Peligroso teorema de Mayans: la pandemia mata al derecho

Mayans expresa brutalmente una convicción recurrente entre los autoritarios, esto es, que las crisis deben ser enfrentadas con medidas excepcionales, que dejen de lado las molestias que supone el orden constitucional. Muchos dictadores han pensado igual.

Por Pablo Esteban Dávila

mayansLa calidad de las democracias se mide en las crisis, no en la bonanza. Cuando todo va bien, para los gobiernos es relativamente sencillo ser prudentes, razonables y cumplir con la ley. No sucede lo mismo cuando arrecian los problemas.

El desafío que supuso la pandemia demostró que este apriorismo es de constatación intuitiva. Luego de los primeros 30 días de cuarentena, durante los cuales la población colaboró decididamente con las medidas de excepción que se tomaron, se hizo evidente que tanto el gobierno nacional como los de muchas provincias comenzaban a adquirir derivas autoritarias y contrarias a la Constitución bajo el pretexto de la lucha contra el coronavirus.

Ejemplos sobran: desde las amenazas de represión a quienes circulaban por las calles hasta la construcción de auténticos muros físicos y legales en torno a ciertos límites provinciales. Desde finales de marzo del año pasado hasta bien avanzado noviembre muchos derechos constitucionales fueron conculcados sistemáticamente. Hasta se perdieron vidas por no poder pasar de una provincia a la otra, incluyendo padres que no pudieron despedir a sus hijos en agonía por no habérseles autorizado una visita humanitaria.

Epítome de aquella locura fue San Luis, que desobedeció órdenes judiciales de permitir la circulación desde otras jurisdicciones o que encapsulaba a los vehículos particulares en un único acceso para escoltarlos hacia Mendoza con móviles policiales, a modo de una caravana de leprosos. Por casi diez meses la Argentina se fragmentó en 24 países, cada uno con sus propias recetas para capear el temporal y sin preocuparse demasiado por la legalidad de los remedios que aplicaban. Al final, los resultados fueron iguales, sino peores, que los de aquellos países que optaron no confinar indefinidamente a sus poblaciones.

Pero es Formosa la que se lleva las palmas de los abusos. El gobernador Gildo Insfrán se propuso emular la epopeya de los republicanos españoles en Madrid, asegurando que el Covid-19 no pasaría las fronteras del distrito. Para ello estableció medidas draconianas y decididamente inconstitucionales que, amén de los perjuicios que les han causado a muchos formoseños, se han mostrado asimismo como violatorias de elementales derechos humanos.

Insfrán tabicó su provincia desde los primeros días de la cuarentena y no dudó en dejar afuera a los comprovincianos que, por diferentes motivos, se encontraban en otros lugares al declararse la cuarentena. Escenas de auténticos campamentos de refugiados en las inmediaciones de los puestos limítrofes emparentaron a Formosa con países en guerra civil o con migraciones forzadas por genocidios o hambrunas. Y, cuando el gobernador no tuvo más opción que permitir el ingreso, decidió llevar adelante una política de campos de concentración para forzar cuarentenas o encerrar a quienes se hubieran contagiado, incluyendo a sus contactos estrechos, en el confinamiento. Estos campos, camuflados semánticamente por el eufemismo “Centro de Aislamiento”, alcanzan el centenar. Huelga decir que muy pocas internaciones son realmente voluntarias; la mayoría son compelidas por la policía, de noche y sin órdenes judiciales.

El gobernador se defiende argumentando que esta política ha logrado que Formosa tenga muy pocos contagios (algo más de un millar, el número de infectados en un día en la Capital Federal) y que este éxito debería ser destacado y no controvertido, tal como ocurre en la actualidad. Pero esta posición equivale a justificar el sacrificio de las libertades individuales como el método más recomendable para establecer una profilaxis efectiva, algo que no puede ser aceptado por un Estado de Derecho.

Esta cuestión es planteada con particular crudeza por el senador José Mayans, el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Alta y representante de Formosa. “El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”, dictamina frente a las críticas que llueven sobre Insfrán. Al invertir la sentencia queda claro que, para el legislador, durante la pandemia el derecho deja de existir. Es un teorema peligroso.

Mayans expresa brutalmente una convicción recurrente entre los autoritarios, esto es, que las crisis deben ser enfrentadas con medidas excepcionales, que dejen de lado las molestias que supone el orden constitucional. Muchos dictadores han pensado igual. Hitler, Videla, Pol Pot, Chávez y un largo etcétera, tanto a derecha como a izquierda, han utilizado las crisis como arietes para dar rienda suelta a su propio poder, sin las limitaciones de las leyes y ni de las garantías individuales. Cuando pase el Covid-19 habrá otros motivos, seguramente, para seguir menoscabando las libertades personales, porque así piensan quienes creen que el Estado es más importante que la sociedad.

Siempre quedará el ejemplo de Winston Churchill para contradecirlos. En plena Guerra Mundial, su gobierno no clausuró el Parlamento ni desmanteló la legalidad. Si necesitó leyes especiales para hacer frente al esfuerzo bélico, estas fueron debatidas y aprobadas en los estamentos constitucionales correspondientes. En fechas recientes otros países, como Suecia y Alemania, optaron por enfrentar los desafíos del virus sin recurrir a dudosas estrategias autoritarias. Estas son democracias de calidad. Lamentablemente, la Argentina se enamoró de la emergencia y de las consiguientes posibilidades de gestionar los problemas a fuerza de garrote y amenazas, tal como sucede en la economía desde hace tanto tiempo.

Es natural, por lo tanto, que en la Casa Rosada no se perciban los sucesos formoseños como una afrenta a la legalidad sino como la materialización de lo que realmente le hubiera gustado hacer a Alberto Fernández de haber podido. Hubo muchas señales en este sentido. Recuérdese la declaración de guerra a los runners porteños o las avariciosas habilitaciones de actividades recreativas, esto sin contar las múltiples restricciones que, afortunadamente, muchos dejaron de tomar en serio cuando comenzaron a prorrogarse sin ton ni son.

¿Será este el motivo por el cual el Secretario de Derechos Humanos recién viajó ayer a Formosa? ¿Explicará esto el silencio de la siempre locuaz Victoria Donda, la titular del INADI? No en vano el presidente ha elogiado públicamente a Insfrán toda vez que ha podido, aun cuando ya se conocían los abusos de su gobierno. Cualquiera sea la explicación, es claro que el doble rasero sigue campeando en el Frente de Todos, siempre listo a hacerse el distraído cuando las sospechas de violaciones a derechos humanos (el latiguillo del kirchnerismo desde la invención del tema por parte de Néstor) recaen sobre uno de los suyos.