a competencias materiales propias, que se hacen efectivas sobre las personas o las cosas que conforman su riqueza local, disponiendo en relación a estas últimas su distribución en el modo y alcance que estimen oportuno, sin más limitación que la que surge del propio texto constitucional. En este marco, cabe precisar que las facultades de los Municipios son amplias, y el criterio de oportunidad, mérito y conveniencia con que se materializa su ejercicio no resulta revisable por el Poder Judicial.

Por todo ello, consideró oportuno y necesario una concertación constante, oportuna y adecuada entre este Organismo Provincial (COE) y Municipios de la Provincia – según las necesidades locales-, bajo riesgo que la autonomía Municipal consagrada constitucionalmente ponga en jaque a los criterios, limites, restricciones y/o autorizaciones emanadas del ente. De así producirse, se pondría en duda la constitucionalidad de la creación y de las decisiones del Centro De Operaciones de Emergencias Provincial.

 

[i] *Abogado Miguel Ángel Salvay, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Maestrando en Derecho Administrativo UNC, Asesor en Derecho Público, litigante.