Por Guillermo Geremía
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-“¿Yo como madre de la persona que tienen detenida ahí quiero saber por qué se lo llevan detenido?”
-“Te dije recién que no lo he decidido aún”.
El jefe de la comisaría respondiéndole a la madre de un detenido -sin motivos aparentes- por la fuerza policial parece sacado de una comedia de enredos. Pero la inaceptable respuesta se hizo un audio viral en Vicuña Mackenna, localidad que está en debate el rol policial, desde que a fines de octubre de 2020 fue asesinado el cura párroco Juan Domingo “Coki” Vaudagna.
La respuesta dada por el Comisario Javier Miatello refiere a un nuevo episodio de violencia denunciado en la localidad distante a 100 km. al sur de Río Cuarto y dependiente de la Unidad Departamental con sede en la capital alterna de la provincia. Un jefe policial llevándose detenida a un persona sin tener en claro horas después por qué lo había metido preso no califica como un acción apegada a la legalidad y al respeto de los derechos ciudadanos.
El episodio que tomó estado público el pasado fin de semana se conoce en horas previas de una nueva movilización de los vecinos, esta vez para pedir por la libertad del único acusado por el crimen del sacerdote. “Es una causa armada por la policía y no tengo miedo de decirlo. Nos da mucha impotencia que estén manipulando la verdad”, aseguró desde la Unidad Penitenciaria, Guillermo Nicolás Arias, que insistió con su inocencia y reclamó que se investigue a los oficiales Alaniz y Montoya (este último ya retirado) que participaron en el inicio de la investigación policial por el violento homicidio del religioso.
El nuevo capítulo que motivó la insólita respuesta del actual jefe de la comisaría ocurrió cuando Tomás Doviso tuvo un inconveniente con su automóvil en la madrugada del 24 de diciembre pasado. La policía intentó retenerle el vehículo que estaba estacionado en una vereda y se terminó llevando al joven a la sede de la fuerza. Allí, ante la presencia de uno de sus hermanos y el padre, habrían protagonizado una discusión que terminó con los efectivos policiales golpeando a los tres integrantes de la familia Doviso. Esto quedó asentado en la denuncia ante la fiscalía de feria, según la presentación realizada en los primeros días de enero.
“El Ministerio de Seguridad tiene una posición clara y definida en torno a la actuación policial. En ese sentido, ante cualquier denuncia, se activan de inmediato todos los dispositivos legales para la investigación y esclarecimiento total de los hechos referidos y este caso no será la excepción”, se vio obligado a responder en un comunicado oficial, el Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. A esta altura de la circunstancias el integrante del gabinete de Schiaretti debe estar sobrepasado de tener que dar periódicamente respuesta en torno del accionar de integrantes de la fuerza.
Sobre llovido, mojado
Otro episodio de violencia institucional es un copioso aguacero tras la lluvia torrencial de cuestionamientos que ha despertado el incidente en donde un grupo de policías le propinó una golpiza de secuelas permanentes a un vecino de Río Segundo, que fue detenido en un control en Río Cuarto y llevado a la jefatura para ser interrogado.
Carlos Galíndez habría sido sometido a una brutal golpiza delante de su propia esposa. “Se pusieron violentos cuando mi marido se negó a firmar una declaración con espacios en blanco”, afirmó Jorgelina Bazán, quien fuera testigo de todo lo sucedido. Tras detenerlos por error trataron de justificar su mal proceder con una declaración por llenar y el remedio fue peor que la enfermedad. Galíndez terminó internado en Córdoba, 4 efectivos fueron apartados de la fuerza y se espera las imputaciones del fiscal Fernando Moine, de turno en la feria judicial.
“En caso de acreditarse apremios ilegales reclamamos para sus autores, se aplicarán las más severas y ejemplares condenas ante la deleznable actitud. El Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba prestan máxima colaboración para el total esclarecimiento del hecho, la identificación de los responsables y el ulterior juzgamiento de los aberrantes sucesos”, expresó en sus redes sociales el ministro Mosquera. La golpiza en el interior de la sede de la jefatura fue una ingrata bienvenida para el nuevo jefe. El comisario mayor Gustavo Della Mea lleva menos de dos meses como máxima autoridad de la Unidad Departamental. Reemplazó a Walter Huerta, el anterior jefe que se quedó sin respaldo político tras las marchas en Vicuña Mackenna por el crimen del sacerdote.
Prontuario
La fuerza policial, para las autoridades políticas locales y provinciales, es un verdadero “dolor de cabeza” desde hace por lo menos tres décadas. En 1987, seis trabajadores bancarios fueron masacrados en una sucursal del Banco Popular Financiero. El cabo Miguel Angel Salinas lideró la banda que provocó el más cruento hecho en la historia delictiva de la ciudad. 4 años después el niño Alejandro Flores desapareció en una tarde tormentosa de marzo.
Durante meses se lo buscó siguiendo las más insólitas hipótesis. Hasta que un policía reveló que lo había atropellado un móvil policial. Al denunciante lo echaron de la fuerza. Los restos del niño fueron hallados por casualidad en el 2008 y se terminó recalificando el delito que tenía como responsables a los policías Mario Gaumet y Gustavo Funes. La causa prescribió y no se los pudo juzgar. Pero la policía quedó como encubridora de ese episodio del cual este marzo se cumplen 30 años.
Más cercano en el tiempo, el accionar policial fue cuestionado por la investigación del crimen de Nora Dalmasso ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en la Villa Golf y que todavía continúa impune. Dos años después desapareció Nicolás Sabena. Su madre Rosa lidió desde un primer momento con los obstáculos interpuestos por efectivos de la Unidad Departamental. El policía investigador de la desaparición de Nicolás ahora está preso esperando ser juzgado por una causa ligada con el tráfico de drogas. Y hace pocas semanas fue condenada una mujer policía por haber facilitado información a la familia que fue juzgada y condenada por la desaparición de Nicolás.
Otro hecho de alto estrépito social vuelve a poner a la policía en el foco de discusión por sus usos y abusos. Un joven de 24 años imputado y un menor de 14 investigado como partícipe son para un sector amplio de la localidad de Vicuña Mackenna los “chivos expiatorios” de una necesidad policial de encontrar rápidamente a quien culpar por la muerte del cura párroco. Otra mancha más a un tigre que viene devorándose a muchos funcionarios políticos sin que la fuerza logre despertar la confianza que se requiere en la ciudadanía a la que debe servir. La política tampoco es ajena a este descrédito no habiendo sabido o querido cambiar la matriz de funcionamiento de una fuerza de más de 23.000 efectivos. Así son las cosas.
