La protesta transportista, el precio a pagar por no tener precios

¿Cuál es el precio que calmaría las inquietudes de estos huelguistas? Probablemente ni ellos lo sepan. O tal vez no se animan a plantearlo, porque temen que nadie los contrate.

Por Pablo Esteban Dávila

Desde el pasado sábado los denominados Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA) vienen protagonizando una medida de fuerza que amenaza con paralizar diferentes industrias y comercios en todo el país, pero que afecta principalmente a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Rios. La modalidad es la de un bloqueo selectivo: los huelguistas impiden el viaje de camiones de carga y dejan pasar al resto de los vehículos. Los acopiadores de granos son, probablemente, los más perjudicados. Fuentes del sector aseguran que de los 4000 camiones diarios que ingresaban a puerto antes del paro actualmente solo lo logran unos 150.

Dejando de lado la necesaria reflexión sobre la garantía constitucional del libre tránsito (tantas veces vapuleada en el país por piqueteros, lockouts o movimientos sociales de toda laya), la pregunta reside en porqué estos transportistas han decidido ganar la ruta y establecer su propia ley. Y aquí comienzan las sorpresas.

El principal agravio es la tarifa que perciben por sus servicios. Aducen, probablemente con razón, que aquellas no cubren los costos. Culpan a una compleja red de intermediación por esta situación. Como siempre, piden la intervención del Estado para poner las cosas en su lugar y, si es posible, una gran tarifa nacional que los emancipe de quienes lucran con sus pérdidas.

Están en su derecho de requerir esto y mucho más, pero es necesario hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, lo que perciben es un precio y no una tarifa. Las tarifas son valores fijados por el Estado para los servicios públicos, no para prestaciones entre privados. Aquí ya existe un ruido, al menos uno de tipo semántico. En segundo término, en una economía de mercado el precio es una función de la oferta y la demanda por lo que, si los precios son bajos, esto significa que hay más oferta que demanda y, viceversa, cuando son altos, es porque aquella resulta menor que esta. ¿Sugiere tal cosa que los transportistas cobran poco precisamente porque son muchos?

Esta sería la respuesta de manual, pero la Argentina hace tiempo que abandonó la senda de la libertad económica para fijar sus precios. Esto limita cualquier sentencia categórica. Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, todos los gobiernos (incluso el de Mauricio Macri) se empeñaron en complicar cada vez más el funcionamiento del mercado a través de regulaciones, subsidios, limitaciones técnicas o, como lo fue recientemente el caso del maíz, prohibiendo directamente las exportaciones. Esto hace que sea muy difícil asegurar, a ciencia cierta, cual es efectivamente el punto de equilibrio para cualquier proveedor de bienes o servicios. Jugando con las palabras, es el precio que se paga por no tenerlos.

Otro aspecto que a menudo se olvida, especialmente entre los economistas progres, es la inflación. Este fenómeno destruye la función que tienen los precios de orientar las decisiones que deben tomar los diferentes actores económicos, toda vez que dejan de reflejar costos y rentabilidad. Los transportistas, claramente, se cuentan entre los grandes damnificados, toda vez que sus insumos (combustible, cubiertas, lubricantes, entre otros) se encuentran directamente vinculados al dólar y sus fuertes oscilaciones. Vale recordar que el valor del dólar se encuentra íntimamente ligado al proceso inflacionario y que este no consecuencia sino del gasto público y de la consiguiente emisión de moneda espuria.

¿Cuál es el precio que calmaría las inquietudes de estos huelguistas? Probablemente ni ellos lo sepan. O tal vez no se animan a plantearlo, porque temen que nadie los contrate. Es tanta la desconfianza nacional hacia las leyes de la oferta y la demanda que algo tan básico como resulta la contraprestación por un servicio se torna una definición política. Es esta la razón por la cual piden que alguien, desde algún escritorio gubernamental, establezca cuanto es lo que deberían cobrar, que es lo mismo que establecer cuanto es lo que deberían ganar. En buen castizo, se espera que el gobierno garantice una renta.

Es algo muy bizarro, excepto porque buena parte de la economía argentina se comporta de la misma manera. Los productores de alimentos deben consentir precios cuidados o como quiera se llamen, los productores sufren cada tanto alguna restricción en el comercio exterior, las empresas de servicios públicos padecen con tarifas congeladas por criterios electorales e incluso las petroleras (YPF la más connotada) deben mendigar aumentos a la Secretaría de Energía todo el tiempo, con resultados azarosos.

Los más risible es que, en teoría, los precios son libres. Por ejemplo, la ley no dice que el gobierno debe fijar los precios de las naftas sino solo autorizarlos, esto es, tomar nota de ellos, un trámite que en otras épocas resultaba una simple una formalidad pero que ahora se ha convertido en una auténtica traba a libre empresa. Lo mismo sucede con el dólar. En teoría, el arbitraje de las divisas lo fija el Mercado Único y Libre de Cambios dentro del ámbito del Banco Central, pero nadie puede conseguir ni un solo al precio “libremente” pactado de 80 pesos, excepto a través de un complejísimo sistema que requiere de expertos en regulaciones y únicamente para ciertas actividades. Es un eufemismo absurdo para una economía manejada en forma absurda.

Y todo es así. Las empresas de transporte de pasajeros no pueden sobrevivir sin subsidios porque nadie se anima a decir “el pasaje cuesta tanto” y bancarse las protestas o la caída en la demanda. Si el gobierno quisiera que los más desfavorecidos viajaran barato, pues entonces debería subsidiarlos a ellos, no a los empresarios. Pero hacerlo con estos últimos siempre deja jugosos dividendos a todas involucradas con los subsidios, por lo que la rueda de ineficiencia y distorsiones sigue girando sin que nada mejore en forma estructural.

Los transportistas que por estas horas se dedican a complicar el trabajo de otros colegas tienen un único problema: que deben vérselas en una economía inviable, paralizada por la inflación, el intervencionismo estatal y por un mercado que de libre tiene solo el nombre. Esto entumece los músculos empresarios y debilita el instinto para los negocios, induciéndolos a pensar que solo el gobierno del Frente de Todos tiene la solución a sus pesares. No deja de ser una extraña paradoja suponer que quienes han inventado este orden de cosas a medio camino entre el capitalismo africano y la planificación centralizada al estilo de la Unión Soviética puedan arreglar los desquicios que ellos mismos han generado. Pedirle peras al olmo es un fracaso ya analizado desde antiguo.