El precio justo y razonable de los servicios públicos

Por Miguel Ángel Salvay1

La tarifa justa y razonable de los servicios públicos debe dejar de ser una mera expresión de deseo y convertirse en realidad. En todo el territorio nacional, existen innumerables prestadores de servicios públicos que engruesan tarifas a través de concepto o cargos tarifarios prohibidos o declarados ilegales. Más aun, cuando con motivo de la Pandemia que azota al mundo entero, de la cual nuestro país no se encuentra exento, la tarifa de los servicios públicos en muchas ocasiones aumenta a niveles irrisorios y simultáneamente  – con motivo de la inflación y la caída de la económica- el nivel económico de la población decrece. Paralelamente a semejante panorama, se debe o debería analizar la calidad y prestación de los mismos a la hora de determinar la tarifa a cobrar a los usuarios.

Si bien es cierto que el concesionario tiene el derecho subjetivo al mantenimiento del equilibrio económico financiero, este tampoco puede ser indiferente al régimen de emergencia económica-financiera que atraviesa nuestro país.

La definición de lo que significa una tarifa justa y razonable, es un tema complejo en el marco de los servicios públicos de la Argentina. Pero, escapar o alejarse de dicha precisiónpor parte del Poder encargado de fijarla y el órgano encargado de controlarla, podría ocasionar la violación y trasgresión de derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional.

No debe perderse de vista que dentro de las innumerablesconcepciones de servicio público este por lo general es tomado como una herramientaen miras de asegurar la prestación de un servicio esencial  – para satisfacer el interés público – bajo circunstancias o condiciones abiertas, continuas, regulares y sujetas a un control permanente de precio y calidad por parte de las autoridades estatales o los entes creados a tal efecto. Esta herramienta para que sea tomada como tal, en nuestro país requiere de la llamada “publicatio” por parte de Órgano Legislativo correspondiente.

En particular, la palabra tarifa tiene su fuente en la lengua árabe, ta´rij en su modo infinitivo, que proviene del verbo arrafa, el que refiere a informar, poner en conocimiento algo o publicar. (Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo, T.III, P. 178).

La definición más sencilla de tarifa es la que dice que “es el precio que usuario debe pagar por el servicio que recibe”. (Devoto)

Doctrina calificada en la temática, tiene establecido que para que las tarifas sean justas y razonables se debe haber ponderado no solo “la relación costo – precio y la expectativa rentabilidad del prestador”, sino también “las necesidades de los usuarios definidos de cara a la posibilidad efectiva de emplear dicho servicio” (Stinco, 2018).

Considero que cualquier decisión tarifaria en relación a un servicio público, no debe transformarse en una decisión política, sino en una determinación  técnica y económica, evaluando los parámetros de calidad, costo, forma de prestación, expectativa del usuario y nivel económico de la población. Nunca debe dejarse de lado el interés público a la hora de determinar la misma.

La tarifa debe cumplir en un rol social y ser un vehículo por medio del cual las autoridades respeten y garanticen la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.  Norma esta, que manda a las autoridades a proteger los intereses económicos, la información adecuada y veraz,  la libertad de elección, como también las condiciones de trato equitativo y digno de los consumidores y usuarios.

El estado debe proteger y fijar una tarifa razonable, evitando el enriquecimiento sin causa y que se sacrifique especialmente a un grupo en beneficio de otro. Ya sea si el servicio es prestado por la Administración o a través de un concesionario, debe siempre pregonarse el equilibrio entre estos y los usuarios (la población).

Básicamente la tarifa debe estar dentro de un marco de razonabilidad, donde debe existir un tratamiento justo para todas las partes involucradas, encontrando una relación razonable entre el precio y la prestación que se recibe; reitero,  teniendo en miras y en cuenta siempre al interés general de la población, debiendo ser cierta y publicada para todos.

Es decir, la autoridad al fijar las tarifas debe tener en cuenta el comportamiento de los consumidores y usuarios, su capacidad de pago, la utilidad del servicio, la demanda del mismo, sin descuidar a su vez que los oferentes recuperen sus costos, obtengan una rentabilidad razonable y que inviertan para asegurar la prestaciones futuras. No solo debe ponerse acento en los usuarios presentes, ya que las tarifas muy bajas, pueden perjudicar al abastecimiento futuro.

En conclusión, sea el modo mediante el cual se fije y establezca la tarifa de un servicio público en nuestro País, la misma debe ser fijada por la autoridad competente, de manera justa y razonable, pregonando el interés público de la localidad, evitando cargos ilegales y protegiendo siempre al consumidor y al usuario.

*Abogado Miguel Ángel Salvay, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, docentede la Universidad Nacional de Córdoba, Maestrando en Derecho Administrativo UNC, Asesor en Derecho Público, litigante.